Espionaje en la Base Zar: insisten en que Godoy conocía la actividad ilegal de los espías de Trelew
Fue en el segundo día del juicio que se le sigue en los Tribunales porteños al ex titular de la Armada y a su segundo, Benito Rótolo. Ayer declararon el abogado trelewense Eduardo Hualpa, uno de los querellantes, y el ex espía de la oficina de Inteligencia de Trelew, Carlos Alegre, quien fue el denunciante original.
“Lo que tenemos acá son carpetas que reeditan la Doctrina de la Seguridad Nacional, para la que el enemigo es el pueblo y hay que vigilarlo”, dijo el abogado Eduardo Hualpa, querellante y una de las víctimas del espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut).
Fue este jueves en la segunda jornada del juicio en el que el jefe de la Armada hasta 2006, el almirante retirado Jorge Godoy, y su segundo Benito Rótolo, están acusados por ordenar tareas de inteligencia prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
Las carpetas fueron secuestradas en 2006 en un allanamiento en la base aeronaval. Allí está registrado el seguimiento que los marinos hicieron sobre el abogado. Lo seguían, entre otras cuestiones, por su actuación en la causa contra otros ex jefes de la Armada acusados por la masacre de Trelew, en la que 16 militantes de organizaciones armadas fueron fusilados en agosto de 1972 en la misma Base. Hualpa, fue, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los impulsores de la causa.
Ante el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, Godoy y Rótolo deberán responder por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Están acusados de “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre militantes y organizaciones “en forma sistemática y habitual” o “bien omitieron –intencionalmente-- hacerlas cesar”. Estos delitos prevén penas de hasta dos años de prisión.
En la audiencia de hoy declararon José Demaría, jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y Jaime Garreta, ex viceministro de Defensa. Ayer, el ex cabo Carlos Alegre dijo ante el tribunal que en la Base existía “una retroalimentación de partes de información de inteligencia” entre las distintas dependencias. Y que en la Sección de Inteligencia (SI) recibían órdenes de jerarquías superiores, como el Comando de Aviación Naval. Alegre, en 2006, escribió un correo al CELS denunciando que recibía presiones de sus superiores para realizar tareas de espionaje. Sus dichos fueron ratificados ayer por Demaría.
Lo que saben los jefes
Como en el primer debate oral por estos hechos -en el que trece marinos fueron condenados- Demaría aseguró que “no es posible” que el jefe y el subjefe de una fuerza desconocieran el desarrollo de “una operación o tarea de inteligencia”. Citó la “Doctrina de Inteligencia Naval”, que indica que dicha información se produce para la toma de decisiones de “los Comandos y autoridades que la necesiten”.
Después declaró Garreta, quien tenía en la Base una carpeta dedicada a Demaría, remitida por la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA). En un ítem titulado “Información propia”, aparecen datos como su detención, en 1966, su participación en una marcha organizada por la Federación Juvenil Comunista y su posterior exilio en México y Suecia, durante la dictadura.
“El flujo de la información era ascendente, y demuestra la importancia de reforzar el control civil sobre las tareas de inteligencia militar”, dijo a Infojus Noticias Diego Morales del CELS. El punto fue reconstruido en el requerimiento de elevación a juicio por Rodrigo Borda, uno de los abogados del organismo que junto a Lucía de la Vega actúa como querellante en la causa. Puntualmente, Borda recordó el “Plan Básico de Inteligencia Naval”, uno los documentos que figuran en el expediente.
El plan de 2005, con la firma de Godoy, estableció como pauta la producción de inteligencia sobre "amenazas asimétricas", provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste” (cuya inteligencia está vedada a las Fuerzas Armadas). Y se convirtió en la puerta de entrada para que la Armada estableciera sistemas de vigilancia sobre la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, en violación a lo dispuesto por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
(Fuente: Infojus)
“Lo que tenemos acá son carpetas que reeditan la Doctrina de la Seguridad Nacional, para la que el enemigo es el pueblo y hay que vigilarlo”, dijo el abogado Eduardo Hualpa, querellante y una de las víctimas del espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut).
Fue este jueves en la segunda jornada del juicio en el que el jefe de la Armada hasta 2006, el almirante retirado Jorge Godoy, y su segundo Benito Rótolo, están acusados por ordenar tareas de inteligencia prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
Las carpetas fueron secuestradas en 2006 en un allanamiento en la base aeronaval. Allí está registrado el seguimiento que los marinos hicieron sobre el abogado. Lo seguían, entre otras cuestiones, por su actuación en la causa contra otros ex jefes de la Armada acusados por la masacre de Trelew, en la que 16 militantes de organizaciones armadas fueron fusilados en agosto de 1972 en la misma Base. Hualpa, fue, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los impulsores de la causa.
Ante el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, Godoy y Rótolo deberán responder por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Están acusados de “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre militantes y organizaciones “en forma sistemática y habitual” o “bien omitieron –intencionalmente-- hacerlas cesar”. Estos delitos prevén penas de hasta dos años de prisión.
En la audiencia de hoy declararon José Demaría, jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y Jaime Garreta, ex viceministro de Defensa. Ayer, el ex cabo Carlos Alegre dijo ante el tribunal que en la Base existía “una retroalimentación de partes de información de inteligencia” entre las distintas dependencias. Y que en la Sección de Inteligencia (SI) recibían órdenes de jerarquías superiores, como el Comando de Aviación Naval. Alegre, en 2006, escribió un correo al CELS denunciando que recibía presiones de sus superiores para realizar tareas de espionaje. Sus dichos fueron ratificados ayer por Demaría.
Lo que saben los jefes
Como en el primer debate oral por estos hechos -en el que trece marinos fueron condenados- Demaría aseguró que “no es posible” que el jefe y el subjefe de una fuerza desconocieran el desarrollo de “una operación o tarea de inteligencia”. Citó la “Doctrina de Inteligencia Naval”, que indica que dicha información se produce para la toma de decisiones de “los Comandos y autoridades que la necesiten”.
Después declaró Garreta, quien tenía en la Base una carpeta dedicada a Demaría, remitida por la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA). En un ítem titulado “Información propia”, aparecen datos como su detención, en 1966, su participación en una marcha organizada por la Federación Juvenil Comunista y su posterior exilio en México y Suecia, durante la dictadura.
“El flujo de la información era ascendente, y demuestra la importancia de reforzar el control civil sobre las tareas de inteligencia militar”, dijo a Infojus Noticias Diego Morales del CELS. El punto fue reconstruido en el requerimiento de elevación a juicio por Rodrigo Borda, uno de los abogados del organismo que junto a Lucía de la Vega actúa como querellante en la causa. Puntualmente, Borda recordó el “Plan Básico de Inteligencia Naval”, uno los documentos que figuran en el expediente.
El plan de 2005, con la firma de Godoy, estableció como pauta la producción de inteligencia sobre "amenazas asimétricas", provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste” (cuya inteligencia está vedada a las Fuerzas Armadas). Y se convirtió en la puerta de entrada para que la Armada estableciera sistemas de vigilancia sobre la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, en violación a lo dispuesto por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
(Fuente: Infojus)