En un duro pronunciamiento vinculado al caso de la jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, restituida luego de un jury que la había desplazado, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) resolvió “advertir con profunda preocupación la falta de observancia de los procedimientos constitucionales nacionales o provinciales”.
Tras un informe del Consejo de la Magistratura, Suárez fue destituida por un jury que la acusó de mal desempeño. Pero un juez de primera instancia, Gustavo Sanca, admitió un amparo de la magistrada y ordenó su regreso al cargo. Esto cayó muy mal entre los consejeros que, desautorizados, aseguraron que un juez no podía inmiscuirse en su decisión.
La FACA coincidió y decidió “señalar los límites que los magistrados tienen ante los actos preparatorios y a la propia acusación, hechos que escaparían al control de los jueces en la medida que de acuerdo a la Constitución Provincial, su apreciación es del resorte del Consejo de la Magistratura Provincial, con la finalidad de evitar pasar al extremo de consagrar el gobierno de los jueces”.
“La gravedad institucional queda patentizada en que el juez de primera instancia que, teniendo vedada la posibilidad de control judicial de tales actos, igualmente resolvió en forma favorable a la jueza la acción intentada”.
Aunque se creía que la Cámara de Apelaciones de Comodoro “revocaría tal dislate” y “rechazaría la acción, contra todos los pronósticos confirmó la resolución del juez, decretando nulidades de decisiones propias del Consejo y del Tribunal de Enjuiciamiento”.
Según la Federación, pese a que los camaristas comodorenses “no tenían facultades”, con su decisión “crearon los presupuestos de una grave emergencia institucional al facultar al juez de primera instancia a ordenar a la Corte Provincial la restitución de un juez sancionado por un órgano constitucional, desvirtuando el orden preestablecido e impidiendo por medio de la promoción de este tipo de acciones, que alguna vez se pueda sancionar a un magistrado”.
Versión Lozano
En este escenario, el consejero Daniel Gómez Lozano se mostró “sorprendido” por la decisión de la Cámara de Apelaciones de revertir la destitución de Suárez. El abogado de Puerto Madryn planteó que si el fallo de la Cámara no se revierte será muy grave porque “habrá perdido sentido el poder constitucional del Poder Judicial, que quedaría sin control”. Por ahora, la causa está en el Superior Tribunal de Justicia, que no ordenó aún la restitución.
Gómez Lozano afirmó que “muchos de los consejeros vemos que el Poder Judicial está invadiendo, una vez más, una esfera de valoración política”. Esto porque el Consejo y el Tribunal de Enjuiciamiento “llevan adelante valoraciones políticas sobre el buen o mal desempeño de un juez. Esas valoraciones son fundadas y razonadas”.
En el caso de Suárez, “se consideró que tenía mal desempeño en el cargo porque llevaba a cabo interpretaciones libres del Código de Procedimiento Penal e interpretaciones muy propias que no se amoldaban a la doctrina que el Superior dice tiene que ser”.
La jueza “no obedecía la doctrina del Superior y quitaba la previsibilidad a los abogados y ciudadanos respecto a los fallos. Eso se consideró mal desempeño”. A esta conducta se sumó que Suárez “llevó a la Facultad de Derecho un expediente sobre un abuso sexual para ser fotocopiado y distribuido entre los alumnos, para que se pudiera estudiar un caso de abuso sexual. Ella no reparó en el grave daño que le estaba haciendo a la víctima, no se tacharon los nombres y se ventiló en un lugar impropio”.
Defraudado
El consejero se mostró indignado por lo sucedido. “Me siento defraudado como ciudadano porque el Poder Judicial está involucrándose en cuestiones netamente políticas”. En este sentido recordó que “las últimas elecciones a gobernador se judicializaron, así como el tema del sueldo de los jueces, que es una cuestión política porque el Superior debe definir la pauta salarial y no porque un juez de primera instancia lo diga. Son cuestiones políticas donde el Poder Judicial se involucra y viola el equilibrio de poderes”.
El abogado portuario reiteró que el fallo del juez y de la Cámara implican un “avasallamiento” y un “desequilibrio de los poderes”, además de plantear que “lo veo institucionalmente grave. Hay que llevarlo a debate para reformularse cuál es la cuestión no ajusticible, porque si todo se va a judicializar no parece apropiado. Estamos en un momento difícil en lo que hace a equilibrio de poderes”.
“Está todo patas para arriba para que el Superior le tenga que hacer caso a un juez de primera instancia, cuando hay una estructura piramidal”.
Lozano se esperanzó con que el máximo tribunal provincial declarando la nulidad de la restitución y que “es una cuestión político no justiciable, porque si triunfa la judicialización sobre este dictamen no tenemos nada más que hacer”.
