Jóvenes que rompieron el monumento a bomberos pidieron disculpas y pagarán daños
Fueron imputados por daños agravados. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza los suspendió y los dejó al borde de la expulsión.
En el marco de una audiencia breve, que derivó en el malestar de los padres de los bomberitos por no poder acceder a la sala, se realizó la audiencia de “apertura de investigación y control de detención” para Pablo Páez (24), Eric Segura (24) y Leandro Avellaneda (23), imputados por “daños agravados” al monumento a los bomberos voluntarios ubicado en la plaza San Martín de Puerto Madryn.
En torno a la realización de la audiencia había expectativa en los padres de los bomberos y en la comunidad, que aguardaban un pedido de disculpas públicas por el atropello cometido de avanzar y destruir el monumento tan sentido a los madrynenses.
Los hechos sucedieron pasadas las 7 de la mañana del lunes cuando los tres imputados acompañados por otro grupo de personas, que integraban una delegación del Sindicato de Luz y Fuerza de la seccional Río Turbio, provocaron daños al treparse al monumento que recuerda a los 25 jóvenes fallecidos en el incendio del 21 de enero de 1994. Esto fue observado por personas que avisaron al Comando Radioeléctrico tras lo cual tres de ellos fueron detenidos sobre calle Mitre y Roque Sáenz Peña y alojados en la comisaría seccional primera.
La fiscal Mabel Covi expresó durante la audiencia que se trata de “un monumento emblemático en la ciudad, ya que muchos hijos de Puerto Madryn murieron ese día. Muchos de ellos tenían la edad de los señores, tratando que el incendio no se aproxime a la ciudad. Para la ciudad es muy triste lo que ha sucedido, en particular para quienes son familiares de los fallecidos”. Así relató la representante de Fiscalía ante la mirada de los tres imputados, que oscilaban entre mirar a la funcionaria judicial y colocar sus ojos sobre el piso o en las paredes de la sala 1.
Covi puntualizó que dentro de los elementos que permitieron realizar la audiencia es el testimonio de “una persona que los describe por las ropas” agregando que “había 15 personas que participaron. Ellos dijeron que iban a intentar identificar al resto de las personas”.
Los tres jóvenes no emitieron palabra durante la audiencia donde se los imputó por el delito de daños agravados y donde se resolvió su libertad porque “como no residen en Puerto Madryn y a los efectos de aventar cualquier peligro de fuga, es decir que no se presenten a audiencias posteriores, se procedió a la identificación prontuarial y se dispusieron diferentes medidas para asegurar el proceso y no para la reparación del daño total”. A estos fines se dispuso una caución de 10 mil pesos a cada uno de los jóvenes, dinero que deben acreditar en un plazo no mayor a las 48 horas, además de enfatizar la representante de Fiscalía en “el daño terrible que representa para Puerto Madryn por lo emblemático y simbólico por toda la ciudad”.
Dentro de las medidas dispuestas está la presentación de los tres individuos una vez por semana en el Juzgado de Río Turbio donde se llevará el control para evitar que no se den a la fuga, así como la aplicación de la caución económica que “pocas veces se solicita en la ciudad”, dijo Covi.
Disculpas y pago de daños
Los imputados pidieron disculpas y pagarán una caución económica de 30 mil pesos a fines de cautelar el proceso. Además, el abogado particular Carlos Del Mármol indicó que Héctor González, secretario general del sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, le comunicó que colaborarían para reparar los daños causados. Las disculpas formuladas en la audiencia fueron expresadas por el abogado defensor y no así por los imputados que permanecieron en un silencio profundo a lo largo del encuentro.
El juez Gustavo Castro dispuso la apertura de investigación y ordenó que los imputados sean identificados prontuarialmente, dando inicio al proceso penal, además de concederles la libertad una vez que se cumpliera con los trámites respectivos.
Al borde de la expulsión
El Sindicato de Luz y Fuerza de La Patagonia solicitó la suspensión de los 35 afiliados de la seccional Cuenca Carbonífera. El pedido se formalizó ayer y ahora el Congreso de Delegados tomará una decisión que podría significar la expulsión de todos ellos.
