Luego, el tribunal presidido por Daniel Adler (designado por la Procuración General de la Nación), brindará a Campagnoli la posibilidad de expresar sus "últimas palabras", tras lo cual pasará a deliberar para dictar el veredicto con el que absolverá o removerá al suspendido fiscal.
En la última audiencia, la del jueves pasado, en la terminó de recibir las declaraciones testimoniales, el Tribunal, a pedido de la defensa, dispuso que antes de los alegatos se procederá a "incorporar por lectura" un dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan y resoluciones de las jueces de instrucción María Gabriela Lanz y Wilma López.
El primer turno de los alegatos, cuyo inicio fue fijado para las 10, será para los fiscales Marcelo García Berro y Adolfo Villate, quienes pedirán la remoción de Campagnoli porque para ellos durante el "jury" se demostró el "mal desempeño" del suspendido funcionario.
El juicio a Campagnoli fue impulsado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en coincidencia con la postura de la Comisión Evaluadora del Ministerio Público Fiscal.
LA ACUSACIÓN.
Al suspendido fiscal se le atribuye "abuso de autoridadad" por haber modificado el objeto procesal de una causa, en la que el financista Federico Elaskar pasó de imputado por supuesta administración fraudulenta de una firma a presunta víctima de una extorsión.
La defensa de Campagnoli, integrada por los abogados Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray sostiene, en cambio, que el fiscal fue suspendido y soporta el juicio de remoción por haber investigado al empresario Lázaro Báez.
Pero los fiscales que cumplen con el rol de acusadores consideran que Campagnoli ni siquiera investigó la supuesta extorsión a Elaskar, sino que, siendo incompetente en razón de la materia, avanzó en una pesquisa por "lavado de dinero".
Aún luego de la declaración de incompetencia, Campagnoli habría realizado una investigación "paralela" a la de la causa que pasó al juez federal Sebastián Casanello.
Otro de los cargos contra Campagnoli es la divulgación de datos y documentación reservada que apareció en medios de comunicación, en tanto que, según el pedido de remoción de Gils Carbó, le negaba a los imputados el acceso a las actuaciones.
Un ex colaborador de Campagnoli, que declaró como testigo, contó además que el enjuiciado tenía en la fiscalía de Saavedra causas penales correspondientes a otras reparticiones del Ministerio Público.
Además de Adler, al Tribunal lo integranErnesto Kreplak (designado por el Poder Ejecutivo Nacional), Rodolfo Ojea Quintana (por el Senado Nacional), Juan Octavio Gauna (por la Corte Suprema de Justicia), Javier Panero y Adriana Donato (Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, respectivamente), y María Córdoba, por la Defensoría General de la Nación.
El debate oral y público, que comenzó hace una semana, se realiza en la Sala de Audiencias del Ministerio Público Fiscal, en avenida de Mayo al 700, de esta capital.
Luego, el tribunal presidido por Daniel Adler (designado por la Procuración General de la Nación), brindará a Campagnoli la posibilidad de expresar sus "últimas palabras", tras lo cual pasará a deliberar para dictar el veredicto con el que absolverá o removerá al suspendido fiscal.
En la última audiencia, la del jueves pasado, en la terminó de recibir las declaraciones testimoniales, el Tribunal, a pedido de la defensa, dispuso que antes de los alegatos se procederá a "incorporar por lectura" un dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan y resoluciones de las jueces de instrucción María Gabriela Lanz y Wilma López.
El primer turno de los alegatos, cuyo inicio fue fijado para las 10, será para los fiscales Marcelo García Berro y Adolfo Villate, quienes pedirán la remoción de Campagnoli porque para ellos durante el "jury" se demostró el "mal desempeño" del suspendido funcionario.
El juicio a Campagnoli fue impulsado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en coincidencia con la postura de la Comisión Evaluadora del Ministerio Público Fiscal.
LA ACUSACIÓN.
Al suspendido fiscal se le atribuye "abuso de autoridadad" por haber modificado el objeto procesal de una causa, en la que el financista Federico Elaskar pasó de imputado por supuesta administración fraudulenta de una firma a presunta víctima de una extorsión.
La defensa de Campagnoli, integrada por los abogados Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray sostiene, en cambio, que el fiscal fue suspendido y soporta el juicio de remoción por haber investigado al empresario Lázaro Báez.
Pero los fiscales que cumplen con el rol de acusadores consideran que Campagnoli ni siquiera investigó la supuesta extorsión a Elaskar, sino que, siendo incompetente en razón de la materia, avanzó en una pesquisa por "lavado de dinero".
Aún luego de la declaración de incompetencia, Campagnoli habría realizado una investigación "paralela" a la de la causa que pasó al juez federal Sebastián Casanello.
Otro de los cargos contra Campagnoli es la divulgación de datos y documentación reservada que apareció en medios de comunicación, en tanto que, según el pedido de remoción de Gils Carbó, le negaba a los imputados el acceso a las actuaciones.
Un ex colaborador de Campagnoli, que declaró como testigo, contó además que el enjuiciado tenía en la fiscalía de Saavedra causas penales correspondientes a otras reparticiones del Ministerio Público.
Además de Adler, al Tribunal lo integranErnesto Kreplak (designado por el Poder Ejecutivo Nacional), Rodolfo Ojea Quintana (por el Senado Nacional), Juan Octavio Gauna (por la Corte Suprema de Justicia), Javier Panero y Adriana Donato (Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, respectivamente), y María Córdoba, por la Defensoría General de la Nación.
El debate oral y público, que comenzó hace una semana, se realiza en la Sala de Audiencias del Ministerio Público Fiscal, en avenida de Mayo al 700, de esta capital.