El gobierno fueguino oficializó la suspensión a pesquera por Malvinas
El gobierno de Tierra del Fuego oficializó la decisión de suspender preventivamente un permiso de pesca a la empresa Pesantar, tras la denuncia presentada por un empleado de la misma compañía donde se consigna que la firma estaría asociada a otra que opera en la zona de exclusión de las Islas Malvinas con autorización del Reino Unido.
La medida, que ya había sido adelantada el 24 de diciembre por la gobernadora Fabiana Ríos, fue adoptada ahora por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia.
El organismo inició un sumario administrativo “a fin de establecer las responsabilidades del caso” y “mediante resolución se suspendió provisoriamente el permiso de pesca de la empresa”, consignó el Ejecutivo fueguino en un comunicado oficial.
Asimismo, el gobierno provincial está “cursando notas” a las autoridades nacionales solicitando “copia de la denuncia original y de toda la documentación relacionada al caso para poder evaluar y tomar las medidas en consecuencia”, agrega el comunicado.
Según indicaron fuentes del área de Medio Ambiente de Tierra del Fuego, “independientemente de que Nación tome alguna medida, la provincia ya ha tomado esta decisión porque considera que se trata de un caso grave”.
La denuncia fue presentada a fines del año pasado ante la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de Nación y la Cancillería, por parte de un empleado de la empresa Pesantar.
El denunciante refirió una presunta relación entre la pesquera que está establecida en Ushuaia y el buque “Unidos del Sur” que estaría pescando en las Islas Malvinas sin autorización del país ni de la provincia, pero sí con permiso inglés.
Las autoridades analizan si el barco ligado a Pesantar es propiedad de la empresa Emdepes, instalada en Chile y perteneciente al grupo japonés Nissui, que habría conseguido en 2014 una licencia del gobierno británico para pescar cerca de Malvinas.
La Ley Nacional de Pesca en el artículo 27 bis establece que “los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización)” y eso incluye a aquellas pesqueras que operan en zona de exclusión que ilegalmente ha establecido el gobierno británico en torno al archipiélago.
“Por lo tanto, dado que existen declaraciones juradas de la empresa, de probarse este vínculo denunciado, se debe suspender el permiso y retirar las cuotas de captura que tenga autorizadas”, afirma el comunicado del gobierno fueguino.
La medida, que ya había sido adelantada el 24 de diciembre por la gobernadora Fabiana Ríos, fue adoptada ahora por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia.
El organismo inició un sumario administrativo “a fin de establecer las responsabilidades del caso” y “mediante resolución se suspendió provisoriamente el permiso de pesca de la empresa”, consignó el Ejecutivo fueguino en un comunicado oficial.
Asimismo, el gobierno provincial está “cursando notas” a las autoridades nacionales solicitando “copia de la denuncia original y de toda la documentación relacionada al caso para poder evaluar y tomar las medidas en consecuencia”, agrega el comunicado.
Según indicaron fuentes del área de Medio Ambiente de Tierra del Fuego, “independientemente de que Nación tome alguna medida, la provincia ya ha tomado esta decisión porque considera que se trata de un caso grave”.
La denuncia fue presentada a fines del año pasado ante la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de Nación y la Cancillería, por parte de un empleado de la empresa Pesantar.
El denunciante refirió una presunta relación entre la pesquera que está establecida en Ushuaia y el buque “Unidos del Sur” que estaría pescando en las Islas Malvinas sin autorización del país ni de la provincia, pero sí con permiso inglés.
Las autoridades analizan si el barco ligado a Pesantar es propiedad de la empresa Emdepes, instalada en Chile y perteneciente al grupo japonés Nissui, que habría conseguido en 2014 una licencia del gobierno británico para pescar cerca de Malvinas.
La Ley Nacional de Pesca en el artículo 27 bis establece que “los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización)” y eso incluye a aquellas pesqueras que operan en zona de exclusión que ilegalmente ha establecido el gobierno británico en torno al archipiélago.
“Por lo tanto, dado que existen declaraciones juradas de la empresa, de probarse este vínculo denunciado, se debe suspender el permiso y retirar las cuotas de captura que tenga autorizadas”, afirma el comunicado del gobierno fueguino.