Caso Castaño: 5 policías imputados por el joven que murió quemado en un calabozo en Trelew
La mañana del 7 de febrero de este año, la celda de Mauro Castaño en la Seccional Primera se convirtió en un horno que ardió a 166 grados en apenas cuatro minutos. Detalles de la investigación.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El joven, preso por contraventor en la Comisaría 1ª de Trelew, sobrevivió 10 días gracias a su físico de boxeador. En ese calabozo en llamas cualquier otro muchacho hubiese muerto en el instante. Castaño sufrió quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo y agonizó hasta el 17 de febrero.
El único imputado era Darío Guzmán, otro preso. Le imputan haber encendido el fuego en el colchón de un indefenso Castaño. Pero ahora se suman 5 policías: un subcomisario y un agente, acusados por abandono de persona y violación de deberes de funcionario público, más dos cabos primeros y un oficial inspector, por violación de deberes. La fiscal Silvia Pereira ya pidió la apertura de investigación para los uniformados.
El episodio ocurrió entre las 8.30 y las 9.45. Castaño estaba solo en su celda cerrada, separado de otros 9 presos comunes por delitos graves. Sólo los unía un respiradero. El grupo grande estaba liberado en un patio común. Insulto va, insulto viene, iniciaron una pelea verbal por rivalidades de barrio con el contraventor.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, tras una hora de griterío, Guzmán se subió a un balde plástico blanco y arrojó por el respiradero, como si fuera una bengala, un papel de diario encendido. Las pericias indicaron que por medir 1,88, era el único preso que en puntas de pie pudo llegar al agujero, ubicado a 2 metros y medio en la pared.
El papel en llamas cayó sobre el colchón, que ardió fácil y rápido, alimentado por el aire, las botellas plásticas y los restos de tela. Una requisa había hallado antes once encendedores, prohibidos para los internos. Ninguno de Castaño: está probado que él no pudo encender el fuego
Todo esto sucedió –según la acusación- sin que los policías hicieran lo que debían, ni siquiera intentar calmar los ánimos. De cuatro cámaras de seguridad funcionaban 3, que les mostraban qué sucedía en el pabellón y filmaron buena parte del episodio.Hay 6 celdas para presos comunes y una de contraventores.
Castaño fue hallado en su celda de 3 x 3, desnudo, sentado y arrinconado en la cabecera de la cucheta inferior. Cuando por fin los agentes lo rescataron debió correr sobre el material encendido. Dejó marcas de sangre y de la piel desprendida de la palma de sus manos pegada en las cuchetas, en su desesperación por escapar.
Los investigadores ya saben que el colchón no era ignífugo. En el mejor de los casos, su superficie estaba impregnada con una sustancia que retarda el fuego. Este tratamiento especial se diluye con dos lavados normales de agua y jabón. Si estaba roto, como sucede en cualquier cárcel, peor: su interior es combustible, común y corriente, 70 por ciento poliéster y el resto, algodón.
Era parte de una promocionada compra del Gobierno provincial, que en 2013 adquirió 450 colchones al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias de Coronda, Santa Fe. Fiscalía calculó que en promedio, cada colchón valió 300 pesos, cuando un material ignífugo genuino hubiese costado unos 3.000.
Los peritos de la Policía Federal deslizaron que el vendedor debió informar qué material real ofrecía, teniendo en cuenta que se usaría en una cárcel y podía haber incidentes como el que mató a Castaño. El fuego se encendió tan fácil y se propagó tan rápido sobre el colchón que la sustancia retardadora no actuó o el material estaba lavado y no se repuso la aplicación del producto. La hipótesis más comprometedora es que nunca haya recibido dicho tratamiento.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El joven, preso por contraventor en la Comisaría 1ª de Trelew, sobrevivió 10 días gracias a su físico de boxeador. En ese calabozo en llamas cualquier otro muchacho hubiese muerto en el instante. Castaño sufrió quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo y agonizó hasta el 17 de febrero.
El único imputado era Darío Guzmán, otro preso. Le imputan haber encendido el fuego en el colchón de un indefenso Castaño. Pero ahora se suman 5 policías: un subcomisario y un agente, acusados por abandono de persona y violación de deberes de funcionario público, más dos cabos primeros y un oficial inspector, por violación de deberes. La fiscal Silvia Pereira ya pidió la apertura de investigación para los uniformados.
El episodio ocurrió entre las 8.30 y las 9.45. Castaño estaba solo en su celda cerrada, separado de otros 9 presos comunes por delitos graves. Sólo los unía un respiradero. El grupo grande estaba liberado en un patio común. Insulto va, insulto viene, iniciaron una pelea verbal por rivalidades de barrio con el contraventor.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, tras una hora de griterío, Guzmán se subió a un balde plástico blanco y arrojó por el respiradero, como si fuera una bengala, un papel de diario encendido. Las pericias indicaron que por medir 1,88, era el único preso que en puntas de pie pudo llegar al agujero, ubicado a 2 metros y medio en la pared.
El papel en llamas cayó sobre el colchón, que ardió fácil y rápido, alimentado por el aire, las botellas plásticas y los restos de tela. Una requisa había hallado antes once encendedores, prohibidos para los internos. Ninguno de Castaño: está probado que él no pudo encender el fuego
Todo esto sucedió –según la acusación- sin que los policías hicieran lo que debían, ni siquiera intentar calmar los ánimos. De cuatro cámaras de seguridad funcionaban 3, que les mostraban qué sucedía en el pabellón y filmaron buena parte del episodio.Hay 6 celdas para presos comunes y una de contraventores.
Castaño fue hallado en su celda de 3 x 3, desnudo, sentado y arrinconado en la cabecera de la cucheta inferior. Cuando por fin los agentes lo rescataron debió correr sobre el material encendido. Dejó marcas de sangre y de la piel desprendida de la palma de sus manos pegada en las cuchetas, en su desesperación por escapar.
Los investigadores ya saben que el colchón no era ignífugo. En el mejor de los casos, su superficie estaba impregnada con una sustancia que retarda el fuego. Este tratamiento especial se diluye con dos lavados normales de agua y jabón. Si estaba roto, como sucede en cualquier cárcel, peor: su interior es combustible, común y corriente, 70 por ciento poliéster y el resto, algodón.
Era parte de una promocionada compra del Gobierno provincial, que en 2013 adquirió 450 colchones al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias de Coronda, Santa Fe. Fiscalía calculó que en promedio, cada colchón valió 300 pesos, cuando un material ignífugo genuino hubiese costado unos 3.000.
Los peritos de la Policía Federal deslizaron que el vendedor debió informar qué material real ofrecía, teniendo en cuenta que se usaría en una cárcel y podía haber incidentes como el que mató a Castaño. El fuego se encendió tan fácil y se propagó tan rápido sobre el colchón que la sustancia retardadora no actuó o el material estaba lavado y no se repuso la aplicación del producto. La hipótesis más comprometedora es que nunca haya recibido dicho tratamiento.