Detuvieron en Viedma a juez acusado por corrupción de menores
El juez de la Cámara Penal de Viedma Juan Bernardi quedó detenido hoy, procesado por los delitos de corrupción de menores y facilitación de la prostitución, después de que el Consejo de la Magistratura de Río Negro aprobara el pedido de desafuero en el marco de la causa que investiga el abuso de adolescentes alojadas en un centro que depende del Ministerio de Desarrollo provincial.
La resolución del Consejo de la Magistratura se adoptó por mayoría, con los votos favorables de los representantes de los colegios de abogados, de la Legislatura, y del fuero penal.
Se abstuvo de votar la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, quien consideró que debía darse traslado previo al imputado para que pudiera ejercer su defensa.
“Esta es una situación inédita en los 30 años que llevo en el poder judicial, porque antes no hemos tenido casos con jueces con pedido de prisión preventiva”, afirmó la magistrada en declaraciones a Télam.
Añadió que “es una situación particular respecto de la que se ha venido actuando en tiempo y forma sin ningún tipo de dilación ni privilegio”.
Este mediodía, una hora después que se resolviera el desafuero, el ex magistrado se presentó espontáneamente en la unidad regional uno de Viedma y quedó detenido.
Desde la semana anterior, en el mismo lugar y procesado en la misma causa se encuentra detenido Julio Antueque, cuidador de la casa quinta de Bernadi, en donde se habrían producido los actos de corrupción de menores.
La investigación, que lleva más de siete meses, comenzó ante la denuncia de la madre de una joven alojada en el Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia (Caina), que funciona en Viedma bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo provincial.
Según el auto dictado el martes pasado, “se atribuye a Antueque haber sido quien en varias oportunidades facilitó el acercamiento de una menor de 17 años de edad, quien ejercía la prostitución, al domicilio de Bernardi, ubicado en la chacra del kilómetro 16 de la ruta uno (en las afueras de Viedma) a los fines de que el juez mantuviera con ella relaciones sexuales con acceso carnal a cambio de la entrega de dinero y de otros bienes de valor”.
“A Bernardi se le atribuye haber sido quien en su domicilio habría mantenido en varias oportunidades, no menos de dos, relaciones sexuales con acceso carnal con la misma menor, actos tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de la menor y promover su ejercicio en la prostitución”, añade el dictamen del juez Igoldi.
Un grupo de vecinos autoconvocados por los derechos de los niños, que asistió esta mañana a la sesión del Consejo de la Magistratura, se retiró con expresiones de satisfacción acerca de la resolución adoptada.
“Nosotros venimos pidiendo garantías y esta es una acción que va en esa línea” opinó Eugenia Cattáneo como vocero del grupo, en declaraciones a Télam.
Agregó que “esto tiene que ver con el ejercicio de la justicia, las garantías para todos. La abstención de la jueza es coherente con lo que argumentó, pero nos sorprendió que su postura fuera desbaratada por los consejeros”.
La resolución del Consejo de la Magistratura se adoptó por mayoría, con los votos favorables de los representantes de los colegios de abogados, de la Legislatura, y del fuero penal.
Se abstuvo de votar la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, quien consideró que debía darse traslado previo al imputado para que pudiera ejercer su defensa.
“Esta es una situación inédita en los 30 años que llevo en el poder judicial, porque antes no hemos tenido casos con jueces con pedido de prisión preventiva”, afirmó la magistrada en declaraciones a Télam.
Añadió que “es una situación particular respecto de la que se ha venido actuando en tiempo y forma sin ningún tipo de dilación ni privilegio”.
Este mediodía, una hora después que se resolviera el desafuero, el ex magistrado se presentó espontáneamente en la unidad regional uno de Viedma y quedó detenido.
Desde la semana anterior, en el mismo lugar y procesado en la misma causa se encuentra detenido Julio Antueque, cuidador de la casa quinta de Bernadi, en donde se habrían producido los actos de corrupción de menores.
La investigación, que lleva más de siete meses, comenzó ante la denuncia de la madre de una joven alojada en el Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia (Caina), que funciona en Viedma bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo provincial.
Según el auto dictado el martes pasado, “se atribuye a Antueque haber sido quien en varias oportunidades facilitó el acercamiento de una menor de 17 años de edad, quien ejercía la prostitución, al domicilio de Bernardi, ubicado en la chacra del kilómetro 16 de la ruta uno (en las afueras de Viedma) a los fines de que el juez mantuviera con ella relaciones sexuales con acceso carnal a cambio de la entrega de dinero y de otros bienes de valor”.
“A Bernardi se le atribuye haber sido quien en su domicilio habría mantenido en varias oportunidades, no menos de dos, relaciones sexuales con acceso carnal con la misma menor, actos tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de la menor y promover su ejercicio en la prostitución”, añade el dictamen del juez Igoldi.
Un grupo de vecinos autoconvocados por los derechos de los niños, que asistió esta mañana a la sesión del Consejo de la Magistratura, se retiró con expresiones de satisfacción acerca de la resolución adoptada.
“Nosotros venimos pidiendo garantías y esta es una acción que va en esa línea” opinó Eugenia Cattáneo como vocero del grupo, en declaraciones a Télam.
Agregó que “esto tiene que ver con el ejercicio de la justicia, las garantías para todos. La abstención de la jueza es coherente con lo que argumentó, pero nos sorprendió que su postura fuera desbaratada por los consejeros”.