Un juez federal pone freno a las medidas migratorias de Obama
Un juez federal de Texas, decidió poner un freno a las medidas migratorias adoptadas por el presidente, y suspender temporalmente un decreto que permitía la legalización de cerca de 5 millones de indocumentados, en una decisión que la Casa Blanca consideró contrarias "al sentido común".
El fallo del juez texano, Andrew Scott Hanen, se conoció ayer, dos días antes de que iniciara el programa destinado a dar permisos de trabajo e impedir la deportación de millones de jóvenes indocumentados, conocido como “Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, sus siglas en inglés).
Por su parte, la Casa Blanca rechazó el dictamen de Hanen y anunció que apelará la medida, señalando que “la Corte Suprema y el congreso dejaron en claro que el gobierno federal puede establecer las prioridades en la aplicación de nuestras leyes migratorias”.
Así, “la decisión de la corte federal impide erróneamente que entren en vigor estas políticas legales y de sentido común y el Departamento de Justicia indicó que la apelará”, aseguró hoy el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, a través de un comunicado.
La medida temporal del juez texano responde a la demanda presentada por 26 estados (entre ellos Texas) que se oponen a la orden ejecutiva anunciada a finales del mes de noviembre a la cual consideraron inconstitucional y que de aplicarse implicaría grandes costos para los presupuestos locales.
Hanen, determinó que los estados cumplieron con los requisitos legales mínimos para sus demandas y sostuvo que la administración de Barack Obama no cumplió con los procedimientos administrativos básicos para poner ese programa en vigor, según detalló el periódico New York Times.
Ante la noticia, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que lamentó la suspensión temporal del programa de Acción Diferida así como también el destinado a los padres indocumentados de hijos estadounidenses (DAPA, sus siglas en inglés), que debía entrar en vigor en el mes de mayo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, indicó que tanto su embajada en Estados Unidos como la red consular, se mantendrán "atentas a este proceso y al desarrollo de las siguientes etapas judiciales" y llamó a la “comunidad mexicana a mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial por medio de fuentes oficiales”, alertándola sobre “posibles engaños y fraudes migratorios”.
El fallo del juez texano, Andrew Scott Hanen, se conoció ayer, dos días antes de que iniciara el programa destinado a dar permisos de trabajo e impedir la deportación de millones de jóvenes indocumentados, conocido como “Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, sus siglas en inglés).
Por su parte, la Casa Blanca rechazó el dictamen de Hanen y anunció que apelará la medida, señalando que “la Corte Suprema y el congreso dejaron en claro que el gobierno federal puede establecer las prioridades en la aplicación de nuestras leyes migratorias”.
Así, “la decisión de la corte federal impide erróneamente que entren en vigor estas políticas legales y de sentido común y el Departamento de Justicia indicó que la apelará”, aseguró hoy el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, a través de un comunicado.
La medida temporal del juez texano responde a la demanda presentada por 26 estados (entre ellos Texas) que se oponen a la orden ejecutiva anunciada a finales del mes de noviembre a la cual consideraron inconstitucional y que de aplicarse implicaría grandes costos para los presupuestos locales.
Hanen, determinó que los estados cumplieron con los requisitos legales mínimos para sus demandas y sostuvo que la administración de Barack Obama no cumplió con los procedimientos administrativos básicos para poner ese programa en vigor, según detalló el periódico New York Times.
Ante la noticia, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que lamentó la suspensión temporal del programa de Acción Diferida así como también el destinado a los padres indocumentados de hijos estadounidenses (DAPA, sus siglas en inglés), que debía entrar en vigor en el mes de mayo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, indicó que tanto su embajada en Estados Unidos como la red consular, se mantendrán "atentas a este proceso y al desarrollo de las siguientes etapas judiciales" y llamó a la “comunidad mexicana a mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial por medio de fuentes oficiales”, alertándola sobre “posibles engaños y fraudes migratorios”.