Cocaína en Poseidón: Fiscalía insistió en revocar el sobreseimiento de uno de los imputados
El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, fundamentó ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la apelación contra el sobreseimiento de Rubén Eduardo Lev, considerado un engranaje fundamental de la organización que intentó colocar en Europa -desde Puerto Madryn- 110 kilogramos de cocaína ocultos en cajas de langostinos, previamente trasladados desde Mar del Plata.
La maniobra fue desbaratada en junio de 2013, cuando el cargamento se encontraba en la planta de Poseidón, en Chubut.
Según Fiscales.gob.ar, la Cámara Federal ya había intervenido el año pasado al confirmar los procesamientos de Juan Eduardo Burgos y Nicolás Seoane, por tentativa de contrabando agravado de estupefacientes. Otros dos acusados, Salvador Penissi y Héctor Omar “Cura” Segundo fueron procesados por almacenamiento de estupefacientes.
La situación procesal del imputado Lev, responsable de la empresa Letter Alimentos, desde cuyas instalaciones en Mar del Plata se remitieron las cajas de langostinos que contenían la cocaína- se diferencia de la del resto de los acusados. El juez Hugo Sastre dispuso su falta de mérito bajo el argumento de que no estaba probado que conocieran lo que estaba guardando en su cámara de frío. Según el sitio web, pese a no haber ordenado medida de prueba que permita superar ese estado transitorio, en diciembre de 2014 el magistrado reiteró el razonamiento y resolvió el sobreseimiento de Lev.
En la audiencia Gélvez consideró que ese “prematuro” fallo se apoya en una valoración “arbitraria” de la prueba. Destacó que el argumento central para el sobreseimiento –la falta de conocimiento por parte del imputado respecto de lo que se ocultaba en el cargamento- deja de lado once situaciones probadas en la causa, aportes concretos al plan criminal. Incluyen el hecho de que la carga, antes de su traslado a Madryn, fue refrigerada y acondicionada en instalaciones de Leter Alimentos, propiedad de Lev; que fue el imputado quien vinculó a Salvador Parra Gómez (titular de Mar Pesca Azul Argentina, de quien se solicitó el pedido de extradición a España) con toda la cadena comercial para que pudiera operar en Mar del Plata; y que también haya sido el propio Lev quien contactó a Parra Gómez con el bróker pesquero Nicolás Seoane.
Gélvez añadió que tampoco se tuvo en cuenta que Lev procuró el contacto con la persona encargada de transportar la mercadería guardada en su planta, dado que Salvador Parra Gómez no conseguía ningún flete.
En su exposición frente a los camaristas, Gélvez criticó que Sastre haya tenido por probadas todas estas situaciones fácticas, pero que a pesar de ello no haya encontrado los indicios necesarios como para tener por probado que Lev conocía la maniobra de tráfico. “Resulta llamativo que el juez detalle once circunstancias consideradas como aportes al plan criminal colectivo, y no aprecie en todo ello los indicios necesarios para sostener el conocimiento del plan criminal”, destacó. Además rechazó los planteos de las defensas oficiales de los acusados Aranda Barberá y Seoane.
Excarcelación rechazada
En otro orden, Sastre rechazó el pedido de excarcelación de Alfredo Aranda Barberá, español extraditado desde Marruecos y procesado por su presunta participación en el caso. El juez tuvo en cuenta la gravedad de los delitos, que prevén una escala penal de hasta 40 años de prisión. El imputado había solicitado el beneficio bajo la condición de someterse al proceso judicial desde un domicilio ubicado en Valencia, España, lo que fue considerado como “inviable” por el magistrado, sobre todo al constatar –vía diplomática- que éste no posee domicilio fijo alguno en ese país.
“Resulta difícil pensar, teniendo en cuenta las exigencias de la ley procesal, de que el imputado esté presente en los actos esenciales del proceso, como también la complejidad del presente trámite y la gravedad de los hechos que se le enrostan, cómo va a hacer el procesado para someterse a la jurisdicción del Poder Judicial Argentino”, indicó. También rechazó la prisión domiciliaria, al asegurar que las dolencias físicas pueden ser atendidas sin inconvenientes en el penal asignado.
