El chavismo designó 34 jueces en la última sesión con mayoría
El chavismo tomó juramento a 34 jueces del Tribunal Supremo de Justicia en la última sesión legislativa en que gozó de mayoría. La oposición, que controlará el parlamento desde el 5 de enero, anticipó que revertirá el proceso o destituirá a esos magistrados.
"Aprobado con mayoría revolucionaria constitucional", dijo el presidente saliente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), capitán Diosdado Cabello, al cabo de la cuarta sesión extraordinaria realizada en 48 horas -de la que se retiraron los legisladores opositores- y antes de tomarles el juramento de rigor a los funcionarios nombrados.
"¿Juran ustedes ante esta Constitución, ante la patria, ante el padre Bolívar, ante nuestro querido comandante Hugo Chávez, cumplir y hacer cumplir esta Constitución?", les preguntó Cabello a los 13 jueces titulares -sobre 32 totales en el máximo tribunal- y 21 suplentes designados.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Postulaciones Judiciales de la Asamblea, el chavista Elvis Amoroso, sostuvo que los nuevos magistrados "son juristas de una alta calidad profesional y una gran honorabilidad", y añadió que el pueblo venezolano "está muy bien representado" por ellos.
Entre los magistrados nombrados hoy figura el polémico ex diputado y ex vicecanciller Calixto Ortega, que formará parte de la estratégica Sala Constitucional del TSJ.
"La norma establece que los postulados no pueden tener militancia política y resulta que aquí, de este parlamento, están saliendo diputados militantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernante) a formar parte del TSJ, como Calixto Ortega", denunció el diputado opositor Andrés Velásquez, quien subrayó que "eso es inmoral y es no jugarle limpio a la democracia y a la Constitución".
En tanto, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora, Jesús "Chúo" Torrealba, advirtió que "eso no se va a quedar así".
"La Asamblea Nacional del pasado no puede decidir, no debería decidir sobre el TSJ del futuro y lo decimos con absoluta claridad: eso no va a pasar, eso no se va a quedar así", dijo Torrealba en su programa de radio.
El dirigente opinó que la designación de los jueces por parte de la mayoría parlamentaria salientes es "inconstitucional", "antiética" e "inmoral", y agregó que la MUD tiene distintos caminos para remediarla.
Adelantó que, una vez que la coalición controle el parlamento, podría declarar "írritas las acciones que conllevan a este proceso y revertirlo, o también promover la destitución de estos jueces por haber sido designados sin que se respetaran los lapsos".
"Podría ocurrir también que, sencillamente, se produzca una reforma de la Ley del TSJ, se amplíe el número de magistrados y esta mayoría sea prácticamente licuada en una nueva correlación de fuerzas", añadió Torrealba.
El jefe de la MUD explicó que el mecanismo que finalmente se elija será "aquel que garantice mayor participación, mayor legitimidad y mayor estabilidad constitucional", y remarcó que el objetivo de la coalición es forjar "un TSJ al servicio de todo el país y no simplemente al servicio del gobierno".
El nombramiento y la inmediata asunción de los jueces fue la culminación de un polémico proceso llevado adelante por el PSUV con el objeto de asegurarse la permanencia de magistrados afines durante los próximos 12 años.
Ante el riesgo -finalmente concretado- de perder las recientes elecciones y la mayoría en el parlamento, el PSUV forzó la renuncia anticipada de un grupo de jueces cuyos mandatos vencían en 2016, con el fin de aprovechar su control de la Asamblea para nombrar a sus sucesores.
Sin embargo, el chavismo no tiene en la legislatura saliente la mayoría calificada de dos tercios exigida por la Constitución para nombrar jueces del TSJ.
Por ese motivo, las autoridades chavistas convocaron a dos sesiones extraordinarias ayer y otras tantas hoy, pues el requisito constitucional se reduce a la mayoría simple si durante tres sesiones consecutivas de la Asamblea no pudo alcanzarse la mayoría especial.
