Europa y EEUU cuestionan pena de muerte para el expresidente egipcio
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, calificó al fallo de ayer que condenó a muerte al derrocado presidente islamista egipcio, Mohamed Mursi, como algo "malo para la justicia y malo para Egipto", mientras que funcionarios de Estados Unidos reconocieron estar "preocupados" por la decisión judicial.
Como ya lo habían hecho organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Schulz destacó que tanto Mursi como los otros cientos de dirigentes y simpatizantes de la Hermandad Musulmana condenados a la pena capital "tienen derecho a un juicio justo como cualquier otro ciudadano", según escribió en su Twitter y reprodujo la agencia de noticias EFE.
Por su parte, dos funcionarios del Departamento de Estado hablaron con medios internacionales y se mostraron "preocupados" por una nueva condena a muerte de un líder de la Hermandad Musulmana, la organización islamista conservada que concentró la represión policial y la persecución policial después del golpe de Estado del 3 de julio de 2013 contra Mursi.
Ayer el mandatario derrocado fue condenado a muerte, junto a otros 105 miembros de la organización islamista conservadora Hermandad Musulmanas, por escapar de la cárcel de Wadi Natrun durante el levantamiento popular de 2011 que terminó con el derrocamiento del otrora todopoderoso, Hosni Mubarak.
Según la acusación, básicamente construida por los testimonios de las mismas fuerzas de seguridad que participaron del golpe contra él hace dos años, Mursi y el resto de los dirigentes y militantes islamistas pudieron escapar gracias a la supuesta ayuda de combatientes del movimiento palestino Hamas y de la organización libanesa chiíta Hezbollah.
Como es habitual en Egipto, el fallo será remitido al muftí -máxima autoridad religiosa del país- que emitirá un dictamen no vinculante, antes de que el tribunal pronuncie su fallo definitivo, el próximo 2 de junio.
Ese mismo día, el Tribunal Penal de El Cairo dictará también su sentencia contra el ex presidente egipcio, quien hace tres semana había sido condenado a 20 años de cárcel por haber reprimido una protesta social durante su año de mandato, en un caso de espionaje y colaboración con el movimiento palestino Hamas.
Mientras los líderes del gobierno de Mursi y más de 1.000 dirigentes y militantes islamistas acumulan importantes penas de prisión o hasta condenas de muerte, Mubarak y los referentes de su época que habían sido detenidos y acusados por corrupción y represión, principalmente, están obteniendo penas leves.
Hoy fueron ejecutados seis hombres que habían sido condenados a pena de muerte por el asesinato de siete soldados en dos ataques en marzo de 2014 y de otros dos durante el ataque del Ejército a su escondite, ese mismo mes.
Supuestamente eran miembros de Ansar Beit al Maqdis, una organización yihadista responsable de un gran número de ataques contra las fuerzas de seguridad egipcias desde el derrocamiento de Mursi en 2013 y una milicia vinculada al Estado Islámico desde finales de 2014.
A principios de año fue ejecutado un seguidor de Mursi por la muerte de un joven opositor al ex presidente durante la ola de violencia desatada por la represión policial y militar tras el derrocamiento del mandatario islamista.
Como ya lo habían hecho organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Schulz destacó que tanto Mursi como los otros cientos de dirigentes y simpatizantes de la Hermandad Musulmana condenados a la pena capital "tienen derecho a un juicio justo como cualquier otro ciudadano", según escribió en su Twitter y reprodujo la agencia de noticias EFE.
Por su parte, dos funcionarios del Departamento de Estado hablaron con medios internacionales y se mostraron "preocupados" por una nueva condena a muerte de un líder de la Hermandad Musulmana, la organización islamista conservada que concentró la represión policial y la persecución policial después del golpe de Estado del 3 de julio de 2013 contra Mursi.
Ayer el mandatario derrocado fue condenado a muerte, junto a otros 105 miembros de la organización islamista conservadora Hermandad Musulmanas, por escapar de la cárcel de Wadi Natrun durante el levantamiento popular de 2011 que terminó con el derrocamiento del otrora todopoderoso, Hosni Mubarak.
Según la acusación, básicamente construida por los testimonios de las mismas fuerzas de seguridad que participaron del golpe contra él hace dos años, Mursi y el resto de los dirigentes y militantes islamistas pudieron escapar gracias a la supuesta ayuda de combatientes del movimiento palestino Hamas y de la organización libanesa chiíta Hezbollah.
Como es habitual en Egipto, el fallo será remitido al muftí -máxima autoridad religiosa del país- que emitirá un dictamen no vinculante, antes de que el tribunal pronuncie su fallo definitivo, el próximo 2 de junio.
Ese mismo día, el Tribunal Penal de El Cairo dictará también su sentencia contra el ex presidente egipcio, quien hace tres semana había sido condenado a 20 años de cárcel por haber reprimido una protesta social durante su año de mandato, en un caso de espionaje y colaboración con el movimiento palestino Hamas.
Mientras los líderes del gobierno de Mursi y más de 1.000 dirigentes y militantes islamistas acumulan importantes penas de prisión o hasta condenas de muerte, Mubarak y los referentes de su época que habían sido detenidos y acusados por corrupción y represión, principalmente, están obteniendo penas leves.
Hoy fueron ejecutados seis hombres que habían sido condenados a pena de muerte por el asesinato de siete soldados en dos ataques en marzo de 2014 y de otros dos durante el ataque del Ejército a su escondite, ese mismo mes.
Supuestamente eran miembros de Ansar Beit al Maqdis, una organización yihadista responsable de un gran número de ataques contra las fuerzas de seguridad egipcias desde el derrocamiento de Mursi en 2013 y una milicia vinculada al Estado Islámico desde finales de 2014.
A principios de año fue ejecutado un seguidor de Mursi por la muerte de un joven opositor al ex presidente durante la ola de violencia desatada por la represión policial y militar tras el derrocamiento del mandatario islamista.