Por su complicidad con una red de trata en el interior piden indagar a 5 policías

La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, pidió la indagatoria de nueve acusados de explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad en dos o más prostíbulos. Uno es “Nilo”, en Gobernador Costa, entre el 2 de febrero y el 8 de marzo de este año. El otro local nocturno es “La tía II”, en Sarmiento, donde habría funcionado un prostíbulo del 10 de julio de 2014 al 8 de marzo.

Según Fiscales.gob.ar, está imputada la dueña de los dos boliches y de los domicilios particulares donde se alojaban las víctimas y se realizaban los denominados “pases”; las dos regenteadoras de los locales; el encargado de trasladar a las víctimas desde los bares hasta el lugar donde se consumaba la explotación, y policías acusados de colaborar, ya que eran encargados de seguridad en el local “Nilo”.

Las mujeres recibían el 50% del monto abonado por los prostituyentes. El resto eran ganancias para los explotadores. Además, debían pagar por la realización y control de las libretas sanitarias exigidas sumado a la amenaza de posibles multas ante el incumplimiento de esas exigencias.

Dos de las imputadas ya estaban procesadas por trata de personas en otra causa. La fiscal le solicitó al Juzgado Federal que se incorporen al legajo copias certificadas de esas actuaciones. Una víctima de esta segunda causa fue una de las rescatadas en el allanamiento realizado en “Nilo”. Para la Fiscalía está acreditado que cuando se cerró el primer prostíbulo, las imputadas trasladaron a una de las víctimas a otro de sus boliches, en la misma localidad.

Origen del caso

La causa se inició a principios de año por información preliminar aportada por un escuadrón de Gendarmería Nacional. Luego de la investigación se solicitaron los dos allanamientos en los prostíbulos sospechados, en dos locales nocturnos, en dos domicilios donde presuntamente se realizaban los “pases” y dos comisarías.

En el prostíbulo “Nilo” se hallaron recibos de pago emitidos por la Municipalidad de Gobernador Costa en concepto de inspección de seguridad de higiene y un certificado de licencia comercial. Y tras los allanamientos en las Comisarías de Costa y José de San Martín, se secuestraron planillas adicionales en las que expresamente se estableció que cinco agentes cobraron suplementos salariales por haber realizado adicionales en el bar “Nilo”.

Por su parte, en el bar “La tía II”, cuatro víctimas fueron rescatadas. Dos de las mujeres ya habían sido identificadas en otros procedimientos en diversas jurisdicciones, en el marco de otra causa por el mismo delito. Fueron identificadas 166 pulseras usadas para registrar la cantidad de tragos o copas que consumían los clientes, preservativos y geles íntimos, entre otras pruebas.

Otro elementos determinante hallados durante los allanamientos fue gran cantidad de libretas sanitarias de numerosas mujeres lo que da cuenta de que las mujeres explotadas por la banda habrían sido más que las encontradas.

Gracias a los libros de habilitaciones, también se estableció que la cantidad de mujeres que trabajaban en cada dependencia era variable. Por ejemplo: durante la Fiesta Provincial del Caballo, entre el 6 y el 8 de febrero de cada año, se “reforzó” el “plantel” del prostíbulo Nilo.

En esa oportunidad oficiaron de custodia de “Nilo” policías de la Comisaría de Costa y de José de San Martín. En esas fechas se observó que las mujeres entraban y salían del boliche con los “clientes”.

Se informó a los municipios en donde estaban instalados los locales allanados la reglamentación local que se encontraba en infracción a las leyes nacionales que combaten la trata y la explotación sexual. Y se pidió que se instrumenten los mecanismos necesarios para modificarlas y se capacite al personal municipal.

Ayuda policial

La colaboración de los uniformados se caracterizó por la realización de servicios adicionales: se ubicaban en la puerta del local en donde eran explotadas sexualmente mujeres para asegurarse que no se produjeran disturbios dentro o fuera. Para la Fiscalía este aporte es suficientemente importante para evitar que las víctimas pudieran siquiera plantearse la posibilidad de ir a la Policía a denunciar.

Para la Fiscalía, la participación policial en este caso no es aleatoria ya que, en caso de que no fuera requerido y abonado el servicio de adicionales por la seguridad a la Comisaría de Costa, las autoridades emitían actas de infracción en contra de la dueña del local.

Ávila concluyó a partir de estos datos que la colaboración de la fuerza de seguridad se encontraba impuesta a los imputados por los propios efectivos.

Por último, la fiscal dio cuenta también de las irregularidades constatadas por los inspectores en el bar por la falta de seguridad policial. Esto fue informado al juez de Faltas de la Municipalidad, hoy defensor particular de dos de los imputados.