Viedma: confirman proceso a juez por corrupción de menores
La Cámara Penal de Viedma, compuesta por miembros suplentes, confirmó el procesamiento del juez Juan Bernardi, hasta ahora vocal titular de ese tribunal pero suspendido en funciones, bajo el cargo de "promoción de la corrupción de menores", en el marco de una investigación iniciada hace nueve meses.
La misma resolución ratificó el procesamiento de Julio Antueque, cuidador de la casa quinta de Bernardi, en donde se habrían realizado los encuentros sexuales entre el juez imputado y una menor.
El magistrado estuvo detenido 50 días bajo la prisión preventiva que le impuso el juez de la causa, Fabio Igoldi, hasta que la cámara le concedió el beneficio de la excarcelación, a principios de la semana anterior; en cambio, su empleado sigue preso porque tiene antecedentes penales.
Los jueces subrogantes de la cámara, María Luján Ignazi, Gustavo Guerra Labayén y Rolando Gaitán consideraron que “se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente que la menor C. (entonces de 17 años) tenía relaciones sexuales a cambio de dinero u otros bienes (celulares, zapatillas, etc.), como asimismo que existieron contactos, e inclusive reuniones, entre la nombrada y Bernardi, facilitados e instados por Antueque".
“Ello, unido a las declaraciones de varios testigos respecto de la existencia de relación sexual entre la víctima y Bernardi, se erigen como indicios suficientes, en este estado del proceso -donde sólo se exige la constatación de una eventualidad- para presumir la materialidad de los hechos inicialmente enrostrados a los imputados", añade el dictamen del tribunal.
"Gran parte del complejo probatorio analizado y sopesado para considerar la existencia de indicios suficientes respecto del trato sexual entre Bernardi y la menor víctima sirven de sustento para indicar a Antueque como el sujeto convocante y quien facilitaba las reuniones entre ambos", puntualiza también la resolución.
Si bien quedó desestimada la acusación penal de "promoción de la prostitución de una menor de edad", el fallo sostiene que "no caben dudas de que los actos ejecutados han constituido un escalón más en la corrupción de la menor, aun cuando se aceptara la tesis de que estaba ya iniciada en el vicio”.
“Indudablemente, la edad de la víctima (17 años) nos aleja de la visión de actos prematuros, pero no quebranta la idea de que, para satisfacer su apetencia sexual con la menor, el imputado le ofreció compensación económica, reafirmando en ella no sólo la idea ya establecida de que la relación sexual puede ser materia de intercambio de bienes (como dinero o droga), sino logrando destruir su presunta resistencia inicial", agrega la resolución.
Por otra parte, el fiscal de la causa, Juan Puntel, solicitó al juez Igoldi el llamado a indagatoria a otras cinco personas –cuatro varones y una mujer- como sospechosas de partícipes en los abusos sexuales contra jóvenes alojadas en un hogar para menores bajo guarda judicial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
En forma paralela a estas actuaciones se informó que concluyó el sumario dispuesto por el Consejo de la Magistratura y que mañana, en reunión plenaria, se analizará si están dadas las condiciones para iniciar el jury que pudiese dar lugar a la destitución de Bernardi, actualmente suspendido por el mismo cuerpo.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre por la denuncia de la madre de la menor presuntamente abusada por el juez.
El caso se mantuvo en reserva hasta el mes de marzo y tras producirse la indagatoria de los dos acusados se conformó un grupo de Vecinos Autoconvocados que ha realizado varias movilizaciones en reclamo de la mayor celeridad en las resoluciones de la justicia.
La misma resolución ratificó el procesamiento de Julio Antueque, cuidador de la casa quinta de Bernardi, en donde se habrían realizado los encuentros sexuales entre el juez imputado y una menor.
El magistrado estuvo detenido 50 días bajo la prisión preventiva que le impuso el juez de la causa, Fabio Igoldi, hasta que la cámara le concedió el beneficio de la excarcelación, a principios de la semana anterior; en cambio, su empleado sigue preso porque tiene antecedentes penales.
Los jueces subrogantes de la cámara, María Luján Ignazi, Gustavo Guerra Labayén y Rolando Gaitán consideraron que “se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente que la menor C. (entonces de 17 años) tenía relaciones sexuales a cambio de dinero u otros bienes (celulares, zapatillas, etc.), como asimismo que existieron contactos, e inclusive reuniones, entre la nombrada y Bernardi, facilitados e instados por Antueque".
“Ello, unido a las declaraciones de varios testigos respecto de la existencia de relación sexual entre la víctima y Bernardi, se erigen como indicios suficientes, en este estado del proceso -donde sólo se exige la constatación de una eventualidad- para presumir la materialidad de los hechos inicialmente enrostrados a los imputados", añade el dictamen del tribunal.
"Gran parte del complejo probatorio analizado y sopesado para considerar la existencia de indicios suficientes respecto del trato sexual entre Bernardi y la menor víctima sirven de sustento para indicar a Antueque como el sujeto convocante y quien facilitaba las reuniones entre ambos", puntualiza también la resolución.
Si bien quedó desestimada la acusación penal de "promoción de la prostitución de una menor de edad", el fallo sostiene que "no caben dudas de que los actos ejecutados han constituido un escalón más en la corrupción de la menor, aun cuando se aceptara la tesis de que estaba ya iniciada en el vicio”.
“Indudablemente, la edad de la víctima (17 años) nos aleja de la visión de actos prematuros, pero no quebranta la idea de que, para satisfacer su apetencia sexual con la menor, el imputado le ofreció compensación económica, reafirmando en ella no sólo la idea ya establecida de que la relación sexual puede ser materia de intercambio de bienes (como dinero o droga), sino logrando destruir su presunta resistencia inicial", agrega la resolución.
Por otra parte, el fiscal de la causa, Juan Puntel, solicitó al juez Igoldi el llamado a indagatoria a otras cinco personas –cuatro varones y una mujer- como sospechosas de partícipes en los abusos sexuales contra jóvenes alojadas en un hogar para menores bajo guarda judicial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
En forma paralela a estas actuaciones se informó que concluyó el sumario dispuesto por el Consejo de la Magistratura y que mañana, en reunión plenaria, se analizará si están dadas las condiciones para iniciar el jury que pudiese dar lugar a la destitución de Bernardi, actualmente suspendido por el mismo cuerpo.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre por la denuncia de la madre de la menor presuntamente abusada por el juez.
El caso se mantuvo en reserva hasta el mes de marzo y tras producirse la indagatoria de los dos acusados se conformó un grupo de Vecinos Autoconvocados que ha realizado varias movilizaciones en reclamo de la mayor celeridad en las resoluciones de la justicia.