El Gobierno le apunta a un conjuez por los millonarios embargos de los magistrados

Luego de que este diario revelara que por los embargos de los funcionarios judiciales, la Provincia ya perdió más de 73 millones de pesos, el fiscal de Estado, Miguel Montoya, responsabilizó al conjuez de Comodoro Rivadavia, Héctor Freile, quien ya fue denunciado por mal desempeño por el Gobierno ante el Superior Tribunal de Justicia, que a su vez “entendió que el tribunal para juzgarlo es la Cámara de Comodoro. Y como todos tienen este reclamo contra la Provincia se excusaron todos, pero parece más para lavarse las manos y no animarse a pronunciar una cuestión de fondo”.

Montoya le dijo a FM Tiempo 91.5 de Trelew que “vienen saqueando las arcas del Estado de una manera improcedente desde la forma de liquidar, y de la posición de formar parte de un Estado provincial con los recursos que tiene, impidiendo llevar a cabo el servicio de justicia”.

Según el fiscal, “batallamos judicialmente porque hay un grupo de magistrados que toma esto de una manera distinta a la redactada, sobre las cuatro cuotas”. Recordó que el acuerdo por las cuatro cuotas fue contemporáneo con el conflicto de PAE, que produjo una baja en la recaudación en 50 millones. No se pudo pagar. “Hay un núcleo duro de la Justicia que ejecutó este convenio con un conjuez que no era reconocido en el foro, sino un abogado de Santa Cruz. Lo impugnamos pero vemos con preocupación que las Cámaras de Comodoro se vienen excusando y nadie se ocupa de este señor que por cada peso que embargan, lo hacen contra todas las empresas petroleras, perjudicando a la provincia”.

“Hay disparidad de criterio con los intereses porque el convenio fijaba cuatro cuotas iguales y ellos suman intereses sobre los aumentos de sueldo. El Poder Judicial dejó sentado que un aumento del 24 por ciento más el 15 % significaba el fin del acuerdo, pero este conjuez no lo entendió así”.

-¿Hubo magistrados que cobraron más de lo que les corresponde?

-Sí, la mayoría del grupo duro que viene liquidando de manera contraria, a nuestro criterio, cobró de más y deberán devolver dinero sobre los intereses y la forma de liquidarlos.

-¿Es mucha la diferencia que notan en algunos casos?

-Debe rondar el 35 % porque es la forma de acumular intereses sobre intereses. Si usted lleva el pago de cuatro cuotas es un monto y si la acumula los aumentos respectivos es otro monto. El acuerdo vencía en diciembre razón por la cual no podrían estar liquidando períodos posteriores. Ahí está la doble percepción, pero el STJ no ha terminado de sacar una acordada lo suficientemente clara para exponer ante cada expediente.

-Se habla del Juzgado de Ejecución Nº 1, del juez Toquier como el “emporio de los amparos”, ¿le llama la atención?

-Sí, porque es el Juzgado donde se desempeña el conjuez y lo hace en ese Juzgado en particular y lo tiene a su disposición para sacar rápidamente las liquidaciones, que pese a estar impugnadas le dan un efecto devolutivo con lo cual pueden seguir embargando, sin prejuicio de que con sentencia posterior lo tengan que devolver. Esto se termina con un STJ integrado por jueces que tenga la intención y que saque una acordada clara sobre cuándo termina este acuerdo. Entonces se puede cancelar. Pero no podemos hacerlo porque siguen liquidando. No es de difícil resolución si el órgano máximo de la Justica deja establecido claramente cuándo termina el acuerdo. Son tres las acordadas que sacaron y en ninguna está claro cómo se define el acuerdo de las cuatro cuotas.

-Es decir que no hay voluntad del STJ de ponerle fin a esto…

-No se trata de la voluntad sino de ponerse de acuerdo y definir para que no se liquiden salarios disímiles porque eso genera mucho malestar al interior del Poder Judicial.

La versión de los jueces

Mediante una solicitada, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales fijó postura luego de que este diario revelara que ya hubo embargos por más de 73 millones de pesos. “De acuerdo con los números aportados por la Fiscalía de Estado, la Provincia ha abonado $ 20,8 millones a decenas de abogados de toda la provincia que oficiaron de letrados patrocinantes de estos magistrados, suma que no habría salido del erario público si el Poder Ejecutivo provincial hubiese cumplido con el acuerdo que voluntariamente suscribió”, escribieron.

Detalles

En este sentido, “los magistrados y funcionarios han percibido las sumas que fueron fijadas en cada una de sus ejecuciones, de acuerdo con la liquidación practicada y controlada por la propia Fiscalía de Estado con el debido traslado procesal en todos y cada uno de los casos, en forma previa al libramiento de las correspondientes órdenes de pago”.

“Pésima decisión política”

En cuanto al artículo de Jornada de acuerdo al cual “según algunos cálculos, ya se ejecutó más del triple del monto que debía haber afrontado la Provincia de haber cumplido el acuerdo inicial”, la Asociación consideró que este dato “expone la pésima decisión política y económica por parte del Poder Ejecutivo provincial de incumplir el acuerdo por ellos suscripto y homologado por ante el Superior Tribunal de Justicia, y seguidamente dilatar la solución al conflicto, provocando el inicio de las ejecuciones judiciales”. Finalmente, los Magistrados y Funcionarios de la provincia aclararon que no “autoaumentan” sus salarios “sino que los incrementos salariales se efectúan de acuerdo con los aumentos que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ello encuentra su razón y sustento en la Constitución Nacional, que establece dentro de sus normas fundamentales la independencia y autonomía del Poder Judicial, entendiendo que, para que tales principios sean efectivos, es necesaria la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, con el fin de limitar la posibilidad de sujetar sus decisiones a la voluntad política, ello en garantía de toda la ciudadanía”.