En el caso de la Argentina, el relevamiento, publicado hoy por el matutino Tiempo Argentino consignó que el valor absoluto de las demandas contra la Argentina es de U$S 3.700 millones.
Se trata de un informe titulado "Defaults soberanos en la Corte", de autoría de los investigadores alemanes Julian Schumacher, Christoph Trebesch y Henrik Enderlein.
El mismo toma como período de análisis los casos ocurridos entre 1976 y 2010, en las dos sedes donde la mayor parte de los países soberanos van a tomar deuda: Estados Unidos y el Reino Unido, concretamente, en Nueva York y Londres.
De acuerdo con este análisis, el primer caso de un ataque especulativo de este tipo a un país soberano fue contra Costa Rica en los '80; y el último el de Argentina.
El informe afirmó que el número de ejemplos de buitres llevando a la justicia a Estados creció exponencialmente, afectando no sólo a Argentina sino a otros 25 países.
Además, precisó que en los últimos años casi 50% de las crisis de deuda terminaron en litigio, comparado con menos del 10% de los '80 y principios de los '90.
Los investigadores destacaron la decisión de los holdouts de hacer embargos de activos de los Estados en todo el mundo, cuyas ejecuciones van desde cargamentos de petróleo y aviones presidenciales hasta el pago a otros acreedores.
Este último caso coincide con lo actuado por los fondos buitre en Nueva York, donde consiguieron el fallo favorable del juez federal Thomas Griesa, en detrimento de los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
"Este tipo de acciones pueden incluir valores incluso más importantes que el volumen de dinero que está en danza y que es producto de la compra de deuda basura con pretensiones de litigar y transformar eso en ganancias", remarcó el estudio.
Como ejemplo se pone el caso de la República del Congo, en el que los litigantes bloquearon por años las exportaciones de crudo de una nación netamente petrolera, hasta lograr cobrar.
El primer caso relevante sucedió en 1982, cuando Allied Bank se negó a participar en el acuerdo de reestructuración de deuda con Costa Rica.
Después de varias audiencias, el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de Allied, pero el gobierno de los Estados Unidos actuó y presionó al banco para que retire la demanda en la Corte.
Para los especialistas, "este caso sentó un precedente importante dado que mostró que las estrategias de los holdouts funcionaban y que, a la vez, defensas clásicas de los países como la inmunidad soberana eran insuficientes para protegerse ante denuncias de este tipo".
El caso más relevante fue el de Weltover contra la República Argentina: en 1992, tras un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el país perdió un juicio por default.
La historia había comenzado casi diez años antes, durante la última dictadura cívico militar, cuando el Banco Central estableció un seguro de cambio para tomadores de crédito en el extranjero, y se comprometía a venderles divisas, si ocurriese una fuerte devaluación.
Cuando el crédito en dólares venció, el Banco Central ya no tenía divisas suficientes para cubrirlos dado que el peso se había devaluado.
A cambio, el Ministerio de Economía ofreció a los acreedores refinanciar el pasivo a través de emisiones de títulos públicos (Bonods).
Ya en 1986, la situación empeoró cuando el Central comunicó la inexistencia de divisas para pagar los bonos.
El por entonces presidente Raúl Alfonsín ordenó sustituir esos títulos por otros de largo plazo, y ante este escenario, un banco suizo y dos firmas de Panamá que eran acreedores llevaron el caso a la justicia de los Estados Unidos.
Los abogados argentinos alegaron "inmunidad de soberano extranjero", y reclamaron que la Corte rechazara el caso.
Pero el tribunal dictaminó lo contrario y sostuvo que la emisión de bonos es una actividad comercial y que la postergación de los pagos es una "actividad comercial conexa", que impacta directamente en Estados Unidos, dado que ése es el país donde se hacían los pagos.
En los '90 apareció el caso del CIBC Bank and Trust contra el Banco Central de Brasil, considerado el primer éxito de estos fondos especulativos.
Estuvo vinculado con esta acción el fondo Dart, actual litigante contra Argentina, que tenía U$S 1.400 millones en deuda brasileña de largo plazo.
El fondo se negó a entrar en 1992 en el acuerdo de bonos Brady que propuso Brasil y fue a la justicia de Estados Unidos, donde obtuvo un fallo favorable a los bonistas especuladores.
Brasil aceptó pagar una parte de los intereses, y Dart pudo vender la totalidad de su deuda y sacar tajada.
En 1998, siguió el caso del Banco y la República de Perú contra el fondo buitre Elliott, del magnate Paul Singer, que compró deuda de ese país por un valor nominal de U$S 20 millones, y tras una negociación con presiones para llevar a esa nación al default, terminó cobrando casi U$S 60 millones.
