Capitanich y "Argentina Digital": "El Estado promueve un derecho"

Al defender la iniciativa en el Senado, junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, Capitanich explicó que el proyecto de ley busca establecer que las redes sean consideradas "como un servicio público" ya persigue un único objetivo: "que allí donde el sector privado promueve un negocio, el Estado argentino promueva un derecho".

Capitanich afirmó que "esta ley no favorece a nadie ni pretende ir en contra de nadie. Lo único que pretende favorecer es al pueblo argentino, al usuario argentino, independientemente de su lugar de localización desde La Quiaca hasta Ushuaia".

"Se ha dicho que esta ley -agregó- pretende desproteger a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. Por el contrario -aclaró- queremos incentivarlos y crear nuevos actores que en forma individual o asociativa garanticen el servicio".

Capitanich cuestionó a quienes sostienen que "la ley generará la expropiación de las redes" y enfatizó en ese sentido que "decir eso es una barrabasada jurídica y una manifestación absolutamente carente de sentido".

"De lo que se trata -se explayó- es de utilizar la plataforma de las redes para cumplir con la prestación para todos. Nadie pierde ni la inversión ni la propiedad correspondiente. Se busca evitar posiciones dominantes que excluyan a otros usuarios de las redes y evitar el abuso en los precios".

El jefe de Gabinete remarcó que la ley "fortalecerá el espíritu de pluralidad de voces para profundizar la democracia" y "no cierra ni condiciona la libertad de expresión".

"Se pretende que el Estado sea el guardián del pluralismo", añadió, y ponderó la importancia de que se declare a las telecomunicaciones "como un servicio público en competencia".

"Esto es el salto cualitativo ya que se reconoce la plataforma existente y las inversiones" pero se garantiza "el acceso de todos los usuarios" con "un carácter social".

También afirmó que la iniciativa regula el marco jurídico y destacó "la recuperación de la soberanía del país en materia de telecomunicaciones, propiciando -a través de dos empresas del estado (Invap y Arsat)-, la capacidad para fabricar un sistema satelital autónomo".

Previamente, el ministro de Planificación, Julio De Vido, declaró que el proyecto -Argentina digital- "reivindica el plan de telecomunicaciones impulsado por Néstor Kirchner en 2003 y continuado por la presidenta Cristina Fernández, con el cual se lograron resultados notables en accesibilidad, federalismo, desarrollo de la industria nacional y soberanía nacional, que es el parámetro de todas nuestras políticas".

En la apertura del debate en comisión en el Senado, el funcionario aseguró que la ley "pretende incluir, y que ese acceso universal a las telecomunicaciones se realice a lo largo y a lo ancho de la Argentina y que no quede ninguna región excluida".

Destacó el rol que tendrán las cooperativas y las pymes y aseguró que lo que se busca es "promover el rol del Estado como planificador del área y la competencia y generación de empleos" así como "garantizar el derecho humano de las comunicaciones y el "interés público estableciendo la completa neutralidad de las redes a los fines de facilitar el acceso a las comunicaciones con los más altos parámetros de calidad".

Aclaró que "se excluye de su objeto cualquier tipo de regulación sobre el contenido" y coincidió con Capitanich al afirmar que "respecto a la adecuación la nueva ley no perjudica ni beneficia a nadie" sino que "mejora los servicios para los usuarios y aumentará la competencia".

"Se incentivará la función e inclusión social como así también la competencia, la industria nacional y la generación del trabajo", insistió.

En tanto, el secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner, consideró que "el hecho de que el acceso y el uso de las redes sea declarado servicio público es la manera de poder garantizar la calidad y eliminar las asimetrías".

Puso como ejemplo lo que sucede en algunos municipios donde "algunas concesionarias tienen que soterrar la fibra y otras lo pueden hacer vía aérea. El que tiene que soterrar tiene costo muchísimo más grande", adujo.

"Esta ley -aclaró no obstante- no viene a tirar por la borda a todos los que tienen licencias en Argentina. En todo caso los vamos a convocar a todos para ordenar", dijo, y precisó que de 1350 licencias de telecomunicaciones registradas en todo el país sólo cuatro o cinco llegan a los hogares.

"¿Dónde está el resto?", se preguntó. "No tiene acceso a las redes y tiene que construir una red a precios exorbitantes al lado de una red que ya existe", aseveró.

El funcionario explicó por ello que el objetivo "primordial" de esta ley "es que puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad" y cuestionó "los precios que se cobran por interconectarse por parte de las redes más grandes" en detrimento de las "pymes y las cooperativas".

También destacó que la normativa "no contradice las leyes vigentes", afirmó que "es fundamental incorporar el uso satelital en esta ley", algo que -dijo- "era una quimera en 1972 en Argentina porque no se producían satélites propios como ahora".

"Argentina -subrayó Berner- está ahora en ese selecto club de ocho países que pueden brindar ese servicio", y agregó como beneficio de la nueva ley el hecho de que se eliminará la denominada comunicación de larga distancia nacional.