El gobernador Martín Buzzi firmó los decretos en relación con los incendios en la zona cordillerana y la polémica por el presunto trasfondo inmobiliario del tema.
Decretó la prohibición “por un plazo de 10 años de todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o Comunas Rurales dentro de sus respectivos ejidos, que contuvieren bosques dañados por acción del fuego”, aseguró el asesor general de Gobierno, Jorge Echelini”.
Además se prohíbe, por 180 días, la transferencia de tierras provinciales o que pertenezcan a ejidos municipales y que posean bosques; mientras que también se prohíbe por 180 días la transferencia privada de tierras con bosques.
Además, se suspende por 180 días cualquier transferencia en trámite, a partir de la fecha del decreto, 3 de marzo de 2015.
Asimismo, el gobernador decretó la “intervención por tres meses del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC)”, designando como interventora a la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour.
En dicho decreto, se establece que se remitirá a la Legislatura un proyecto para dejar sin efecto el actual IAC, y crear un Instituto de Regulación de Uso y Tenencia de Tierras.
Finalmente, Buzzi refrendó el decreto a través del cual se establece la creación de una “Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales”.
Dicha Comisión estará integrada por el ministro coordinador de Gabinete, dos miembros designados por la Legislatura Provincial y dos representantes legales, de la Asesoría General de Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos.
Entre las funciones que tendrá esta Comisión, se destaca la de requerir a las autoridades los antecedentes de los dominios donde se hayan registrado transferencias de tierras donde se registre la existencia de bosque. También requerir a la Inspección General de Justicia de la Nación los antecedentes societarios de las personas involucradas en la adquisición de tierras fiscales de la provincia.
A las autoridades judiciales se les requerirá la totalidad de las actuaciones vinculadas con denuncias penales que estén relacionadas con transmisión de dominios de tierras públicas y citar a los denunciantes para que brinden información al respecto.
La Comisión deberá elaborar en 120 días un informe de las transferencias de tierras rurales de dominio provincial o privado que contengan bosque.
Una vez elaborado el informe, la Comisión deberá también elevar al Poder Ejecutivo, en la persona del gobernador y del presidente de la Legislatura, esos datos para evaluar la posibilidad de declarar de utilidad pública las tierras transferidas y la conveniencia de someterlas al procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones I Nº 45.
El gobernador Martín Buzzi firmó los decretos en relación con los incendios en la zona cordillerana y la polémica por el presunto trasfondo inmobiliario del tema.
Decretó la prohibición “por un plazo de 10 años de todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o Comunas Rurales dentro de sus respectivos ejidos, que contuvieren bosques dañados por acción del fuego”, aseguró el asesor general de Gobierno, Jorge Echelini”.
Además se prohíbe, por 180 días, la transferencia de tierras provinciales o que pertenezcan a ejidos municipales y que posean bosques; mientras que también se prohíbe por 180 días la transferencia privada de tierras con bosques.
Además, se suspende por 180 días cualquier transferencia en trámite, a partir de la fecha del decreto, 3 de marzo de 2015.
Asimismo, el gobernador decretó la “intervención por tres meses del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC)”, designando como interventora a la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour.
En dicho decreto, se establece que se remitirá a la Legislatura un proyecto para dejar sin efecto el actual IAC, y crear un Instituto de Regulación de Uso y Tenencia de Tierras.
Finalmente, Buzzi refrendó el decreto a través del cual se establece la creación de una “Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales”.
Dicha Comisión estará integrada por el ministro coordinador de Gabinete, dos miembros designados por la Legislatura Provincial y dos representantes legales, de la Asesoría General de Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos.
Entre las funciones que tendrá esta Comisión, se destaca la de requerir a las autoridades los antecedentes de los dominios donde se hayan registrado transferencias de tierras donde se registre la existencia de bosque. También requerir a la Inspección General de Justicia de la Nación los antecedentes societarios de las personas involucradas en la adquisición de tierras fiscales de la provincia.
A las autoridades judiciales se les requerirá la totalidad de las actuaciones vinculadas con denuncias penales que estén relacionadas con transmisión de dominios de tierras públicas y citar a los denunciantes para que brinden información al respecto.
La Comisión deberá elaborar en 120 días un informe de las transferencias de tierras rurales de dominio provincial o privado que contengan bosque.
Una vez elaborado el informe, la Comisión deberá también elevar al Poder Ejecutivo, en la persona del gobernador y del presidente de la Legislatura, esos datos para evaluar la posibilidad de declarar de utilidad pública las tierras transferidas y la conveniencia de someterlas al procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones I Nº 45.