Masacre de Trelew: un hospital militar les negó atención a Luis Sosa y Emilio Del Real
Es el Naval de Buenos Aires. Es porque ambos están condenados a prisión perpetua por el asesinato a sangre fría de 16 militantes políticos, el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
El director del Hospital Naval “Doctor Pedro Mallo” negó la atención médica a dos de los fusiladores de la Masacre de Trelew, ambos con serios problemas de salud. Se trata de Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge Del Real, condenados a prisión perpetua por el asesinato a sangre fría de 16 militantes políticos, el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar.
El defensor público de los marinos, Sergio Oribones, refirió que en ese nosocomio “se habría denegado la atención por una normativa del Ministerio de Defensa y de Justicia” que impide atender a quienes, como Sosa y Del Real, están imputados en una causa por un delito de lesa humanidad. Ese centro de salud es prestatario de la obra social de los militares.
Esta política se tomó luego de que otros condenados por causas así se fugaran de hospitales militares, con complicidad interna.
Oribones pidió a Enrique Guanziroli, juez del Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia que juzgó la Masacre, que libre un oficio al Hospital para que atiendan a sus clientes. Pero el magistrado se negó ya que no es de su incumbencia una orden así a un centro de salud. En todo caso, Sosa y Del Real –que rozan los 80 años- pueden defender su derecho a la atención médica por otra vía procesal.
Sosa tiene cáncer y está muy mal de salud, en su casa de Capital Federal. El panorama para Del Real –encerrado en Vicente López- es un poco más aliviado. Ambos gozan de prisión domiciliaria, como Carlos Marandino, el tercer condenado. Nadie está en cárcel común por los fusilamientos.
En su fallo, Guanziroli explicó que “el interno tiene derecho a la salud” y se le debe brindar una oportuna asistencia médica integral. Es obligación del juez velar por la integridad física de los marinos. Sin embargo, en detención domiciliaria, no hay obligación de que los condenados sean atendidos “de un modo determinado o en una institución o tratamiento específico”.
En las condiciones de un arresto domiciliario, Sosa y Del Real “se hallan habilitados para la elección del profesional y del instituto, que más satisface sus expectativas para la protección integral de su salud”. Guanziroli no está en condiciones de “imponer a algún nosocomio público o privado, obligaciones determinadas en algún sentido, interfiriendo indebidamente en los fines y responsabilidades que le son específicas”.
“Ello, sin perjuicio que si el causante interpreta que decisiones institucionales adoptadas por autoridades administrativas afecten sus derechos, ocurra por la vía procesal y jurisdiccional adecuada”. O sea que ambos pueden optar por otro recurso judicial en otra instancia que no sea el TOF para obligar al Hospital Naval. Para eso el juez certificó su mal estado físico, de modo que si lo desean, Sosa y Del Real pueden interponer un amparo contra el Estado para que se garantice su derecho a la salud.
Hoy se cumplen 43 años de la Masacre. #
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
El director del Hospital Naval “Doctor Pedro Mallo” negó la atención médica a dos de los fusiladores de la Masacre de Trelew, ambos con serios problemas de salud. Se trata de Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge Del Real, condenados a prisión perpetua por el asesinato a sangre fría de 16 militantes políticos, el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar.
El defensor público de los marinos, Sergio Oribones, refirió que en ese nosocomio “se habría denegado la atención por una normativa del Ministerio de Defensa y de Justicia” que impide atender a quienes, como Sosa y Del Real, están imputados en una causa por un delito de lesa humanidad. Ese centro de salud es prestatario de la obra social de los militares.
Esta política se tomó luego de que otros condenados por causas así se fugaran de hospitales militares, con complicidad interna.
Oribones pidió a Enrique Guanziroli, juez del Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia que juzgó la Masacre, que libre un oficio al Hospital para que atiendan a sus clientes. Pero el magistrado se negó ya que no es de su incumbencia una orden así a un centro de salud. En todo caso, Sosa y Del Real –que rozan los 80 años- pueden defender su derecho a la atención médica por otra vía procesal.
Sosa tiene cáncer y está muy mal de salud, en su casa de Capital Federal. El panorama para Del Real –encerrado en Vicente López- es un poco más aliviado. Ambos gozan de prisión domiciliaria, como Carlos Marandino, el tercer condenado. Nadie está en cárcel común por los fusilamientos.
En su fallo, Guanziroli explicó que “el interno tiene derecho a la salud” y se le debe brindar una oportuna asistencia médica integral. Es obligación del juez velar por la integridad física de los marinos. Sin embargo, en detención domiciliaria, no hay obligación de que los condenados sean atendidos “de un modo determinado o en una institución o tratamiento específico”.
En las condiciones de un arresto domiciliario, Sosa y Del Real “se hallan habilitados para la elección del profesional y del instituto, que más satisface sus expectativas para la protección integral de su salud”. Guanziroli no está en condiciones de “imponer a algún nosocomio público o privado, obligaciones determinadas en algún sentido, interfiriendo indebidamente en los fines y responsabilidades que le son específicas”.
“Ello, sin perjuicio que si el causante interpreta que decisiones institucionales adoptadas por autoridades administrativas afecten sus derechos, ocurra por la vía procesal y jurisdiccional adecuada”. O sea que ambos pueden optar por otro recurso judicial en otra instancia que no sea el TOF para obligar al Hospital Naval. Para eso el juez certificó su mal estado físico, de modo que si lo desean, Sosa y Del Real pueden interponer un amparo contra el Estado para que se garantice su derecho a la salud.
Hoy se cumplen 43 años de la Masacre. #