Juicio a jefe mapuche en Zapala genera reacciones
La acusación de "tentativa de homicidio" y el pedido de 15 años de prisión para la referente mapuche Relmu Ñamku, por la herida que causó una pedrada a una oficial de justicia a fines de 2012, apunta a "escarmentar a una comunidad que resiste la explotación petrolera que contamina su territorio", afirmó hoy Darío Kosovsky, defensor de la imputada, en el segundo día del juicio que se desarrolla en la ciudad neuquina de Zapala.
"La fiscalía y la querella sostienen que la comunidad (Winkul Newen) quiso matar con una piedra, y la comunidad sostiene que estaba ejerciendo una medida de acción directa al bloquear el acceso a un yacimiento hidrocarburífero en su territorio que, con derrames de crudo, empetrolaba sus patios, pasturas de sus animales y provocaba el secado de los vertederos de agua dulce", dijo hoy Kosovsky a Télam.
Sobre ésta y otras formas de lucha con las que comunidades indígenas defienden sus territorios, reflexionó en tono coloquial sobre cómo actuaría cualquier habitante urbano, por caso el entrevistador "si quieren ingresar por la fuerza a tu casa y empetrolar el patio donde juegan tus hijos".
El abogado señaló que "estas dos posiciones enfrentadas" definieron la primera audiencia del juicio, realizada ayer lunes y que hoy "comenzaron a declarar testigos, entre ellos empleados de la petrolera (Apache) y policías que levantaron rastros, incluidas piedras, diez meses después de los hechos, en septiembre de 2013".
El 28 de diciembre de 2012, cuando estaba por comenzar la feria judicial, la jueza Ivonne San Martín dictó una medida cautelar pedida por la fiscalía para facilitar el ingreso de la petrolera estadounidense Apache y policías a territorio de la comunidad Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a unos 30 kilómetros de Zapala.
La medida cautelar para que desalojasen el camino bloqueado fue resistida por la comunidad y en esas circunstancias "desgraciadamente una pedrada lastimó a la auxiliar de justicia Verónica Pelayes, causándole una fractura de tabique (nasal) y una herida en el pómulo", relató Kosovsky.
"La comunidad había denunciado en varias ocasiones ante la misma fiscalía de Zapala la actividad contaminante de la empresa y la violación de derechos indígenas, incluso tres semanas antes de esos hechos, pero no hicieron nada" y ahora los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré acusan a Relmu Ñamku de "tentativa de homicidio" y piden para ella una pena de más de 15 años de cárcel.
"Lo que no dicen es que Pelayes, que merece una reparación, merece justicia, por eso mismo inició una demanda civil contra la petrolera y también contra la provincia de Neuquén, por haberla presionado para hacer la notificación ese día, sabiendo que había un conflicto" por el territorio, señaló el letrado.
Para el abogado de la defensa, "nunca hubo riesgo para la vida de Pelayes" pero, por las lesiones que sufrió, "tiene derecho a pedir una reparación, como lo hace contra la petrolera y la provincia, también contra la comunidad en un juicio civil".
"Pero esto funciona de otro modo: exigen reparación en dinero para la petrolera y el Estado provincial, los verdaderos responsables, y para los pobres cárcel, criminalización de la lucha social", resumió.
Kosovsky dijo que la acusación pidió más de 15 años de prisión para Relmu Ñamku porque era un requisito para que tuviera competencia un jurado y así el juicio sirviera de escenario para "escarmentar a una comunidad que resiste y diera un mensaje a las demás comunidades".
El juicio con un jurado intercultural, la mitad indígena, se extenderá hasta el 4 de noviembre, cuando se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia, y en caso de un fallo de culpabilidad, otro juicio, llamado de cesura, deberá fijar la eventual pena de prisión.
La calificación del hecho como "tentativa de homicidio", adoptada por la fiscalía, había sido argumentada en primer término por el abogado querellante Julián Alvarez, que en este juicio representa a Pelayes.
