Espionaje ilegal en la Base Zar de Trelew: piden dos años de prisión para exjefes de la Armada
“La investigación judicial demostró que las prácticas de espionaje eran habituales, generalizadas y sistemáticas por parte de la Armada”, dijo la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales, que hoy alegó contra Jorge Godoy y Benito Rótolo, en el juicio por el espionaje ilegal en la sede de la fuerza en Chubut.
El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada hasta 2006, escucharon atentamente este viernes durante más de cuatro horas las pruebas presentadas contra ellos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La querella pidió para cada uno de ellos una condena a dos años de prisión por haber ordenado el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut).
En el caso de Godoy pidieron que la condena sea de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos. Y para Rótolo que si bien podrá tener la condena en suspenso, sea obligado a cursar “estudios sobre derechos humanos y constitucionales en una institución pública” y a realizar, durante cuatro años, una actividad no remunerada en una institución de bien público”, señalando que podría ser en una de las que fueron vigiladas ilegalmente.
“Es el máximo de la pena prevista en el Código Penal, en el momento de los hechos”, explicó Rodrigo Borda, el abogado del CELS que presentó las pruebas ante el juez a cargo del debate, Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7. Y aclaró que “seguramente con el cambio legislativo actual”, en alusión a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia, “estaríamos hablando de una pena de 10 años, que es el máximo previsto”.
Pidieron además que los documentos de Inteligencia secuestrados en la base, cuando se inició esta investigación se envíen a la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan ser consultados "sobre todo por parte de quienes fueron víctimas”. Sin despegar la vista de la querella, Godoy siguió cada detalle de la acusación y tomó notas. A dos sillas de distancia, con los defensores sentados entre ellos, Rótolo hizo lo mismo. Ambos están acusados por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Inteligencia ilegal
Esta causa se inició en 2006, cuando el cabo Carlos Alegre envió un correo electrónico al CELS contando que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. El CELS y uno de los espiados, el abogado sureño Eduardo Hualpa, presentaron la denuncia penal.
En ese momento, la justicia federal de Chubut dispuso un allanamiento en la Base. Allí se encontraron documentos, carpetas, órdenes y seguimientos que tuvieron como foco a las organizaciones sociales de Chubut, pero también a funcionarios locales, provinciales y nacionales como la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, entre otros.
En esta audiencia, el abogado que integra la querella junto a su colega Lucía de la Vega, hizo una pormenorizada descripción de esos registros: hay seguimientos a las organizaciones que cada 24 de marzo se convocaban para denunciar el golpe, de referentes locales de las comunidades galesas, bolivianas e irlando-escosesas o de ciudadanos iraníes “observados” por “no hacer nada”, como indica uno de los informes. En esos documentos, por ejemplo, la “propaganda” era definida como “cualquier argumento o noticia que agrupada pretende influir en la Armada”.
En 2012, trece marinos, subordinados de Rótolo y Godoy, fueron condenados por “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre personas y organizaciones “en forma sistemática y habitual”. Ellos señalaron que lo hicieron cumpliendo órdenes.
(Fuente: Infojus)
El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada hasta 2006, escucharon atentamente este viernes durante más de cuatro horas las pruebas presentadas contra ellos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La querella pidió para cada uno de ellos una condena a dos años de prisión por haber ordenado el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut).
En el caso de Godoy pidieron que la condena sea de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos. Y para Rótolo que si bien podrá tener la condena en suspenso, sea obligado a cursar “estudios sobre derechos humanos y constitucionales en una institución pública” y a realizar, durante cuatro años, una actividad no remunerada en una institución de bien público”, señalando que podría ser en una de las que fueron vigiladas ilegalmente.
“Es el máximo de la pena prevista en el Código Penal, en el momento de los hechos”, explicó Rodrigo Borda, el abogado del CELS que presentó las pruebas ante el juez a cargo del debate, Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7. Y aclaró que “seguramente con el cambio legislativo actual”, en alusión a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia, “estaríamos hablando de una pena de 10 años, que es el máximo previsto”.
Pidieron además que los documentos de Inteligencia secuestrados en la base, cuando se inició esta investigación se envíen a la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan ser consultados "sobre todo por parte de quienes fueron víctimas”. Sin despegar la vista de la querella, Godoy siguió cada detalle de la acusación y tomó notas. A dos sillas de distancia, con los defensores sentados entre ellos, Rótolo hizo lo mismo. Ambos están acusados por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Inteligencia ilegal
Esta causa se inició en 2006, cuando el cabo Carlos Alegre envió un correo electrónico al CELS contando que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. El CELS y uno de los espiados, el abogado sureño Eduardo Hualpa, presentaron la denuncia penal.
En ese momento, la justicia federal de Chubut dispuso un allanamiento en la Base. Allí se encontraron documentos, carpetas, órdenes y seguimientos que tuvieron como foco a las organizaciones sociales de Chubut, pero también a funcionarios locales, provinciales y nacionales como la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, entre otros.
En esta audiencia, el abogado que integra la querella junto a su colega Lucía de la Vega, hizo una pormenorizada descripción de esos registros: hay seguimientos a las organizaciones que cada 24 de marzo se convocaban para denunciar el golpe, de referentes locales de las comunidades galesas, bolivianas e irlando-escosesas o de ciudadanos iraníes “observados” por “no hacer nada”, como indica uno de los informes. En esos documentos, por ejemplo, la “propaganda” era definida como “cualquier argumento o noticia que agrupada pretende influir en la Armada”.
En 2012, trece marinos, subordinados de Rótolo y Godoy, fueron condenados por “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre personas y organizaciones “en forma sistemática y habitual”. Ellos señalaron que lo hicieron cumpliendo órdenes.
(Fuente: Infojus)