La maniobra fue desbaratada en junio de 2013, cuando el cargamento se encontraba en la planta de Poseidón, en Chubut.
Según Fiscales.gob.ar, la Cámara Federal ya había intervenido el año pasado al confirmar los procesamientos de Juan Eduardo Burgos y Nicolás Seoane, por tentativa de contrabando agravado de estupefacientes. Otros dos acusados, Salvador Penissi y Héctor Omar “Cura” Segundo fueron procesados por almacenamiento de estupefacientes.
La situación procesal del imputado Lev, responsable de la empresa Letter Alimentos, desde cuyas instalaciones en Mar del Plata se remitieron las cajas de langostinos que contenían la cocaína- se diferencia de la del resto de los acusados. El juez Hugo Sastre dispuso su falta de mérito bajo el argumento de que no estaba probado que conocieran lo que estaba guardando en su cámara de frío. Según el sitio web, pese a no haber ordenado medida de prueba que permita superar ese estado transitorio, en diciembre de 2014 el magistrado reiteró el razonamiento y resolvió el sobreseimiento de Lev.
En la audiencia Gélvez consideró que ese “prematuro” fallo se apoya en una valoración “arbitraria” de la prueba. Destacó que el argumento central para el sobreseimiento –la falta de conocimiento por parte del imputado respecto de lo que se ocultaba en el cargamento- deja de lado once situaciones probadas en la causa, aportes concretos al plan criminal. Incluyen el hecho de que la carga, antes de su traslado a Madryn, fue refrigerada y acondicionada en instalaciones de Leter Alimentos, propiedad de Lev; que fue el imputado quien vinculó a Salvador Parra Gómez (titular de Mar Pesca Azul Argentina, de quien se solicitó el pedido de extradición a España) con toda la cadena comercial para que pudiera operar en Mar del Plata; y que también haya sido el propio Lev quien contactó a Parra Gómez con el bróker pesquero Nicolás Seoane.
Gélvez añadió que tampoco se tuvo en cuenta que Lev procuró el contacto con la persona encargada de transportar la mercadería guardada en su planta, dado que Salvador Parra Gómez no conseguía ningún flete.
En su exposición frente a los camaristas, Gélvez criticó que Sastre haya tenido por probadas todas estas situaciones fácticas, pero que a pesar de ello no haya encontrado los indicios necesarios como para tener por probado que Lev conocía la maniobra de tráfico. “Resulta llamativo que el juez detalle once circunstancias consideradas como aportes al plan criminal colectivo, y no aprecie en todo ello los indicios necesarios para sostener el conocimiento del plan criminal”, destacó. Además rechazó los planteos de las defensas oficiales de los acusados Aranda Barberá y Seoane.
Excarcelación rechazada
En otro orden, Sastre rechazó el pedido de excarcelación de Alfredo Aranda Barberá, español extraditado desde Marruecos y procesado por su presunta participación en el caso. El juez tuvo en cuenta la gravedad de los delitos, que prevén una escala penal de hasta 40 años de prisión. El imputado había solicitado el beneficio bajo la condición de someterse al proceso judicial desde un domicilio ubicado en Valencia, España, lo que fue considerado como “inviable” por el magistrado, sobre todo al constatar –vía diplomática- que éste no posee domicilio fijo alguno en ese país.
“Resulta difícil pensar, teniendo en cuenta las exigencias de la ley procesal, de que el imputado esté presente en los actos esenciales del proceso, como también la complejidad del presente trámite y la gravedad de los hechos que se le enrostan, cómo va a hacer el procesado para someterse a la jurisdicción del Poder Judicial Argentino”, indicó. También rechazó la prisión domiciliaria, al asegurar que las dolencias físicas pueden ser atendidas sin inconvenientes en el penal asignado.