El juez reiteró “en forma expresa” el interés de la justicia argentina por el mantenimiento de esas “notificaciones rojas” sobre cinco iraníes que la Organización Policial Internacional colocó en su lista de buscados en noviembre del 2007.
El pedido fue para que “se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas” en cualquiera del centenar de países cuyas policías integran la red.
Los cinco iraníes son los acusados como autores y responsables de la voladura de la mutual israelita por el juzgado de Canicoba a instancias del fiscal Alberto Nisman, que dirigió la UFI Amia hasta su muerte el pasado de enero.
Días antes de su muerte, Nisman denunció la supuesta intención del gobierno de hacer derogar esas alertas rojas e imputó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de “encubrimiento” de aquel atentado, denuncia que ya fue rechazada por la justicia en dos instancias.
El gobierno puso de manifiesto en ese momento que el pedido de levantamiento de las “alertas rojas” no era una facultad del Poder Ejecutivo, como dejaba entrever Nisman en su acusación, sino una prerrogativa exclusiva del juez a cargo del expediente.
A su vez, el ex director general del organismo policial, el norteamericano Ronald Noble, desmintió a Nisman negando que el canciller Héctor Timerman hubiera realizado gestiones para dar de baja las “alertas rojas” en el marco del Memorandum de Entendimiento con Irán para indagar en aquel país a los acusados.
La asamblea general de Interpol de noviembre del 2007 incorporó a su lista de alertas rojas a los cinco iraníes a instancias de la delegación argentina, por 78 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones.
La captura sería el paso previo para extraditarlos a la Argentina para ser juzgados por el atentado a la mutual israelita de julio de 1994, que produjo 85 muertos y más de 700 heridos.
El mismo juez reiteró ahora el reclamo de mantener las “notificaciones rojas” ante un trámite de actualización periódica que realiza la Comisión de Ficheros de Interpol en vísperas de sus asambleas anuales donde se aprueban o rechazan esos pedidos por voto de las delegaciones.
Asimismo, Canicoba pidió un plazo de 45 días para elevar el informe del estado de la causa que motiva el mantenimiento de una orden de captura internacional contra acusados de delitos.
Dicho informe será elaborado por la UFI AMIA, que tiene delegada la investigación del atentado y que dirigió Nisman hasta su muerte, el pasado 18 de enero.
Los iraníes extraditables para Argentina son el entonces ministro de Defensa, Ahmah Vahidi; el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani; ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezzai, y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad.
Un sexto acusado, el libanés Imad Moughnieh, ex jefe de seguridad exterior de Hezbollah, fue asesinado en Damasco, Siria, presuntamente por agentes israelíes.
El juez reiteró “en forma expresa” el interés de la justicia argentina por el mantenimiento de esas “notificaciones rojas” sobre cinco iraníes que la Organización Policial Internacional colocó en su lista de buscados en noviembre del 2007.
El pedido fue para que “se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas” en cualquiera del centenar de países cuyas policías integran la red.
Los cinco iraníes son los acusados como autores y responsables de la voladura de la mutual israelita por el juzgado de Canicoba a instancias del fiscal Alberto Nisman, que dirigió la UFI Amia hasta su muerte el pasado de enero.
Días antes de su muerte, Nisman denunció la supuesta intención del gobierno de hacer derogar esas alertas rojas e imputó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de “encubrimiento” de aquel atentado, denuncia que ya fue rechazada por la justicia en dos instancias.
El gobierno puso de manifiesto en ese momento que el pedido de levantamiento de las “alertas rojas” no era una facultad del Poder Ejecutivo, como dejaba entrever Nisman en su acusación, sino una prerrogativa exclusiva del juez a cargo del expediente.
A su vez, el ex director general del organismo policial, el norteamericano Ronald Noble, desmintió a Nisman negando que el canciller Héctor Timerman hubiera realizado gestiones para dar de baja las “alertas rojas” en el marco del Memorandum de Entendimiento con Irán para indagar en aquel país a los acusados.
La asamblea general de Interpol de noviembre del 2007 incorporó a su lista de alertas rojas a los cinco iraníes a instancias de la delegación argentina, por 78 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones.
La captura sería el paso previo para extraditarlos a la Argentina para ser juzgados por el atentado a la mutual israelita de julio de 1994, que produjo 85 muertos y más de 700 heridos.
El mismo juez reiteró ahora el reclamo de mantener las “notificaciones rojas” ante un trámite de actualización periódica que realiza la Comisión de Ficheros de Interpol en vísperas de sus asambleas anuales donde se aprueban o rechazan esos pedidos por voto de las delegaciones.
Asimismo, Canicoba pidió un plazo de 45 días para elevar el informe del estado de la causa que motiva el mantenimiento de una orden de captura internacional contra acusados de delitos.
Dicho informe será elaborado por la UFI AMIA, que tiene delegada la investigación del atentado y que dirigió Nisman hasta su muerte, el pasado 18 de enero.
Los iraníes extraditables para Argentina son el entonces ministro de Defensa, Ahmah Vahidi; el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani; ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezzai, y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad.
Un sexto acusado, el libanés Imad Moughnieh, ex jefe de seguridad exterior de Hezbollah, fue asesinado en Damasco, Siria, presuntamente por agentes israelíes.