En su alegato, el fiscal Daniel Báez le pidió al tribunal que destituya al defensor público Sergio Rey por mal desempeño. “Que Rey y sus métodos sigan su camino pero no dentro de la justicia”, exigió.
“Quizás crean que este es un juicio más pero no es así –deslizó-. De vez en cuando, la naturaleza humana es sometida a juicio: la ética, la integridad, la equidad, la justicia, la decencia. Y ustedes como jueces juzgarán correctamente en nombre de esos principios -le dijo al tribunal-. Por ello solicito que lo destituyan”.
Dos caras
En referencia a los testigos que alabaron al funcionario, cuestionado por pedir 50 mil pesos para cerrar una causa contra Gómez, el fiscal solicitó: “Juzguen a Rey por lo que ha hecho, no por su trayectoria porque no es lo que se juzga”.
“¿Es Rey ese hombre aplicado y bondadoso o el apretador que aparece en las grabaciones?”, se preguntó.
Para Báez, las cinco filmaciones que se reprodujeron ayer en la sala “son concluyentes en cuanto a que fue Rey quien propició el acuerdo. Más grave aún, se refleja que el acuerdo era para favorecer a Gómez en perjuicio de las víctimas”.
Irrisorio
Además, “son elocuentes las presiones sobre Gómez para que aceptara el acuerdo haciendo gala de las influencias sobre otros funcionarios”, indicó el fiscal jefe de Puerto Madryn, quien criticó “el monto de 35 mil pesos, irrisorio a la luz de los daños que las víctimas describieron en la audiencia”.
Luego de que Rey dijera que sus dichos buscaron “un fin noble”, Báez replicó que “el fin no justifica los medios y en el Poder Judicial hay cosas que no se pueden hacer y que están prohibidas”.
Recordó que además de las familias Chingoleo y Paillacura –que cobrarían el dinero de Gómez-, hubo otros vecinos del barrio Tiro Federal de Trelew, víctimas del GEOP, que no tenían idea del acuerdo, como los Maripán, los Lara y los Cornejo. “Ellos dijeron acá que no querían plata, querían justicia, y no son menos víctimas que el resto. No hubo una estrategia de reparación integral”.
Un día antes
En este escenario, el fiscal consideró que la reparación que propició Rey era “ilegal y perjudicial para las familias; el defensor presionó a Gómez para que aceptara justo un día antes del juicio”.
Los funcionarios judiciales mencionados en las grabaciones “lucieron como influenciables y temerosos. ¿Esa era la estrategia? Porque en realidad el acuerdo perjudicaba a las víctimas, que no obtenían una mínima respuesta del sistema de justicia, y favorecía a Gómez, que salía con un legajo limpio. ¿No será que era para sacarse de encima a las familias en lugar de pensar en ellas?”.
En su alegato, el fiscal Daniel Báez le pidió al tribunal que destituya al defensor público Sergio Rey por mal desempeño. “Que Rey y sus métodos sigan su camino pero no dentro de la justicia”, exigió.
“Quizás crean que este es un juicio más pero no es así –deslizó-. De vez en cuando, la naturaleza humana es sometida a juicio: la ética, la integridad, la equidad, la justicia, la decencia. Y ustedes como jueces juzgarán correctamente en nombre de esos principios -le dijo al tribunal-. Por ello solicito que lo destituyan”.
Dos caras
En referencia a los testigos que alabaron al funcionario, cuestionado por pedir 50 mil pesos para cerrar una causa contra Gómez, el fiscal solicitó: “Juzguen a Rey por lo que ha hecho, no por su trayectoria porque no es lo que se juzga”.
“¿Es Rey ese hombre aplicado y bondadoso o el apretador que aparece en las grabaciones?”, se preguntó.
Para Báez, las cinco filmaciones que se reprodujeron ayer en la sala “son concluyentes en cuanto a que fue Rey quien propició el acuerdo. Más grave aún, se refleja que el acuerdo era para favorecer a Gómez en perjuicio de las víctimas”.
Irrisorio
Además, “son elocuentes las presiones sobre Gómez para que aceptara el acuerdo haciendo gala de las influencias sobre otros funcionarios”, indicó el fiscal jefe de Puerto Madryn, quien criticó “el monto de 35 mil pesos, irrisorio a la luz de los daños que las víctimas describieron en la audiencia”.
Luego de que Rey dijera que sus dichos buscaron “un fin noble”, Báez replicó que “el fin no justifica los medios y en el Poder Judicial hay cosas que no se pueden hacer y que están prohibidas”.
Recordó que además de las familias Chingoleo y Paillacura –que cobrarían el dinero de Gómez-, hubo otros vecinos del barrio Tiro Federal de Trelew, víctimas del GEOP, que no tenían idea del acuerdo, como los Maripán, los Lara y los Cornejo. “Ellos dijeron acá que no querían plata, querían justicia, y no son menos víctimas que el resto. No hubo una estrategia de reparación integral”.
Un día antes
En este escenario, el fiscal consideró que la reparación que propició Rey era “ilegal y perjudicial para las familias; el defensor presionó a Gómez para que aceptara justo un día antes del juicio”.
Los funcionarios judiciales mencionados en las grabaciones “lucieron como influenciables y temerosos. ¿Esa era la estrategia? Porque en realidad el acuerdo perjudicaba a las víctimas, que no obtenían una mínima respuesta del sistema de justicia, y favorecía a Gómez, que salía con un legajo limpio. ¿No será que era para sacarse de encima a las familias en lugar de pensar en ellas?”.