En el caso de la Argentina, el relevamiento, publicado hoy por el matutino Tiempo Argentino consignó que el valor absoluto de las demandas contra la Argentina es de U$S 3.700 millones.
Se trata de un informe titulado "Defaults soberanos en la Corte", de autoría de los investigadores alemanes Julian Schumacher, Christoph Trebesch y Henrik Enderlein.
El mismo toma como período de análisis los casos ocurridos entre 1976 y 2010, en las dos sedes donde la mayor parte de los países soberanos van a tomar deuda: Estados Unidos y el Reino Unido, concretamente, en Nueva York y Londres.
De acuerdo con este análisis, el primer caso de un ataque especulativo de este tipo a un país soberano fue contra Costa Rica en los '80; y el último el de Argentina.
El informe afirmó que el número de ejemplos de buitres llevando a la justicia a Estados creció exponencialmente, afectando no sólo a Argentina sino a otros 25 países.
Además, precisó que en los últimos años casi 50% de las crisis de deuda terminaron en litigio, comparado con menos del 10% de los '80 y principios de los '90.
Los investigadores destacaron la decisión de los holdouts de hacer embargos de activos de los Estados en todo el mundo, cuyas ejecuciones van desde cargamentos de petróleo y aviones presidenciales hasta el pago a otros acreedores.
Este último caso coincide con lo actuado por los fondos buitre en Nueva York, donde consiguieron el fallo favorable del juez federal Thomas Griesa, en detrimento de los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
"Este tipo de acciones pueden incluir valores incluso más importantes que el volumen de dinero que está en danza y que es producto de la compra de deuda basura con pretensiones de litigar y transformar eso en ganancias", remarcó el estudio.
Como ejemplo se pone el caso de la República del Congo, en el que los litigantes bloquearon por años las exportaciones de crudo de una nación netamente petrolera, hasta lograr cobrar.
El primer caso relevante sucedió en 1982, cuando Allied Bank se negó a participar en el acuerdo de reestructuración de deuda con Costa Rica.
Después de varias audiencias, el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de Allied, pero el gobierno de los Estados Unidos actuó y presionó al banco para que retire la demanda en la Corte.
Para los especialistas, "este caso sentó un precedente importante dado que mostró que las estrategias de los holdouts funcionaban y que, a la vez, defensas clásicas de los países como la inmunidad soberana eran insuficientes para protegerse ante denuncias de este tipo".
El caso más relevante fue el de Weltover contra la República Argentina: en 1992, tras un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el país perdió un juicio por default.
La historia había comenzado casi diez años antes, durante la última dictadura cívico militar, cuando el Banco Central estableció un seguro de cambio para tomadores de crédito en el extranjero, y se comprometía a venderles divisas, si ocurriese una fuerte devaluación.
Cuando el crédito en dólares venció, el Banco Central ya no tenía divisas suficientes para cubrirlos dado que el peso se había devaluado.
A cambio, el Ministerio de Economía ofreció a los acreedores refinanciar el pasivo a través de emisiones de títulos públicos (Bonods).
Ya en 1986, la situación empeoró cuando el Central comunicó la inexistencia de divisas para pagar los bonos.
El por entonces presidente Raúl Alfonsín ordenó sustituir esos títulos por otros de largo plazo, y ante este escenario, un banco suizo y dos firmas de Panamá que eran acreedores llevaron el caso a la justicia de los Estados Unidos.
Los abogados argentinos alegaron "inmunidad de soberano extranjero", y reclamaron que la Corte rechazara el caso.
Pero el tribunal dictaminó lo contrario y sostuvo que la emisión de bonos es una actividad comercial y que la postergación de los pagos es una "actividad comercial conexa", que impacta directamente en Estados Unidos, dado que ése es el país donde se hacían los pagos.
En los '90 apareció el caso del CIBC Bank and Trust contra el Banco Central de Brasil, considerado el primer éxito de estos fondos especulativos.
Estuvo vinculado con esta acción el fondo Dart, actual litigante contra Argentina, que tenía U$S 1.400 millones en deuda brasileña de largo plazo.
El fondo se negó a entrar en 1992 en el acuerdo de bonos Brady que propuso Brasil y fue a la justicia de Estados Unidos, donde obtuvo un fallo favorable a los bonistas especuladores.
Brasil aceptó pagar una parte de los intereses, y Dart pudo vender la totalidad de su deuda y sacar tajada.
En 1998, siguió el caso del Banco y la República de Perú contra el fondo buitre Elliott, del magnate Paul Singer, que compró deuda de ese país por un valor nominal de U$S 20 millones, y tras una negociación con presiones para llevar a esa nación al default, terminó cobrando casi U$S 60 millones.