Droga en Playa Unión: para los defensores, las escuchas telefónicas son “inválidas e ilegales”
Los abogados de los 12 acusados bautizaron al caso como “La causa de las escuchas”. Dijeron que la Policía investigó por fuera de la ley y sin control judicial. Pidieron absoluciones para todos los imputados. Aseguraron que no hay nada de pruebas ,más allá de las intervenciones telefónicas.
Por Rolando Tobarez.
Los defensores de los 12 acusados por vender y comprar droga en Playa Unión bautizaron ayer al proceso como “La causa de las escuchas”. Es que advirtieron que la única evidencia contra los imputados son las intervenciones telefónicas “inválidas e ilegales” que ejecutó la Policía durante la primera parte de la pesquisa, en 2011, sin control judicial.
El defensor oficial Sergio Oribones fue más allá: “Darle bandera verde a la Policía no es casual sino que es el modo de investigar en esta zona”. Por eso, además de las absoluciones para todos, pidieron la nulidad de la causa. Los imputados enfrentan penas de entre 4 y 8 años.
Diego Martínez Zapata y Santiago Aguilera patrocinan a los hermanos Gustavo y Nicolás Ivanovich. Zapata –exfuncionario provincial- recordó una frase de un compañero del gabinete chubutense: “Cuando aparecían problemas decía que hay que hacer pan con la harina que hay. Y eso hizo Fiscalía, pan con la harina que había”.
Para estos defensores, el fiscal federal Horacio Arranz usó sólo las escuchas que le convenían, “con magro resultado”. Y explicaron que las charlas eran típicos pedidos para consumo personal de chicos que vivían solos. “No hay otra prueba que se una a las escuchas y por eso es descabellado”.
Google Maps
Recordaron que en los allanamientos no se halló nada. Y que no hay pruebas de “comercio” de droga ni de actividades cerca de escuelas o del Minihospital, dato que agravaría las condenas. “Todo lo que hicieron fue yuxtaponer Google Maps con las casas de los acusados. Así concluyeron que estaban cerca de escuelas”.
Zapata y Aguilera consideraron que los policías actuaron “en forma autónoma”. Ni siquiera se sabe cómo obtuvieron los números para las intervenciones telefónicas. “Fue una vigilancia ilegal, un modus operandi que debe ser sancionado; no hay escuchas que mencionen a terceros compradores y se violó la intimidad de todas las formas posibles”.
Fabián Gabalachis, defensor de Martín y Maximiliano Chingoleo Maese, coincidió con que el área Drogas Peligrosas “se inmiscuyó en la vida de los ciudadanos durante 9 meses y con resultados pobres”. Y aunque admitió que “la droga está presente y ronda en este juicio”, aclaró que para probar que hubo comercio “falta más evidencia, pero lamentablemente no hubo capacidad de investigación”.
En cuanto al lenguaje de las escuchas, como “gorra”, “lechuga” o “porro”, el penalista se preguntó: “¿Qué esperamos en un ámbito de consumidores? Están haciendo un esfuerzo por superar su adicción”. Explicó que no es suficiente con delinquir cerca de una escuela para que una condena se agrave: “Habría que determinar si era época de clases y en qué horario ocurrió, porque la proximidad sola no alcanza”.
Abdón Manyauix es el defensor de Mauricio Ávila. En su alegato ante el Tribunal Oral Federal precisó que en el expediente “no aparece ningún comprador y es una figura que debe estar para que haya delito”. Subrayó que las dosis secuestradas “no alcanzan ni para consumo personal”. Para validar las escuchas “faltan pericias de voz para saber si alguno es mi defendido”.
Arrepentido
A Silvio Moraga –expolicía- lo defienden Guillermo Hervida y Javier Reuter. “Está arrepentido y ya pidió perdón a los jueces y a su familia. Es adicto a la marihuana desde los 18 años pero jamás ofreció vender, sólo adquirió para consumo”.