Alvarez esta ligado a la Sociedad Rural, entre otros sectores empresarios y en 2009 fue uno de los fundadores de la llamada Asociación en Defensa de la Ley (Adeley), que acusaba a las comunidades mapuches que defienden sus territorios de "usurpar" estancias, explotaciones petroleras y otras propiedades.
"La fiscalía y la querella sostienen que la comunidad (Winkul Newen) quiso matar con una piedra, y la comunidad sostiene que estaba ejerciendo una medida de acción directa al bloquear el acceso a un yacimiento hidrocarburífero en su territorio que, con derrames de crudo, empetrolaba sus patios, pasturas de sus animales y provocaba el secado de los vertederos de agua dulce", dijo hoy Kosovsky a Télam.
Sobre ésta y otras formas de lucha con las que comunidades indígenas defienden sus territorios, reflexionó en tono coloquial sobre cómo actuaría cualquier habitante urbano, por caso el entrevistador "si quieren ingresar por la fuerza a tu casa y empetrolar el patio donde juegan tus hijos".
El abogado señaló que "estas dos posiciones enfrentadas" definieron la primera audiencia del juicio, realizada ayer lunes y que hoy "comenzaron a declarar testigos, entre ellos empleados de la petrolera (Apache) y policías que levantaron rastros, incluidas piedras, diez meses después de los hechos, en septiembre de 2013".
El 28 de diciembre de 2012, cuando estaba por comenzar la feria judicial, la jueza Ivonne San Martín dictó una medida cautelar pedida por la fiscalía para facilitar el ingreso de la petrolera estadounidense Apache y policías a territorio de la comunidad Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a unos 30 kilómetros de Zapala.
La medida cautelar para que desalojasen el camino bloqueado fue resistida por la comunidad y en esas circunstancias "desgraciadamente una pedrada lastimó a la auxiliar de justicia Verónica Pelayes, causándole una fractura de tabique (nasal) y una herida en el pómulo", relató Kosovsky.
"La comunidad había denunciado en varias ocasiones ante la misma fiscalía de Zapala la actividad contaminante de la empresa y la violación de derechos indígenas, incluso tres semanas antes de esos hechos, pero no hicieron nada" y ahora los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré acusan a Relmu Ñamku de "tentativa de homicidio" y piden para ella una pena de más de 15 años de cárcel.
"Lo que no dicen es que Pelayes, que merece una reparación, merece justicia, por eso mismo inició una demanda civil contra la petrolera y también contra la provincia de Neuquén, por haberla presionado para hacer la notificación ese día, sabiendo que había un conflicto" por el territorio, señaló el letrado.
Para el abogado de la defensa, "nunca hubo riesgo para la vida de Pelayes" pero, por las lesiones que sufrió, "tiene derecho a pedir una reparación, como lo hace contra la petrolera y la provincia, también contra la comunidad en un juicio civil".
"Pero esto funciona de otro modo: exigen reparación en dinero para la petrolera y el Estado provincial, los verdaderos responsables, y para los pobres cárcel, criminalización de la lucha social", resumió.
Kosovsky dijo que la acusación pidió más de 15 años de prisión para Relmu Ñamku porque era un requisito para que tuviera competencia un jurado y así el juicio sirviera de escenario para "escarmentar a una comunidad que resiste y diera un mensaje a las demás comunidades".
El juicio con un jurado intercultural, la mitad indígena, se extenderá hasta el 4 de noviembre, cuando se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia, y en caso de un fallo de culpabilidad, otro juicio, llamado de cesura, deberá fijar la eventual pena de prisión.
La calificación del hecho como "tentativa de homicidio", adoptada por la fiscalía, había sido argumentada en primer término por el abogado querellante Julián Alvarez, que en este juicio representa a Pelayes.
Alvarez esta ligado a la Sociedad Rural, entre otros sectores empresarios y en 2009 fue uno de los fundadores de la llamada Asociación en Defensa de la Ley (Adeley), que acusaba a las comunidades mapuches que defienden sus territorios de "usurpar" estancias, explotaciones petroleras y otras propiedades.