Iguala: confirmación del asesinato de estudiantes multiplica críticas y temores
La confirmación de que los 43 estudiantes que estaban desaparecidos desde fines de septiembre fueron asesinados y sus cuerpos incinerados enlutó a México, pareció acentuar la crisis socio-política y acrecentó el temor por nuevas y más violentas protestas, pese a la promesa del gobierno de que llevará la investigación hasta dar con todos los responsables.
Lo que hasta anoche era la presunción de esas muertes hoy fue confirmación oficial: los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero, fueron ejecutados por sicarios del narcotráfico, que después quemaron los cuerpos -inclusive, varios jóvenes todavía estaban vivos- y enterraron los restos en fosas o los lanzaron al río.
La tocó al procurador Jesús Murillo Karam dar los detalles del caso, que llevó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a garantizar que el gobierno hará todo para lograr "el total esclarecimiento" de los hechos y castigar a todos los que participaron en esos "crímenes abominables", que, admitió, "indignan y agravian a toda la sociedad mexicana".
La confirmación de las muertes parece profundizar la crisis y acrecienta el temor a eventuales rebrotes rebeldes, al punto que el propio arzobispo de Acapulco - en el propio estado de Guerrero-, Carlos Garfías, advirtió que “el estallido social armado es una voz que, desgraciadamente, va resonando” y llamó a “poner todo para que esas voces se conviertan en esperanza".
La semana pasada, medios locales señalaron que los grupos rebeldes, que en los 60 y 70 tuvieron amplia actividad en el estado sureño de Guerrero y esporádicas apariciones en los 90, resurgieron en la zona tras la crisis derivada por la desaparición de los estudiantes, y a esas organizaciones llamó garcías a “la concordia y la paz".
Fuentes de inteligencia citadas por el semanario Proceso -consignó la agencia Ansa- señalaron la semana pasada que los grupos extremistas "preocupa al gobierno federal, que teme la radicalización" de esas organizaciones armadas.
Hay al menos cinco grupos rebeldes en Guerrero cobijados por la Asamblea Nacional Popular (ANP): el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo.
Por las aulas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecen los estudiantes desaparecidos, pasaron dos legendarios jefes rebeldes de los años 60 y 70, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.
Parte de los miedos se alimentaron con una declaración del ERP, que consideró "inaceptables" las versiones que ayer dio a conocer la Fiscalía, y lamentó que el gobierno "pretende deslindarse del crimen de Estado perpetuado por las autoridades federales, estatal y municipales".
Mientras, la Conferencia del Episcopado mexicano (CEM) señaló que recibió con "gran consternación" la información del procurador Murillo, según la cual los estudiantes fueron quemados vivos y sus cenizas arrojadas a un río, según el testimonio de tres detenidos.
Los obispos pidieron a las "fuerzas políticas y a la sociedad no lucrar con esta desgracia, y contribuir con responsabilidad a la creación de un México en el que la vida, dignidad y derechos de todo hombre y de toda mujer sean plenamente reconocidos, respetados, promovidos y defendidos".
Un grupo de organizaciones civiles organizó para esta noche una manifestación en el DF para protestar por la marcha de las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes Ayotzinapa, concentración que terminará en el Zócalo capitalino.
También avanza la llamada “caminata 43x43”, cuyos organizadores afirmaron hoy que México está “de luto y más indignado que nunca” por el destino de los estudiantes. La marcha, que se hace bajo el lema “Ni un desaparecido más”.
La caminata llegó hoy a Tres Marías, a unos 55 kilómetros al sur de Ciudad de México, y se estima que mañana arribará al DF para “exigir a las autoridades que renuncien si no se sienten capaces de responder ante los reclamos ciudadanos”, afirmó José Alcaraz García, uno de los organizadores.
Los participantes en la marcha #43x43 iniciaron el lunes en Iguala un recorrido de 195 kilómetros para exigir seguridad en México y la aparición con vida de los estudiantes secuestrados por policías y delincuentes. Aunque son 85 las organizaciones que hicieron la convocatoria, caminan 43 personas, una por cada estudiante.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecían los jóvenes asesinados, convocó a la sociedad a "salir a las calles para que nos acompañe a romper el muro de la impunidad elevando nuestras voces” y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador denunció que el Gobierno de Peña Nieto "quiere dar carpetazo al crimen" para que "México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor".
Por su parte, el conservador Partido Acción Nacional(PAN) exigió también al Ejecutivo, a través de su presidente, Ricardo Anaya, "trabajar sin descanso para acelerar las investigaciones y ofrecer a los padres de los 43 jóvenes y a la sociedad mexicana una conclusión certera, contundente y transparente".
Peña Nieto buscó tranquilizar los reclamos con su promesa de una investigación a fondo. "No basta con la captura de los autores intelectuales; detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables", afirmó.
"A los padres de familia y a la sociedad mexicana, les aseguro que no cejaremos hasta que no se haga justicia", añadió Peña Nieto.