Consideraron que fue “un atrevimiento” policial escuchar charlas ajenas y además interpretarlas, un trabajo que debió hacerse en el juicio. “Moraga merece el beneficio de la duda. No le alcanzaba para vivir y tenía tanta necesidad de plata que pedía que le llenen el tanque de nafta a cambio de viajar a Puerto Madryn; no parece algo habitual si comerciara droga”.
Aclararon que jamás adelantó el dato de ningún allanamiento, apenas le avisó a algún amigo sobre controles de alcoholemia en la ruta. Fue Reuter quien bautizó al caso como “la causa de las escuchas, que no se corroboraron con allanamientos y no sabe si los N.N. eran políticos o funcionarios”.
Mucho trecho
Oribones defiende a Bruno Vivanco, Richard Mariño, Franco Díaz, Juan Fava y Hernán Mongolini. A los jueces Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli les dijo que “en la investigación preliminar no hubo ningún control judicial; violaron la libertad privada al pedir intervenir teléfonos sólo para saber si hallaban algo”. Según su versión, no se sabe si eran sus celulares ni si eran sus voces.
Para el defensor oficial, el fiscal Arranz “pretende demostrar delitos sin ninguna descripción de cuándo y cómo sucedieron los delitos, cuando a las personas se las debe juzgar por hechos. Y como dice el viejo adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho”.
“Las escuchas son todo el anclaje que tiene el fiscal, pero son inválidas, nulas e ilegales. Este proceder no es casual, es el modo de investigar en esta zona: tener bandera verde”.
Plan familiar
Oribones consideró que la información que se recolectó puede ser una hipótesis inicial. “Pero de ninguna manera sirve para acusar, sino es una adivinanza y no sabemos de qué defendernos. Los mismos policías hacen las escuchas, las valoran, las interpretan y hacen conclusiones”.
“El fin no justifica medios y hay un deber ético del Estado. El fiscal no está obligado a pedir condenas”, concluyó.
A los alegatos los cerró el defensor de Giovana Mongolini, Carlos Conti. “Hubo un plan de mortificación familiar contra los Mongolini y un comisario amenazó a Hernán con meter presa a toda su familia. Querían que se haga cargo de algo y le tocó a su hija como pudo tocarle a cualquiera”, denunció.#
Por Rolando Tobarez.
Los defensores de los 12 acusados por vender y comprar droga en Playa Unión bautizaron ayer al proceso como “La causa de las escuchas”. Es que advirtieron que la única evidencia contra los imputados son las intervenciones telefónicas “inválidas e ilegales” que ejecutó la Policía durante la primera parte de la pesquisa, en 2011, sin control judicial.
El defensor oficial Sergio Oribones fue más allá: “Darle bandera verde a la Policía no es casual sino que es el modo de investigar en esta zona”. Por eso, además de las absoluciones para todos, pidieron la nulidad de la causa. Los imputados enfrentan penas de entre 4 y 8 años.
Diego Martínez Zapata y Santiago Aguilera patrocinan a los hermanos Gustavo y Nicolás Ivanovich. Zapata –exfuncionario provincial- recordó una frase de un compañero del gabinete chubutense: “Cuando aparecían problemas decía que hay que hacer pan con la harina que hay. Y eso hizo Fiscalía, pan con la harina que había”.
Para estos defensores, el fiscal federal Horacio Arranz usó sólo las escuchas que le convenían, “con magro resultado”. Y explicaron que las charlas eran típicos pedidos para consumo personal de chicos que vivían solos. “No hay otra prueba que se una a las escuchas y por eso es descabellado”.
Google Maps
Recordaron que en los allanamientos no se halló nada. Y que no hay pruebas de “comercio” de droga ni de actividades cerca de escuelas o del Minihospital, dato que agravaría las condenas. “Todo lo que hicieron fue yuxtaponer Google Maps con las casas de los acusados. Así concluyeron que estaban cerca de escuelas”.
