Juicio por droga: piden 8 años

Es el caso de Playa Unión y alcanza a los 12 acusados. También solicitaron multas de hasta 4 mil pesos.

Ocultos. En primer plano, dos de los defensores; detrás, parte del grupo que es juzgado en la capital.
11 MAR 2015 - 20:48 | Actualizado

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

El fiscal federal Horacio Arranz pidió entre 4 y 8 años de prisión efectiva y multas que van de los 2 mil a los 4 mil pesos para los 12 acusados de comprar y vender droga en Playa Unión. Los jóvenes imputados escucharon el alegato en silencio y negando con la cabeza los argumentos del acusador.

A la mayoría se los hace responsables de comercio de estupefacientes, agravado por hacerlo a muy pocos metros de escuelas o centros de salud. Un caso, el de Silvio Moraga, es “doblemente agravado” ya que era policía al momento de los hechos.

Durante su extenso alegato en el Casino de Oficiales de la Unidad 6 de Rawson, el fiscal consideró probado que el grupo vendía droga que llegaba desde San Juan y Corrientes hasta Puerto Madryn, por el correo privado OCA.

Según su tesis, preferían retirar las cargas en la ciudad del Golfo y no en Rawson para evitar que los detectara alguien conocido. Y usaban documentos y nombres de terceros para identificar las encomiendas sin tener problemas.

Obligados

Como las defensas aseguraron durante todo el proceso que la investigación es nula porque no se avisó enseguida a ninguna autoridad judicial, Arranz defendió a la Policía: “Están obligados a investigar cualquier episodio sospechado de delito, incluso sin denuncias ni avisos al fiscal”.

El acusador repasó el cúmulo de CD´s con escuchas telefónicas, vigilancias y seguimientos policiales fotográficos, que según la causa detectaron presuntos “pasamanos” de droga y visitas muy cortas de gente en la casa de varios imputados, entrando y saliendo en segundos, un movimiento considerado típico del narcotráfico.

Ante los jueces Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli, el fiscal recordó que las cuestionadas intervenciones telefónicas “no fueron malinterpretadas ni inventadas”.

Independientes

Arranz aclaró -a favor de los acusados- que no se trata de una organización ni una asociación ilícita sino más bien de un entramado de “gente dedicada en forma independiente” al comercio de estupefacientes, pero con un proveedor común: Richard Mariño. “Es el nexo y la conexión entre todos, el gran distribuidor, y muchas veces perseguido porque parece que no paga sus deudas”, describió el fiscal.

Hubo ironías: para disimular que hablaban de droga, las escuchas incluían términos como “Fastix”, “cables” o “pintura”. Y Arranz se preguntó varias veces si los acusados “tenían ferretería”.

A la marihuana de peor calidad la llamaban “re lechuga”, por su bajo efecto narcótico. Un dato de color: el rallador que se halló oculto en un osito de peluche con cierre en la espalda.

En el caso de Moraga, Arranz advirtió que el expolicía aprovechaba su participación en la fuerza para avisarle al resto del grupo si habría allanamientos o procedimientos camineros sorpresivos, entre otra información reservada. También conseguía nombres para las encomiendas que buscaba en Madryn. Todo lo contrario de su deber pero a cambio de que le llenaran el tanque luego de cada viaje, o de que le regalaran un kilo de marihuana.

Detalle

Para Franco Díaz y Juan Fava, el fiscal pidió una pena de 8 años de prisión y 4 mil pesos de multa; para Silvio Moraga, 7 años de prisión y 3.500 pesos de multa, y para Gustavo y Nicolás Ivanovich, Bruno Vivanco y Martín Chingoleo Maese, 6 años de prisión y 3 mil pesos de multa.

