Alpesca: buscan al dueño

Tres horas de espera, mezcladas con tensión y agresiones, rodearon la audiencia de advenimiento con los abogados de Omar “Cura” Segundo y Renato Aleua, que buscan acreditarse como dueños de Alpesca para embolsar los 114 millones de pesos de la expropiación. Estuvo el fiscal de Estado, Miguel Montoya, que explicó la propuesta a las partes y dispuso que el letrado del “Cura” no participe de la reunión por no acreditar el poder en representación de la empresa.

Todo terminó con un cuarto intermedio de cinco días solicitado por las partes para que los representantes de Otero analicen la tasación del tribunal que fijó los 114 millones de pesos por los bienes de producción. El encuentro no dejó nada claro aunque al parecer, los dueños de Alpesca serían Otero y Aleua, más allá de que el abogado Pablo Pugh sostuvo que Segundo es el propietario.

En la audiencia creció el malhumor de los trabajadores por no tener respuestas. Aún exigen el pago de 80 mil pesos por persona.

La audiencia fue en el Juzgado Civil y Comercial a cargo de María Laura Eroles, donde las partes presentaron la documentación que los acreditaría como propietarios de la empresa, tema que resta resolver.

Montoya desmintió a Pugh respecto a que Segundo había rechazado la oferta por considerarla irrisoria. Su salida de la audiencia no pasó por allí. “No es que no aceptó”, dijo el funcionario. “La representación que admitimos fue la del poder suficiente para representar a la firma; el poder que tenía era un poder personal de Segundo a él y no de la firma en carácter de presidente”. Por eso Montoya solicitó que Puhg se retire, al no acreditar la representación. “La persona que vino no tenía el poder de la firma Alpesca”, situación que sí acreditaron los letrados “Jerez, que representaba a la empresa según el poder otorgado por escribano público y donde constan todos los requisitos”.

Según el fiscal, ese poder presentado es suficiente porque “está acreditado el libro y tomo del acta de directorio y del acta de acciones”. Según Montoya, en la negociación hay dos elementos opuestos: por un lado está la aceptación del precio y, por otro, el pago del precio. “Quien acredite ser el titular de la firma puede o no aceptar el precio, que tiene tres etapas. Por la primera ley se autorizaron por la Legislatura 5 millones de pesos; vamos a compensar el crédito de Corfo por 8,5 millones de pesos pendientes más sus intereses. Por el saldo de precios vamos a acreditar los gastos que se hicieron para conservar la empresa”.

Superada esta instancia, “solicitará una nueva ley por el saldo de precio. En ese término los trabajadores, a través de sus representantes, deberán acreditar el inicio de sus juicios laborales y entiendo que los abogados le recomendarán trabar cautelares sobre el saldo de precios”. El fiscal de Estado consideró que “cuando depositemos el dinero el juez abonará los créditos que estén debidamente acreditados”.

Saber cuánto tiempo pasará es aventurado porque “hubo dos personas tratando de acreditar la misma representación. Esto no creo que sea demasiado tranquilo”, dijo Montoya. Se advierte la posibilidad de una instancia judicial para determinar la titularidad de Alpesca aunque el fiscal consideró que “la representación, si es acreditada en Personas Jurídicas con toda la documental respaldatoria de este poder van a dejar en claro quién es el titular”. No obstante, “las acciones privadas que tengan por pago o no pago de las acciones no es competencia ni interés nuestro”.

Todo se encamina hacia Aleua porque “presenta un poder que así lo dice”, agregando que “dice que hay un nuevo directorio y que la sustitución de poder para representar en este acto de Otero es a Aleua. No me atrevería a decir que es el titular de todas las acciones sino el presidente que representa a los accionistas”.

“Es una oferta irrisoria”

Pugh fue a la audiencia como patrocinante de Segundo. Se retiró intempestivamente disconforme con la oferta que Provincia plantea para expropiar la pesquera. “Es una oferta irrisoria”, lanzó el abogado trelewense. “Están haciendo una evaluación posterior a la toma de la comisión que se apoderó de la empresa y dejó todos los bienes que se perjudicarán ostensiblemente, como el sufrimiento de los barcos y todo el lío del último temporal, que provocaron una falta de tasación de cuando esos buques funcionaban”.

Como se tasó luego de estos sucesos, Pugh calificó como “una vergüenza para los trabajadores y para quien pretende ser dueño” lo sucedido, aunque nunca comunicó a los trabajadores que lo habían retirado de la audiencia por no acreditar el poder de Alpesca.

En una de las tantas discusiones en el primer piso de Tribunales, el abogado del “Cura” expresó: “No vamos a participar de una negociación donde están bajando el precio”. E insistió en que Segundo “es el titular de las acciones, director porque es lo que presentamos. No vamos a aceptar la oferta de 114 millones de pesos”.

Estas explicaciones enojaron a los trabajadores, que exigen cobrar las deudas. Ante un coro de insultos el abogado de Segundo sostuvo que “la situación sigue igual”. Esta frase “calentó” al grupo, que de los agravios pasó a los golpes contra el abogado. Voló un tacho de basura y Policía debió montar un rápido operativo para llevarse a Pugh entre forcejos y manotazos.

Angustia

Con historias personales, meses de angustia y sueldos sin cobrar, los trabajadores de Alpesca estuvieron en Tribunales pidiendo respuestas. Dos gremialistas dialogaron con la jueza Eroles para saber qué deberán hacer para poder reclamar haberes caídos.

Daniel Meza, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, explicó que fue una audiencia “con los supuestos titulares de la empresa. Es una reunión privada donde los abogados se pondrán de acuerdo y ver si aceptarán la plata de la expropiación”.

Si no hubiera acuerdo o no se pudiera acreditar la titularidad de la firma, intervendrá la jueza. Esto no es rápido. Depende de un acuerdo de partes.

En cuanto a la deuda con los trabajadores, está sujeta al acuerdo por la titularidad de la empresa. La jueza recomendó a los gremialistas que agilicen junto a los abogados los plazos para embargar el dinero que pudiera depositarse en las cuentas judiciales por el pago de la expropiación.

“Los trabajadores saben que acá (Tribunales) no van a cobrar nada pero sabemos dónde y con quién hacer los reclamos. Queríamos ver las caras de los supuestos dueños de la plata que ofrece Provincia por la expropiación”, dijo Meza. “Los trabajadores queríamos decirles a los supuestos dueños que quieren cobrar y por qué los habían abandonado. Esa era la sencilla razón del reclamo”.