Lo hizo a través de la acordada 34/2014, firmada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
La creación del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación tiene como objetivo “afianzar la justicia y lograr mayor eficacia” en casos de corrupción contemplados en convenciones internacionales de las cuales la República Argentina es parte.
El nuevo cuerpo de peritos estará integrado por 10 expertos en ingeniería, contabilidad, derecho y “otras disciplinas científicas”, que surgirán de concursos públicos.
También se prevé la designación de “funcionarios y empleados administrativos”, y “personal obrero y de maestranza".
La Corte destacó que “es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción”.
La acordada mencionó “la necesidad de satisfacer” el mandato constitucional, “el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva”.
La Corte consideró “necesario” dedicar “esfuerzos presupuestarios” para “contar con un cuerpo de peritos especializado en casos de corrupción y criminalidad económica”, que elabore sus informes “en tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes”.
Lo hizo a través de la acordada 34/2014, firmada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
La creación del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación tiene como objetivo “afianzar la justicia y lograr mayor eficacia” en casos de corrupción contemplados en convenciones internacionales de las cuales la República Argentina es parte.
El nuevo cuerpo de peritos estará integrado por 10 expertos en ingeniería, contabilidad, derecho y “otras disciplinas científicas”, que surgirán de concursos públicos.
También se prevé la designación de “funcionarios y empleados administrativos”, y “personal obrero y de maestranza".
La Corte destacó que “es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción”.
La acordada mencionó “la necesidad de satisfacer” el mandato constitucional, “el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva”.
La Corte consideró “necesario” dedicar “esfuerzos presupuestarios” para “contar con un cuerpo de peritos especializado en casos de corrupción y criminalidad económica”, que elabore sus informes “en tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes”.