Para Hernán Mongolini y Richard Mariño, el fiscal solicitó 5 años de prisión y 2.500 pesos de multa; para Maximiliano Chingoleo Maese, 4 años de prisión y 3 mil pesos de multa, y para Mauricio Ávila, 4 años de prisión y 2 mil pesos de multa. La única que no fue acusada de comercio sino de tenencia para venta fue Giovana Mongolini, para quien Arranz pidió 4 años de prisión y 2 mil pesos de multa.#

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Ocultos. En primer plano, dos de los defensores; detrás, parte del grupo que es juzgado en la capital.
11 MAR 2015 - 20:48

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

El fiscal federal Horacio Arranz pidió entre 4 y 8 años de prisión efectiva y multas que van de los 2 mil a los 4 mil pesos para los 12 acusados de comprar y vender droga en Playa Unión. Los jóvenes imputados escucharon el alegato en silencio y negando con la cabeza los argumentos del acusador.

A la mayoría se los hace responsables de comercio de estupefacientes, agravado por hacerlo a muy pocos metros de escuelas o centros de salud. Un caso, el de Silvio Moraga, es “doblemente agravado” ya que era policía al momento de los hechos.

Durante su extenso alegato en el Casino de Oficiales de la Unidad 6 de Rawson, el fiscal consideró probado que el grupo vendía droga que llegaba desde San Juan y Corrientes hasta Puerto Madryn, por el correo privado OCA.

Según su tesis, preferían retirar las cargas en la ciudad del Golfo y no en Rawson para evitar que los detectara alguien conocido. Y usaban documentos y nombres de terceros para identificar las encomiendas sin tener problemas.

Obligados

Como las defensas aseguraron durante todo el proceso que la investigación es nula porque no se avisó enseguida a ninguna autoridad judicial, Arranz defendió a la Policía: “Están obligados a investigar cualquier episodio sospechado de delito, incluso sin denuncias ni avisos al fiscal”.

El acusador repasó el cúmulo de CD´s con escuchas telefónicas, vigilancias y seguimientos policiales fotográficos, que según la causa detectaron presuntos “pasamanos” de droga y visitas muy cortas de gente en la casa de varios imputados, entrando y saliendo en segundos, un movimiento considerado típico del narcotráfico.

Ante los jueces Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli, el fiscal recordó que las cuestionadas intervenciones telefónicas “no fueron malinterpretadas ni inventadas”.

Independientes

Arranz aclaró -a favor de los acusados- que no se trata de una organización ni una asociación ilícita sino más bien de un entramado de “gente dedicada en forma independiente” al comercio de estupefacientes, pero con un proveedor común: Richard Mariño. “Es el nexo y la conexión entre todos, el gran distribuidor, y muchas veces perseguido porque parece que no paga sus deudas”, describió el fiscal.

Hubo ironías: para disimular que hablaban de droga, las escuchas incluían términos como “Fastix”, “cables” o “pintura”. Y Arranz se preguntó varias veces si los acusados “tenían ferretería”.

A la marihuana de peor calidad la llamaban “re lechuga”, por su bajo efecto narcótico. Un dato de color: el rallador que se halló oculto en un osito de peluche con cierre en la espalda.

En el caso de Moraga, Arranz advirtió que el expolicía aprovechaba su participación en la fuerza para avisarle al resto del grupo si habría allanamientos o procedimientos camineros sorpresivos, entre otra información reservada. También conseguía nombres para las encomiendas que buscaba en Madryn. Todo lo contrario de su deber pero a cambio de que le llenaran el tanque luego de cada viaje, o de que le regalaran un kilo de marihuana.

Detalle

Para Franco Díaz y Juan Fava, el fiscal pidió una pena de 8 años de prisión y 4 mil pesos de multa; para Silvio Moraga, 7 años de prisión y 3.500 pesos de multa, y para Gustavo y Nicolás Ivanovich, Bruno Vivanco y Martín Chingoleo Maese, 6 años de prisión y 3 mil pesos de multa.

Para Hernán Mongolini y Richard Mariño, el fiscal solicitó 5 años de prisión y 2.500 pesos de multa; para Maximiliano Chingoleo Maese, 4 años de prisión y 3 mil pesos de multa, y para Mauricio Ávila, 4 años de prisión y 2 mil pesos de multa. La única que no fue acusada de comercio sino de tenencia para venta fue Giovana Mongolini, para quien Arranz pidió 4 años de prisión y 2 mil pesos de multa.#


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