El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la Jefatura de la Armada Argentina hasta 2006, escucharon atentamente ayer durante más de cuatro horas las pruebas presentadas contra ellos por el letrado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Rodrigo Borda, y por el fiscal federal Fernando Gélvez.
Ambos pidieron para cada uno de ellos una condena a dos años de prisión por haber ordenado el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew.
En el caso de Godoy pidieron que la condena sea de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos. Esto, más una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Además pidieron que Rótolo, si bien podrá tener la condena en suspenso, sea obligado durante cuatro años a cursar “estudios sobre derechos humanos y constitucionales en una institución pública”. También otros cuatro años para que haga una actividad no remunerada en una institución de bien público”, que podría ser en una de las que fueron vigiladas ilegalmente.
Pidieron además que los documentos de Inteligencia secuestrados en la Base, cuando se inició esta investigación se envíen a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan ser consultados “sobre todo por parte de quienes fueron víctimas”. También a la Presidente Cristina Fernández y a las Fuerzas Armadas.
Según informó Infojus, sin despegar la vista de la querella, Godoy siguió cada detalle de la acusación y tomó notas. A dos sillas de distancia, con los defensores sentados entre ellos, Rótolo hizo lo mismo. Ambos están acusados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
“Es el máximo de la pena prevista en el Código Penal, en el momento de los hechos”, explicó Borda, el abogado del CELS que junto con Gélvez presentó las pruebas ante el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7. Y aclaró que “seguramente con el cambio legislativo actual”, en alusión a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia, “estaríamos hablando de una pena de 10 años, que es el máximo previsto”.
Borda aseguró que el 90 por ciento de las tareas de inteligencia que realizó la Armada hasta 2006 fueron “ilícitas”, y que a la fuerza “no le interesó, sino que avaló” esas prácticas que están “prohibidas” por ley. Godoy y Rótolo “las conocían, pero no tenían la intención de modificarlas”. Esta práctica “constituye un peligrosísimo resabio de la dictadura militar”.
El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la Jefatura de la Armada Argentina hasta 2006, escucharon atentamente ayer durante más de cuatro horas las pruebas presentadas contra ellos por el letrado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Rodrigo Borda, y por el fiscal federal Fernando Gélvez.
Ambos pidieron para cada uno de ellos una condena a dos años de prisión por haber ordenado el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew.
En el caso de Godoy pidieron que la condena sea de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos. Esto, más una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Además pidieron que Rótolo, si bien podrá tener la condena en suspenso, sea obligado durante cuatro años a cursar “estudios sobre derechos humanos y constitucionales en una institución pública”. También otros cuatro años para que haga una actividad no remunerada en una institución de bien público”, que podría ser en una de las que fueron vigiladas ilegalmente.
Pidieron además que los documentos de Inteligencia secuestrados en la Base, cuando se inició esta investigación se envíen a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan ser consultados “sobre todo por parte de quienes fueron víctimas”. También a la Presidente Cristina Fernández y a las Fuerzas Armadas.
Según informó Infojus, sin despegar la vista de la querella, Godoy siguió cada detalle de la acusación y tomó notas. A dos sillas de distancia, con los defensores sentados entre ellos, Rótolo hizo lo mismo. Ambos están acusados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
“Es el máximo de la pena prevista en el Código Penal, en el momento de los hechos”, explicó Borda, el abogado del CELS que junto con Gélvez presentó las pruebas ante el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7. Y aclaró que “seguramente con el cambio legislativo actual”, en alusión a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia, “estaríamos hablando de una pena de 10 años, que es el máximo previsto”.
Borda aseguró que el 90 por ciento de las tareas de inteligencia que realizó la Armada hasta 2006 fueron “ilícitas”, y que a la fuerza “no le interesó, sino que avaló” esas prácticas que están “prohibidas” por ley. Godoy y Rótolo “las conocían, pero no tenían la intención de modificarlas”. Esta práctica “constituye un peligrosísimo resabio de la dictadura militar”.