México: padres de estudiantes desaparecidos denuncian al Senado como cómplice
Familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, que sufren la falta de respuestas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron al cuerpo por su "indiferencia" y enfatizaron que también es responsable de ese crimen de lesa humanidad.
Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, que sufren la falta de respuestas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron hoy al Senado mexicano por su "indiferencia" y enfatizaron que también es responsable de ese crimen de lesa humanidad como cómplice del contubernio entre autoridades y bandas criminales en el estado de Guerrero.
"Fuimos al Senado a dejar un documento, una exigencia. Ellos (los senadores) no dijeron nada porque no queríamos escuchar más discursos ni palabras. Queremos acciones. Les dejamos nuestras exigencias en la mesa y nos salimos", dijo el vocero de los padres, Felipe de la Cruz.
De la Cruz indicó que en el documento con "las exigencias de cinco puntos" destaca la desaparición de poderes en Guerrero, el rechazo a la realización de las elecciones estaduales de 2015 hasta que no se sepa del destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la necesidad de una ley que castigue la desaparición forzosa por parte del Estado.
La procuraduría mexicana confirmó el domingo que restos de tejido óseo hallados en una bolsa en un río vecino a un basural de Cocula corresponden a uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora Venancio, según el resultado de un primer estudio de un centro especializado de Austria, avalado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El vocero de los padres de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa enfatizó que tras la reunión con legisladores seguirán "en la búsqueda como siempre con vida de los otros muchachos".
En el encuentro, Contreras González, otro de los padres, reclamó a los senadores: "Después de 70 días nos reciben; ninguna llamada de ustedes. ¿Pero qué tal cuando van a pedir nuestro voto? Hasta nos dan la mano aunque la tengamos sucia".
En uno de los salones del edificio legislativo, los padres colocaron pancartas con los rostros de los 43 jóvenes que, según la fiscalía, fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y los restos arrojados al río San Juan.
En el acto, el abogado de los padres Vidulfo Rosales acusó a los legisladores de ver el problema de los desaparecidos con escepticismo, "como si no representaran el Estado mexicano", y los conminó a usar los mecanismos legales "para que se declare la suspensión de las elecciones en el estado de Guerrero".
"No podemos estar celebrando elecciones cuando tenemos a los estudiantes desaparecidos", sentenció Rosales, quien a su vez solicitó al Senado y a la Procuraduría General de la República (PGR) que se abran líneas de investigación y no sólo mantener la hipótesis, hoy por hoy, "del basurero" y se investigue al ahora ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Además, exigieron que se ratifique de inmediato la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que pueda intervenir en el caso Iguala, en medio de la crisis que vive del gobierno mexicano de Peña Nieto y su impacto a nivel internacional.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) entregó a la Fiscalía de México 111.000 firmas exigiendo verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de los estudiantes.
Las firmas fueron recolectadas a través de la campaña "Si firmas no se olvida", con la que se hizo un llamado a activistas y ciudadanos a solidarizarse con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los más de 22.000 desaparecidos en México.
Los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, fueron perseguidos por policías municipales por órdenes del alcalde de Iguala actualmente preso y después entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
La desaparición estuvo precedida de ataques a tiros por la policía, que dejó seis muertos.
Según las investigaciones, el alcalde fue quien ordenó a policías municipales interceptar colectivos que llevaban a los estudiantes por temor a que "sabotearan" un acto público de su esposa.
Hasta hoy han sido detenidas 80 personas, entre ellas 44 miembros de la policía municipal de Iguala y Cocula, así como el ahora ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, como presuntos autores intelectuales del crimen.
Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, que sufren la falta de respuestas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron hoy al Senado mexicano por su "indiferencia" y enfatizaron que también es responsable de ese crimen de lesa humanidad como cómplice del contubernio entre autoridades y bandas criminales en el estado de Guerrero.
"Fuimos al Senado a dejar un documento, una exigencia. Ellos (los senadores) no dijeron nada porque no queríamos escuchar más discursos ni palabras. Queremos acciones. Les dejamos nuestras exigencias en la mesa y nos salimos", dijo el vocero de los padres, Felipe de la Cruz.
De la Cruz indicó que en el documento con "las exigencias de cinco puntos" destaca la desaparición de poderes en Guerrero, el rechazo a la realización de las elecciones estaduales de 2015 hasta que no se sepa del destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la necesidad de una ley que castigue la desaparición forzosa por parte del Estado.
La procuraduría mexicana confirmó el domingo que restos de tejido óseo hallados en una bolsa en un río vecino a un basural de Cocula corresponden a uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora Venancio, según el resultado de un primer estudio de un centro especializado de Austria, avalado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El vocero de los padres de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa enfatizó que tras la reunión con legisladores seguirán "en la búsqueda como siempre con vida de los otros muchachos".
En el encuentro, Contreras González, otro de los padres, reclamó a los senadores: "Después de 70 días nos reciben; ninguna llamada de ustedes. ¿Pero qué tal cuando van a pedir nuestro voto? Hasta nos dan la mano aunque la tengamos sucia".
En uno de los salones del edificio legislativo, los padres colocaron pancartas con los rostros de los 43 jóvenes que, según la fiscalía, fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y los restos arrojados al río San Juan.
En el acto, el abogado de los padres Vidulfo Rosales acusó a los legisladores de ver el problema de los desaparecidos con escepticismo, "como si no representaran el Estado mexicano", y los conminó a usar los mecanismos legales "para que se declare la suspensión de las elecciones en el estado de Guerrero".
"No podemos estar celebrando elecciones cuando tenemos a los estudiantes desaparecidos", sentenció Rosales, quien a su vez solicitó al Senado y a la Procuraduría General de la República (PGR) que se abran líneas de investigación y no sólo mantener la hipótesis, hoy por hoy, "del basurero" y se investigue al ahora ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Además, exigieron que se ratifique de inmediato la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que pueda intervenir en el caso Iguala, en medio de la crisis que vive del gobierno mexicano de Peña Nieto y su impacto a nivel internacional.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) entregó a la Fiscalía de México 111.000 firmas exigiendo verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de los estudiantes.
Las firmas fueron recolectadas a través de la campaña "Si firmas no se olvida", con la que se hizo un llamado a activistas y ciudadanos a solidarizarse con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los más de 22.000 desaparecidos en México.
Los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, fueron perseguidos por policías municipales por órdenes del alcalde de Iguala actualmente preso y después entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
La desaparición estuvo precedida de ataques a tiros por la policía, que dejó seis muertos.
Según las investigaciones, el alcalde fue quien ordenó a policías municipales interceptar colectivos que llevaban a los estudiantes por temor a que "sabotearan" un acto público de su esposa.
Hasta hoy han sido detenidas 80 personas, entre ellas 44 miembros de la policía municipal de Iguala y Cocula, así como el ahora ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, como presuntos autores intelectuales del crimen.