Un grupo de vecinos de la zona oeste manifestó a través de una nota su preocupación por los sucesivos episodios de ocupación ilegal de tierras en esa parte de Puerto Madryn y sus derivaciones, como enfrentamientos, agresiones y robos. En su nota los vecinos hablan de una “abrupta escalada de ocupaciones ilegales en la zona oeste de la ciudad, más concretamente frente a las calles Península Valdés, 9 de Julio y Bs. As, continuación de Domecq García y alrededores, siendo todo esto evidentemente organizado”. Y adelantan el envío de una nota al gobernador Martín Buzzi para ponerlo al corriente de la situación.
No al enfrentamiento
Según la nota, “no es intención el enfrentamiento entre vecinos, pero se menciona que se sucedieron hechos de sangre la noche del 23/02, por la defensa de un robo de materiales de construcción de una vivienda del barrio y que desde 2013 la escalada de delitos de robo u otros ha ido en incremento de modo tal que todos los vecinos han sufrido este flagelo de forma reiterada”.
Vienen con reuniones para avanzar “en las gestiones tendientes a defender sus derechos, que como ciudadanos amparados por la Constitución y Carta Orgánica Municipal los asisten. Se repasaron las acciones que desde 2013 se realizan para buscar una solución a los problemas ocasionados por los asentamientos ilegales próximos a barrios que no han nacido como barrios sociales, sino que al contrario, fueron desarrollados como loteos comerciales o barrios y sus habitantes pagaron sus propiedades y construyen o construyeron con mucho esfuerzo de las familias que allí habitan”.
En la última reunión destacaron la buena predisposición del intendente Ricardo Sastre “al recibirlos una vez más y escuchar la problemática asumiendo un compromiso”.
En contrapartida señalan una “buena pero insuficiente predisposición puesta de manifiesto por la Policía, que parece desconocer que al depender del Poder Ejecutivo tiene la obligación de asistir al ciudadano al que se le comete un delito, recordando que son delitos contra la seguridad pública y estrago doloso, los incendios intencionales; y delito contra la propiedad privada, la usurpación”. Recordaron que los hechos se denunciaron por nota y a diario son comunicados telefónicamente.
Excusas raras
Plantean que en conversaciones con autoridades “manifiestan a los vecinos que no hay delito por ser un asunto entre privados y que podría molestar a los mismos la situación planteada; ¿hay igualdad de condiciones entre los vecinos que pagan los impuestos y hacen los planos cumpliendo con todo lo estipulado por las normas, que compran los materiales y las tierras en que viven con mucho esfuerzo y aquellos que pretenden tomar todo por la fuerza, hasta los materiales de las viviendas legalmente constituidas y adquiridas, para construirse las suyas? Argumentos que ninguno de esos funcionarios podrían sostener con la Constitución delante o con una situación similar en la puerta de sus hogares”.
Así no
Los vecinos aseguran que no dejan “de reconocer la necesidad de acceso a la vivienda digna de muchas familias de la ciudad, pero todos los presentes pasaron por la misma necesidad y no le robaron nada a nadie, ni tomaron nada por la fuerza por lo que, si hay familias que verdaderamente tienen esta necesidad, deberán seguir los pasos correspondientes a resolver este problema como ciudadanos de bien y en igualdad de condiciones. Y es el Estado el que debe brindar el marco adecuado respetando las normas de planificación y urbanización”.
Perjudicados por las ocupaciones plantean que a este problema se agrega “la situación dificultosa que se presenta cuando una empresa de loteos desea realizar un nuevo loteo debido a la falta de factibilidad de servicios, que por otro lado son hurtados casi libremente en las zonas ilegalmente construidas, cuestión que deberán tener presente los organismos involucrados”.
Un grupo de vecinos de la zona oeste manifestó a través de una nota su preocupación por los sucesivos episodios de ocupación ilegal de tierras en esa parte de Puerto Madryn y sus derivaciones, como enfrentamientos, agresiones y robos. En su nota los vecinos hablan de una “abrupta escalada de ocupaciones ilegales en la zona oeste de la ciudad, más concretamente frente a las calles Península Valdés, 9 de Julio y Bs. As, continuación de Domecq García y alrededores, siendo todo esto evidentemente organizado”. Y adelantan el envío de una nota al gobernador Martín Buzzi para ponerlo al corriente de la situación.
No al enfrentamiento
Según la nota, “no es intención el enfrentamiento entre vecinos, pero se menciona que se sucedieron hechos de sangre la noche del 23/02, por la defensa de un robo de materiales de construcción de una vivienda del barrio y que desde 2013 la escalada de delitos de robo u otros ha ido en incremento de modo tal que todos los vecinos han sufrido este flagelo de forma reiterada”.
Vienen con reuniones para avanzar “en las gestiones tendientes a defender sus derechos, que como ciudadanos amparados por la Constitución y Carta Orgánica Municipal los asisten. Se repasaron las acciones que desde 2013 se realizan para buscar una solución a los problemas ocasionados por los asentamientos ilegales próximos a barrios que no han nacido como barrios sociales, sino que al contrario, fueron desarrollados como loteos comerciales o barrios y sus habitantes pagaron sus propiedades y construyen o construyeron con mucho esfuerzo de las familias que allí habitan”.
En la última reunión destacaron la buena predisposición del intendente Ricardo Sastre “al recibirlos una vez más y escuchar la problemática asumiendo un compromiso”.
En contrapartida señalan una “buena pero insuficiente predisposición puesta de manifiesto por la Policía, que parece desconocer que al depender del Poder Ejecutivo tiene la obligación de asistir al ciudadano al que se le comete un delito, recordando que son delitos contra la seguridad pública y estrago doloso, los incendios intencionales; y delito contra la propiedad privada, la usurpación”. Recordaron que los hechos se denunciaron por nota y a diario son comunicados telefónicamente.
Excusas raras
Plantean que en conversaciones con autoridades “manifiestan a los vecinos que no hay delito por ser un asunto entre privados y que podría molestar a los mismos la situación planteada; ¿hay igualdad de condiciones entre los vecinos que pagan los impuestos y hacen los planos cumpliendo con todo lo estipulado por las normas, que compran los materiales y las tierras en que viven con mucho esfuerzo y aquellos que pretenden tomar todo por la fuerza, hasta los materiales de las viviendas legalmente constituidas y adquiridas, para construirse las suyas? Argumentos que ninguno de esos funcionarios podrían sostener con la Constitución delante o con una situación similar en la puerta de sus hogares”.
Así no
Los vecinos aseguran que no dejan “de reconocer la necesidad de acceso a la vivienda digna de muchas familias de la ciudad, pero todos los presentes pasaron por la misma necesidad y no le robaron nada a nadie, ni tomaron nada por la fuerza por lo que, si hay familias que verdaderamente tienen esta necesidad, deberán seguir los pasos correspondientes a resolver este problema como ciudadanos de bien y en igualdad de condiciones. Y es el Estado el que debe brindar el marco adecuado respetando las normas de planificación y urbanización”.
Perjudicados por las ocupaciones plantean que a este problema se agrega “la situación dificultosa que se presenta cuando una empresa de loteos desea realizar un nuevo loteo debido a la falta de factibilidad de servicios, que por otro lado son hurtados casi libremente en las zonas ilegalmente construidas, cuestión que deberán tener presente los organismos involucrados”.