Denuncian penalmente a Lorenzetti por quitar recursos a la Magistratura
El fiscal federal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal que involucra, entre otros, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la que se alude a una "ingeniería ilícita" para quitar poder y recursos al Consejo de la Magistratura, indicaron esta mañana fuentes judiciales.
En un requerimiento de cinco carillas, Delgado solicitó que se investigue la denuncia formulada por la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Paula Mariana Oliveto Lago, quien alertó "sobre un escenario edificado por diversos comportamientos encaminados en concentrar la administración y control de los recursos financieros que corresponden al Poder Judicial".
En la denuncia se señaló que "esta posible decisión de cooptación –que se habría iniciado en el año 2008- se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas allegadas al Presidente de la Corte Suprema”.
El fiscal indicó que "a través de todos estos procedimientos el sistema de control interno y externo de la gestión de recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Consejeros con los que mantiene una misma sintonía política".
En el escrito, presentado ante el juez federal Luis Rodríguez -y al que Télam tuvo acceso- el representante del ministerio público
quiere que se "proceda a reconstruir a través de la 'Memoria Institucional' contenida en los archivos de la burocracia, los vínculos a los que alude la denunciante".
Esos supuestos "vínculos" se darían entre Lorenzetti y los jueces Luis María Cabral, Luis María Bunge Campos, Miguel Gálvez, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo y otros funcionarios del área de administración del Consejo de la Magistratura.
Delgado reclamó finalmente que se requiera a "expertos" de SIGEN y a la Procuración del Tesoro que "de manera conjunta analicen la verosimilitud de la genealogía resumida la denuncia, que alojaría la dinámica mediante la cual (Lorezetti) habría orquestado la desarticulación del sistema de control externo e interno de la gestión de los recursos presupuestarios del Poder Judicial".
En un requerimiento de cinco carillas, Delgado solicitó que se investigue la denuncia formulada por la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Paula Mariana Oliveto Lago, quien alertó "sobre un escenario edificado por diversos comportamientos encaminados en concentrar la administración y control de los recursos financieros que corresponden al Poder Judicial".
En la denuncia se señaló que "esta posible decisión de cooptación –que se habría iniciado en el año 2008- se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas allegadas al Presidente de la Corte Suprema”.
El fiscal indicó que "a través de todos estos procedimientos el sistema de control interno y externo de la gestión de recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Consejeros con los que mantiene una misma sintonía política".
En el escrito, presentado ante el juez federal Luis Rodríguez -y al que Télam tuvo acceso- el representante del ministerio público
quiere que se "proceda a reconstruir a través de la 'Memoria Institucional' contenida en los archivos de la burocracia, los vínculos a los que alude la denunciante".
Esos supuestos "vínculos" se darían entre Lorenzetti y los jueces Luis María Cabral, Luis María Bunge Campos, Miguel Gálvez, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo y otros funcionarios del área de administración del Consejo de la Magistratura.
Delgado reclamó finalmente que se requiera a "expertos" de SIGEN y a la Procuración del Tesoro que "de manera conjunta analicen la verosimilitud de la genealogía resumida la denuncia, que alojaría la dinámica mediante la cual (Lorezetti) habría orquestado la desarticulación del sistema de control externo e interno de la gestión de los recursos presupuestarios del Poder Judicial".