Polémica en Colombia: fiscal dijo que Uribe podría ir preso

Las declaraciones del fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, sobre la posibilidad de que el ex presidente Álvaro Uribe sea investigado por sus vínculos del paramilitarismo cuando fue gobernador de Antioquia a partir de la creación del tribunal especial para la paz que acordaron el gobierno colombiano y las FARC, generaron hoy polémica en el país y la respuesta del ex mandatario y de su partido.

29 SEP 2015 - 15:10 | Actualizado

El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron la semana pasada a un acuerdo sobre el punto de justicia transicional, que prevé la creación de dicho tribunal para juzgar a guerrilleros y agentes estatales.

Según Montealegre, el tribunal también podría juzgar a Uribe, pero no por acciones ocurridas durante sus dos periodos como jefe de Estado, que por fuero constitucional se enmarcan en la órbita del Congreso, sino cuando ejerció como gobernador del departamento de Antioquia, entre 1995 a 1997.

"Todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia contra el ex gobernador Álvaro Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva jurisdicción especial de paz", dijo el fiscal, tras advertir que "los actos cometidos como presidente de la República seguirán en el Congreso".

Las afirmaciones fueron rechazadas de inmediato por dirigentes del opositor partido de derecha Centro Democrático, que lidera Uribe, algunos de los cuales afirmaron que ese juzgamiento habría sido pedido en la mesa de negociaciones por las FARC.

El propio Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero, afirmó: "Le van a entregar el país a las FARC, van a hacer este daño por meterme a mí a la cárcel. Esa es la paz imperfecta que están buscando".

Por su parte, el periodista Francisco Santos, que fue vicepresidente durante los dos periodos de Uribe y ahora es candidato a alcalde de Bogotá, dijo que Montealegre busca encarcelar a los principales dirigentes del "uribismo". "Si fuera por el fiscal, estaríamos todos en la cárcel", aseguró el ex vicepresidente.

Las declaraciones de Montealegre no fueron bien recibidas por el gobierno, que aclaró que los acuerdos sobre justicia transicional logrados en Cuba no incluyen el juzgamiento de ex presidentes.

"Jamás se pensó que los ex presidentes tuvieran que acudir a ese tribunal", advirtió el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien agregó que ese tipo de declaraciones "terminan haciéndole daño al proceso (de paz)".

Uno de los asesores del gobierno en la negociación del punto de justicia transicional con las FARC, el abogado Manuel José Cepeda, dijo que "jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar ex presidentes".

El anuncio sobre un acuerdo en ese ítem de la negociación fue hecho el miércoles pasado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quienes también revelaron que la firma del acuerdo final de paz debe ser antes del 23 de marzo de 2016.

El acuerdo sobre justicia transicional prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia y un tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.

Ambas partes descartaron la posibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. El acuerdo es válido tanto para guerrilleros como para agentes estatales.

29 SEP 2015 - 15:10

El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron la semana pasada a un acuerdo sobre el punto de justicia transicional, que prevé la creación de dicho tribunal para juzgar a guerrilleros y agentes estatales.

Según Montealegre, el tribunal también podría juzgar a Uribe, pero no por acciones ocurridas durante sus dos periodos como jefe de Estado, que por fuero constitucional se enmarcan en la órbita del Congreso, sino cuando ejerció como gobernador del departamento de Antioquia, entre 1995 a 1997.

"Todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia contra el ex gobernador Álvaro Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva jurisdicción especial de paz", dijo el fiscal, tras advertir que "los actos cometidos como presidente de la República seguirán en el Congreso".

Las afirmaciones fueron rechazadas de inmediato por dirigentes del opositor partido de derecha Centro Democrático, que lidera Uribe, algunos de los cuales afirmaron que ese juzgamiento habría sido pedido en la mesa de negociaciones por las FARC.

El propio Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero, afirmó: "Le van a entregar el país a las FARC, van a hacer este daño por meterme a mí a la cárcel. Esa es la paz imperfecta que están buscando".

Por su parte, el periodista Francisco Santos, que fue vicepresidente durante los dos periodos de Uribe y ahora es candidato a alcalde de Bogotá, dijo que Montealegre busca encarcelar a los principales dirigentes del "uribismo". "Si fuera por el fiscal, estaríamos todos en la cárcel", aseguró el ex vicepresidente.

Las declaraciones de Montealegre no fueron bien recibidas por el gobierno, que aclaró que los acuerdos sobre justicia transicional logrados en Cuba no incluyen el juzgamiento de ex presidentes.

"Jamás se pensó que los ex presidentes tuvieran que acudir a ese tribunal", advirtió el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien agregó que ese tipo de declaraciones "terminan haciéndole daño al proceso (de paz)".

Uno de los asesores del gobierno en la negociación del punto de justicia transicional con las FARC, el abogado Manuel José Cepeda, dijo que "jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar ex presidentes".

El anuncio sobre un acuerdo en ese ítem de la negociación fue hecho el miércoles pasado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quienes también revelaron que la firma del acuerdo final de paz debe ser antes del 23 de marzo de 2016.

El acuerdo sobre justicia transicional prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia y un tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.

Ambas partes descartaron la posibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. El acuerdo es válido tanto para guerrilleros como para agentes estatales.


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