Zapata y Aguilera consideraron que los policías actuaron “en forma autónoma”. Ni siquiera se sabe cómo obtuvieron los números para las intervenciones telefónicas. “Fue una vigilancia ilegal, un modus operandi que debe ser sancionado; no hay escuchas que mencionen a terceros compradores y se violó la intimidad de todas las formas posibles”.
Fabián Gabalachis, defensor de Martín y Maximiliano Chingoleo Maese, coincidió con que el área Drogas Peligrosas “se inmiscuyó en la vida de los ciudadanos durante 9 meses y con resultados pobres”. Y aunque admitió que “la droga está presente y ronda en este juicio”, aclaró que para probar que hubo comercio “falta más evidencia, pero lamentablemente no hubo capacidad de investigación”.
En cuanto al lenguaje de las escuchas, como “gorra”, “lechuga” o “porro”, el penalista se preguntó: “¿Qué esperamos en un ámbito de consumidores? Están haciendo un esfuerzo por superar su adicción”. Explicó que no es suficiente con delinquir cerca de una escuela para que una condena se agrave: “Habría que determinar si era época de clases y en qué horario ocurrió, porque la proximidad sola no alcanza”.
Abdón Manyauix es el defensor de Mauricio Ávila. En su alegato ante el Tribunal Oral Federal precisó que en el expediente “no aparece ningún comprador y es una figura que debe estar para que haya delito”. Subrayó que las dosis secuestradas “no alcanzan ni para consumo personal”. Para validar las escuchas “faltan pericias de voz para saber si alguno es mi defendido”.
Arrepentido
A Silvio Moraga –expolicía- lo defienden Guillermo Hervida y Javier Reuter. “Está arrepentido y ya pidió perdón a los jueces y a su familia. Es adicto a la marihuana desde los 18 años pero jamás ofreció vender, sólo adquirió para consumo”.
Consideraron que fue “un atrevimiento” policial escuchar charlas ajenas y además interpretarlas, un trabajo que debió hacerse en el juicio. “Moraga merece el beneficio de la duda. No le alcanzaba para vivir y tenía tanta necesidad de plata que pedía que le llenen el tanque de nafta a cambio de viajar a Puerto Madryn; no parece algo habitual si comerciara droga”.
Aclararon que jamás adelantó el dato de ningún allanamiento, apenas le avisó a algún amigo sobre controles de alcoholemia en la ruta. Fue Reuter quien bautizó al caso como “la causa de las escuchas, que no se corroboraron con allanamientos y no sabe si los N.N. eran políticos o funcionarios”.
Mucho trecho
Oribones defiende a Bruno Vivanco, Richard Mariño, Franco Díaz, Juan Fava y Hernán Mongolini. A los jueces Pedro de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli les dijo que “en la investigación preliminar no hubo ningún control judicial; violaron la libertad privada al pedir intervenir teléfonos sólo para saber si hallaban algo”. Según su versión, no se sabe si eran sus celulares ni si eran sus voces.
Para el defensor oficial, el fiscal Arranz “pretende demostrar delitos sin ninguna descripción de cuándo y cómo sucedieron los delitos, cuando a las personas se las debe juzgar por hechos. Y como dice el viejo adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho”.
“Las escuchas son todo el anclaje que tiene el fiscal, pero son inválidas, nulas e ilegales. Este proceder no es casual, es el modo de investigar en esta zona: tener bandera verde”.
Plan familiar
Oribones consideró que la información que se recolectó puede ser una hipótesis inicial. “Pero de ninguna manera sirve para acusar, sino es una adivinanza y no sabemos de qué defendernos. Los mismos policías hacen las escuchas, las valoran, las interpretan y hacen conclusiones”.
“El fin no justifica medios y hay un deber ético del Estado. El fiscal no está obligado a pedir condenas”, concluyó.
A los alegatos los cerró el defensor de Giovana Mongolini, Carlos Conti. “Hubo un plan de mortificación familiar contra los Mongolini y un comisario amenazó a Hernán con meter presa a toda su familia. Querían que se haga cargo de algo y le tocó a su hija como pudo tocarle a cualquiera”, denunció.#