El Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sacó adelante la medida en la Comisión de Justicia del Congreso gracias a su mayoría absoluta.
El trámite continuará en el jueves en la misma Cámara Baja -donde ya no se debatirá - y luego pasará al Senado, que está previsto que apruebe la norma de forma definitiva la próxima semana.
En España, la mayoría de los altos funcionarios públicos, entre ellos los propios diputados, están aforados, lo que implica que todas las causas civiles y penales en su contra son resueltas por el Tribunal Supremo español o de las comunidades autónomas.
En abril de este año, el PP aprobó el aforamiento de la reina Sofía y los Príncipes de Asturias en el marco del trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no tuvo en cuenta la situación del rey en caso de abdicación, por lo que el monarca quedó desamparado.
La protección de la familia real fue cuestionada porque llegó en un momento de especial tensión para la Corona española a raíz del caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos y hermana del actual monarca, Felipe VI.
La sorpresiva abdicación de Juan Carlos, el pasado 2 de junio, dejó al ex monarca ante un vacío legal ya que la Constitución le concede al Jefe de Estado el privilegio de la “inviolabilidad”, pero no dice nada sobre su condición tras abandonar el trono.
Ante esta situación, Rajoy impulsó una reforma exprés introduciendo una modificación en la ley de racionalización del sector público, un tema totalmente diferente. Los socialistas criticaron la norma y se abstuvieron.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares acusó al PP de querer “blindar” a la familia real en un contexto con “olor” al caso Nóos, en referencia a la causa judicial en la que está implicada la infanta Cristina.
“Es un mensaje que no debería producirse, es un desacato a la Justicia”, remarcó Llamazares, quien cuestionó la forma en que se hizo el trámite, “retorciendo la legislación” y sin respetar plazos.
La reforma legal establece el aforamiento del rey Juan Carlos y de las reinas Letizia y Sofía, además de la Princesa de Asturias.
En el proceso se introdujo una enmienda para que en caso de que algún tribunal esté tramitando una causa contra los “nuevos aforados” reales, la misma se suspenda y sea remitida al Supremo.
De hecho, la Audiencia Nacional de España tenía previsto estudiar hoy un recurso de apelación contra la decisión de un juez de no trámitar una querella contra el rey Juan Carlos y otras personas presuntamente involucradas en la “trama civil” del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F).
La demanda fue presentada por el partido Soberanía el pasado 2 de junio, cuando el rey Juan Carlos anunció su abdicación.
Los querellantes se basan en el libro de Pilar Urbano titulado “La gran desmemoria”, en el que se afirma que el monarca autorizó un “golpe blando” y la formación de un gobierno integrado por personajes que tramaron el golpe.
La Justicia rechazó el pedido bajo el argumento de que los hechos están prescriptos y porque el rey gozaba de la condición de inviolabilidad.
El Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sacó adelante la medida en la Comisión de Justicia del Congreso gracias a su mayoría absoluta.
El trámite continuará en el jueves en la misma Cámara Baja -donde ya no se debatirá - y luego pasará al Senado, que está previsto que apruebe la norma de forma definitiva la próxima semana.
En España, la mayoría de los altos funcionarios públicos, entre ellos los propios diputados, están aforados, lo que implica que todas las causas civiles y penales en su contra son resueltas por el Tribunal Supremo español o de las comunidades autónomas.
En abril de este año, el PP aprobó el aforamiento de la reina Sofía y los Príncipes de Asturias en el marco del trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no tuvo en cuenta la situación del rey en caso de abdicación, por lo que el monarca quedó desamparado.
La protección de la familia real fue cuestionada porque llegó en un momento de especial tensión para la Corona española a raíz del caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos y hermana del actual monarca, Felipe VI.
La sorpresiva abdicación de Juan Carlos, el pasado 2 de junio, dejó al ex monarca ante un vacío legal ya que la Constitución le concede al Jefe de Estado el privilegio de la “inviolabilidad”, pero no dice nada sobre su condición tras abandonar el trono.
Ante esta situación, Rajoy impulsó una reforma exprés introduciendo una modificación en la ley de racionalización del sector público, un tema totalmente diferente. Los socialistas criticaron la norma y se abstuvieron.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares acusó al PP de querer “blindar” a la familia real en un contexto con “olor” al caso Nóos, en referencia a la causa judicial en la que está implicada la infanta Cristina.
“Es un mensaje que no debería producirse, es un desacato a la Justicia”, remarcó Llamazares, quien cuestionó la forma en que se hizo el trámite, “retorciendo la legislación” y sin respetar plazos.
La reforma legal establece el aforamiento del rey Juan Carlos y de las reinas Letizia y Sofía, además de la Princesa de Asturias.
En el proceso se introdujo una enmienda para que en caso de que algún tribunal esté tramitando una causa contra los “nuevos aforados” reales, la misma se suspenda y sea remitida al Supremo.
De hecho, la Audiencia Nacional de España tenía previsto estudiar hoy un recurso de apelación contra la decisión de un juez de no trámitar una querella contra el rey Juan Carlos y otras personas presuntamente involucradas en la “trama civil” del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F).
La demanda fue presentada por el partido Soberanía el pasado 2 de junio, cuando el rey Juan Carlos anunció su abdicación.
Los querellantes se basan en el libro de Pilar Urbano titulado “La gran desmemoria”, en el que se afirma que el monarca autorizó un “golpe blando” y la formación de un gobierno integrado por personajes que tramaron el golpe.
La Justicia rechazó el pedido bajo el argumento de que los hechos están prescriptos y porque el rey gozaba de la condición de inviolabilidad.