También contra el Estado cayó la organización Amnistía Internacional (AI), para la que “la corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia".
La directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, advirtió que las líneas de investigación sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales "han sido limitadas e incompletas" en México.
Lo que hasta anoche era la presunción de esas muertes hoy fue confirmación oficial: los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero, fueron ejecutados por sicarios del narcotráfico, que después quemaron los cuerpos -inclusive, varios jóvenes todavía estaban vivos- y enterraron los restos en fosas o los lanzaron al río.
La tocó al procurador Jesús Murillo Karam dar los detalles del caso, que llevó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a garantizar que el gobierno hará todo para lograr "el total esclarecimiento" de los hechos y castigar a todos los que participaron en esos "crímenes abominables", que, admitió, "indignan y agravian a toda la sociedad mexicana".
La confirmación de las muertes parece profundizar la crisis y acrecienta el temor a eventuales rebrotes rebeldes, al punto que el propio arzobispo de Acapulco - en el propio estado de Guerrero-, Carlos Garfías, advirtió que “el estallido social armado es una voz que, desgraciadamente, va resonando” y llamó a “poner todo para que esas voces se conviertan en esperanza".
La semana pasada, medios locales señalaron que los grupos rebeldes, que en los 60 y 70 tuvieron amplia actividad en el estado sureño de Guerrero y esporádicas apariciones en los 90, resurgieron en la zona tras la crisis derivada por la desaparición de los estudiantes, y a esas organizaciones llamó garcías a “la concordia y la paz".
Fuentes de inteligencia citadas por el semanario Proceso -consignó la agencia Ansa- señalaron la semana pasada que los grupos extremistas "preocupa al gobierno federal, que teme la radicalización" de esas organizaciones armadas.
Hay al menos cinco grupos rebeldes en Guerrero cobijados por la Asamblea Nacional Popular (ANP): el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo.
Por las aulas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecen los estudiantes desaparecidos, pasaron dos legendarios jefes rebeldes de los años 60 y 70, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.
Parte de los miedos se alimentaron con una declaración del ERP, que consideró "inaceptables" las versiones que ayer dio a conocer la Fiscalía, y lamentó que el gobierno "pretende deslindarse del crimen de Estado perpetuado por las autoridades federales, estatal y municipales".
Mientras, la Conferencia del Episcopado mexicano (CEM) señaló que recibió con "gran consternación" la información del procurador Murillo, según la cual los estudiantes fueron quemados vivos y sus cenizas arrojadas a un río, según el testimonio de tres detenidos.
Los obispos pidieron a las "fuerzas políticas y a la sociedad no lucrar con esta desgracia, y contribuir con responsabilidad a la creación de un México en el que la vida, dignidad y derechos de todo hombre y de toda mujer sean plenamente reconocidos, respetados, promovidos y defendidos".
Un grupo de organizaciones civiles organizó para esta noche una manifestación en el DF para protestar por la marcha de las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes Ayotzinapa, concentración que terminará en el Zócalo capitalino.
También avanza la llamada “caminata 43x43”, cuyos organizadores afirmaron hoy que México está “de luto y más indignado que nunca” por el destino de los estudiantes. La marcha, que se hace bajo el lema “Ni un desaparecido más”.
La caminata llegó hoy a Tres Marías, a unos 55 kilómetros al sur de Ciudad de México, y se estima que mañana arribará al DF para “exigir a las autoridades que renuncien si no se sienten capaces de responder ante los reclamos ciudadanos”, afirmó José Alcaraz García, uno de los organizadores.
Los participantes en la marcha #43x43 iniciaron el lunes en Iguala un recorrido de 195 kilómetros para exigir seguridad en México y la aparición con vida de los estudiantes secuestrados por policías y delincuentes. Aunque son 85 las organizaciones que hicieron la convocatoria, caminan 43 personas, una por cada estudiante.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecían los jóvenes asesinados, convocó a la sociedad a "salir a las calles para que nos acompañe a romper el muro de la impunidad elevando nuestras voces” y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador denunció que el Gobierno de Peña Nieto "quiere dar carpetazo al crimen" para que "México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor".
Por su parte, el conservador Partido Acción Nacional(PAN) exigió también al Ejecutivo, a través de su presidente, Ricardo Anaya, "trabajar sin descanso para acelerar las investigaciones y ofrecer a los padres de los 43 jóvenes y a la sociedad mexicana una conclusión certera, contundente y transparente".
Peña Nieto buscó tranquilizar los reclamos con su promesa de una investigación a fondo. "No basta con la captura de los autores intelectuales; detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables", afirmó.
"A los padres de familia y a la sociedad mexicana, les aseguro que no cejaremos hasta que no se haga justicia", añadió Peña Nieto.
También contra el Estado cayó la organización Amnistía Internacional (AI), para la que “la corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia".
La directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, advirtió que las líneas de investigación sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales "han sido limitadas e incompletas" en México.