Según la CIA, Pinochet encubrió el caso Quemados
El dictador chileno Augusto Pinochet fue el principal encubridor del ataque incendiario contra dos jóvenes que participaban de una protesta en 1986 durante la dictadura cívico militar, que le significó la muerte un fotógrafo y quemaduras en todo el cuerpo a una sobreviviente, según cables de la CIA que serán dados a conocer hoy por el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.
El ataque le provocó la muerte a Rodrigo Rojas De Negri y heridas a Carmen Gloria Quintana, y según el diario El País, de España, Pinochet “en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos en 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos jóvenes que protestaban en la primera de las dos jornadas del paro nacional contra la dictadura”, que se extendió desde 1973 a 1990.
El informe, que fue desclasificado hace más de diez años y que será difundido hoy en el marco de los 12 nuevos procesamientos contra ex militares dictados por el juez Mario Carroza, cuenta con “abundantes detalles” que podrían servir de apoyo a la investigación, según comenta Peter Kornbluh, responsable de la investigación. “Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen cuya autoría militar no caben dudas”, dijo Kornbluh.
La publicación española cita los cables en los que se indica que las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el hospital donde fueron trasladados los jóvenes heridos después del ataque en los que se afirma que el “director de la Posta (centro médico) obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”.
En otro cable remitido a la Casa Blanca se consigna que “el gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”.
"No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas", detalla el texto.
En otro documento, la inteligencia militar estadounidense afirma que el gobierno chileno cambió “varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas, y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos”.
Por último, se menciona en otro texto que “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueves para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas” y así evitar que llegue a la Corte Suprema.
El ataque le provocó la muerte a Rodrigo Rojas De Negri y heridas a Carmen Gloria Quintana, y según el diario El País, de España, Pinochet “en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos en 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos jóvenes que protestaban en la primera de las dos jornadas del paro nacional contra la dictadura”, que se extendió desde 1973 a 1990.
El informe, que fue desclasificado hace más de diez años y que será difundido hoy en el marco de los 12 nuevos procesamientos contra ex militares dictados por el juez Mario Carroza, cuenta con “abundantes detalles” que podrían servir de apoyo a la investigación, según comenta Peter Kornbluh, responsable de la investigación. “Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen cuya autoría militar no caben dudas”, dijo Kornbluh.
La publicación española cita los cables en los que se indica que las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el hospital donde fueron trasladados los jóvenes heridos después del ataque en los que se afirma que el “director de la Posta (centro médico) obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”.
En otro cable remitido a la Casa Blanca se consigna que “el gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”.
"No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas", detalla el texto.
En otro documento, la inteligencia militar estadounidense afirma que el gobierno chileno cambió “varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas, y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos”.
Por último, se menciona en otro texto que “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueves para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas” y así evitar que llegue a la Corte Suprema.