En un duro pronunciamiento vinculado al caso de la jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, restituida luego de un jury que la había desplazado, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) resolvió “advertir con profunda preocupación la falta de observancia de los procedimientos constitucionales nacionales o provinciales”.
Tras un informe del Consejo de la Magistratura, Suárez fue destituida por un jury que la acusó de mal desempeño. Pero un juez de primera instancia, Gustavo Sanca, admitió un amparo de la magistrada y ordenó su regreso al cargo. Esto cayó muy mal entre los consejeros que, desautorizados, aseguraron que un juez no podía inmiscuirse en su decisión.
La FACA coincidió y decidió “señalar los límites que los magistrados tienen ante los actos preparatorios y a la propia acusación, hechos que escaparían al control de los jueces en la medida que de acuerdo a la Constitución Provincial, su apreciación es del resorte del Consejo de la Magistratura Provincial, con la finalidad de evitar pasar al extremo de consagrar el gobierno de los jueces”.
“La gravedad institucional queda patentizada en que el juez de primera instancia que, teniendo vedada la posibilidad de control judicial de tales actos, igualmente resolvió en forma favorable a la jueza la acción intentada”.
Aunque se creía que la Cámara de Apelaciones de Comodoro “revocaría tal dislate” y “rechazaría la acción, contra todos los pronósticos confirmó la resolución del juez, decretando nulidades de decisiones propias del Consejo y del Tribunal de Enjuiciamiento”.
Según la Federación, pese a que los camaristas comodorenses “no tenían facultades”, con su decisión “crearon los presupuestos de una grave emergencia institucional al facultar al juez de primera instancia a ordenar a la Corte Provincial la restitución de un juez sancionado por un órgano constitucional, desvirtuando el orden preestablecido e impidiendo por medio de la promoción de este tipo de acciones, que alguna vez se pueda sancionar a un magistrado”.
Versión Lozano
En este escenario, el consejero Daniel Gómez Lozano se mostró “sorprendido” por la decisión de la Cámara de Apelaciones de revertir la destitución de Suárez. El abogado de Puerto Madryn planteó que si el fallo de la Cámara no se revierte será muy grave porque “habrá perdido sentido el poder constitucional del Poder Judicial, que quedaría sin control”. Por ahora, la causa está en el Superior Tribunal de Justicia, que no ordenó aún la restitución.
Gómez Lozano afirmó que “muchos de los consejeros vemos que el Poder Judicial está invadiendo, una vez más, una esfera de valoración política”. Esto porque el Consejo y el Tribunal de Enjuiciamiento “llevan adelante valoraciones políticas sobre el buen o mal desempeño de un juez. Esas valoraciones son fundadas y razonadas”.
En el caso de Suárez, “se consideró que tenía mal desempeño en el cargo porque llevaba a cabo interpretaciones libres del Código de Procedimiento Penal e interpretaciones muy propias que no se amoldaban a la doctrina que el Superior dice tiene que ser”.
La jueza “no obedecía la doctrina del Superior y quitaba la previsibilidad a los abogados y ciudadanos respecto a los fallos. Eso se consideró mal desempeño”. A esta conducta se sumó que Suárez “llevó a la Facultad de Derecho un expediente sobre un abuso sexual para ser fotocopiado y distribuido entre los alumnos, para que se pudiera estudiar un caso de abuso sexual. Ella no reparó en el grave daño que le estaba haciendo a la víctima, no se tacharon los nombres y se ventiló en un lugar impropio”.
Defraudado
El consejero se mostró indignado por lo sucedido. “Me siento defraudado como ciudadano porque el Poder Judicial está involucrándose en cuestiones netamente políticas”. En este sentido recordó que “las últimas elecciones a gobernador se judicializaron, así como el tema del sueldo de los jueces, que es una cuestión política porque el Superior debe definir la pauta salarial y no porque un juez de primera instancia lo diga. Son cuestiones políticas donde el Poder Judicial se involucra y viola el equilibrio de poderes”.
El abogado portuario reiteró que el fallo del juez y de la Cámara implican un “avasallamiento” y un “desequilibrio de los poderes”, además de plantear que “lo veo institucionalmente grave. Hay que llevarlo a debate para reformularse cuál es la cuestión no ajusticible, porque si todo se va a judicializar no parece apropiado. Estamos en un momento difícil en lo que hace a equilibrio de poderes”.
“Está todo patas para arriba para que el Superior le tenga que hacer caso a un juez de primera instancia, cuando hay una estructura piramidal”.
Lozano se esperanzó con que el máximo tribunal provincial declarando la nulidad de la restitución y que “es una cuestión político no justiciable, porque si triunfa la judicialización sobre este dictamen no tenemos nada más que hacer”.