En el marco de una audiencia breve, que derivó en el malestar de los padres de los bomberitos por no poder acceder a la sala, se realizó la audiencia de “apertura de investigación y control de detención” para Pablo Páez (24), Eric Segura (24) y Leandro Avellaneda (23), imputados por “daños agravados” al monumento a los bomberos voluntarios ubicado en la plaza San Martín de Puerto Madryn.
En torno a la realización de la audiencia había expectativa en los padres de los bomberos y en la comunidad, que aguardaban un pedido de disculpas públicas por el atropello cometido de avanzar y destruir el monumento tan sentido a los madrynenses.
Los hechos sucedieron pasadas las 7 de la mañana del lunes cuando los tres imputados acompañados por otro grupo de personas, que integraban una delegación del Sindicato de Luz y Fuerza de la seccional Río Turbio, provocaron daños al treparse al monumento que recuerda a los 25 jóvenes fallecidos en el incendio del 21 de enero de 1994. Esto fue observado por personas que avisaron al Comando Radioeléctrico tras lo cual tres de ellos fueron detenidos sobre calle Mitre y Roque Sáenz Peña y alojados en la comisaría seccional primera.
La fiscal Mabel Covi expresó durante la audiencia que se trata de “un monumento emblemático en la ciudad, ya que muchos hijos de Puerto Madryn murieron ese día. Muchos de ellos tenían la edad de los señores, tratando que el incendio no se aproxime a la ciudad. Para la ciudad es muy triste lo que ha sucedido, en particular para quienes son familiares de los fallecidos”. Así relató la representante de Fiscalía ante la mirada de los tres imputados, que oscilaban entre mirar a la funcionaria judicial y colocar sus ojos sobre el piso o en las paredes de la sala 1.
Covi puntualizó que dentro de los elementos que permitieron realizar la audiencia es el testimonio de “una persona que los describe por las ropas” agregando que “había 15 personas que participaron. Ellos dijeron que iban a intentar identificar al resto de las personas”.
Los tres jóvenes no emitieron palabra durante la audiencia donde se los imputó por el delito de daños agravados y donde se resolvió su libertad porque “como no residen en Puerto Madryn y a los efectos de aventar cualquier peligro de fuga, es decir que no se presenten a audiencias posteriores, se procedió a la identificación prontuarial y se dispusieron diferentes medidas para asegurar el proceso y no para la reparación del daño total”. A estos fines se dispuso una caución de 10 mil pesos a cada uno de los jóvenes, dinero que deben acreditar en un plazo no mayor a las 48 horas, además de enfatizar la representante de Fiscalía en “el daño terrible que representa para Puerto Madryn por lo emblemático y simbólico por toda la ciudad”.
Dentro de las medidas dispuestas está la presentación de los tres individuos una vez por semana en el Juzgado de Río Turbio donde se llevará el control para evitar que no se den a la fuga, así como la aplicación de la caución económica que “pocas veces se solicita en la ciudad”, dijo Covi.
Disculpas y pago de daños
Los imputados pidieron disculpas y pagarán una caución económica de 30 mil pesos a fines de cautelar el proceso. Además, el abogado particular Carlos Del Mármol indicó que Héctor González, secretario general del sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, le comunicó que colaborarían para reparar los daños causados. Las disculpas formuladas en la audiencia fueron expresadas por el abogado defensor y no así por los imputados que permanecieron en un silencio profundo a lo largo del encuentro.
El juez Gustavo Castro dispuso la apertura de investigación y ordenó que los imputados sean identificados prontuarialmente, dando inicio al proceso penal, además de concederles la libertad una vez que se cumpliera con los trámites respectivos.
Al borde de la expulsión
El Sindicato de Luz y Fuerza de La Patagonia solicitó la suspensión de los 35 afiliados de la seccional Cuenca Carbonífera. El pedido se formalizó ayer y ahora el Congreso de Delegados tomará una decisión que podría significar la expulsión de todos ellos.