Paralelamente, el nombramiento y la jura de los nuevos jueces representa una de las primeras pruebas del conflicto de poderes que diversos políticos y analistas vaticinaron tras el resultado de los comicios parlamentarios de principios de este mes, que dejó a la MUD con 112 diputados y todas las mayorías constitucionales, contra 55 del PSUV.
"Aprobado con mayoría revolucionaria constitucional", dijo el presidente saliente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), capitán Diosdado Cabello, al cabo de la cuarta sesión extraordinaria realizada en 48 horas -de la que se retiraron los legisladores opositores- y antes de tomarles el juramento de rigor a los funcionarios nombrados.
"¿Juran ustedes ante esta Constitución, ante la patria, ante el padre Bolívar, ante nuestro querido comandante Hugo Chávez, cumplir y hacer cumplir esta Constitución?", les preguntó Cabello a los 13 jueces titulares -sobre 32 totales en el máximo tribunal- y 21 suplentes designados.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Postulaciones Judiciales de la Asamblea, el chavista Elvis Amoroso, sostuvo que los nuevos magistrados "son juristas de una alta calidad profesional y una gran honorabilidad", y añadió que el pueblo venezolano "está muy bien representado" por ellos.
Entre los magistrados nombrados hoy figura el polémico ex diputado y ex vicecanciller Calixto Ortega, que formará parte de la estratégica Sala Constitucional del TSJ.
"La norma establece que los postulados no pueden tener militancia política y resulta que aquí, de este parlamento, están saliendo diputados militantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernante) a formar parte del TSJ, como Calixto Ortega", denunció el diputado opositor Andrés Velásquez, quien subrayó que "eso es inmoral y es no jugarle limpio a la democracia y a la Constitución".
En tanto, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora, Jesús "Chúo" Torrealba, advirtió que "eso no se va a quedar así".
"La Asamblea Nacional del pasado no puede decidir, no debería decidir sobre el TSJ del futuro y lo decimos con absoluta claridad: eso no va a pasar, eso no se va a quedar así", dijo Torrealba en su programa de radio.
El dirigente opinó que la designación de los jueces por parte de la mayoría parlamentaria salientes es "inconstitucional", "antiética" e "inmoral", y agregó que la MUD tiene distintos caminos para remediarla.
Adelantó que, una vez que la coalición controle el parlamento, podría declarar "írritas las acciones que conllevan a este proceso y revertirlo, o también promover la destitución de estos jueces por haber sido designados sin que se respetaran los lapsos".
"Podría ocurrir también que, sencillamente, se produzca una reforma de la Ley del TSJ, se amplíe el número de magistrados y esta mayoría sea prácticamente licuada en una nueva correlación de fuerzas", añadió Torrealba.
El jefe de la MUD explicó que el mecanismo que finalmente se elija será "aquel que garantice mayor participación, mayor legitimidad y mayor estabilidad constitucional", y remarcó que el objetivo de la coalición es forjar "un TSJ al servicio de todo el país y no simplemente al servicio del gobierno".
El nombramiento y la inmediata asunción de los jueces fue la culminación de un polémico proceso llevado adelante por el PSUV con el objeto de asegurarse la permanencia de magistrados afines durante los próximos 12 años.
Ante el riesgo -finalmente concretado- de perder las recientes elecciones y la mayoría en el parlamento, el PSUV forzó la renuncia anticipada de un grupo de jueces cuyos mandatos vencían en 2016, con el fin de aprovechar su control de la Asamblea para nombrar a sus sucesores.
Sin embargo, el chavismo no tiene en la legislatura saliente la mayoría calificada de dos tercios exigida por la Constitución para nombrar jueces del TSJ.
Por ese motivo, las autoridades chavistas convocaron a dos sesiones extraordinarias ayer y otras tantas hoy, pues el requisito constitucional se reduce a la mayoría simple si durante tres sesiones consecutivas de la Asamblea no pudo alcanzarse la mayoría especial.
Paralelamente, el nombramiento y la jura de los nuevos jueces representa una de las primeras pruebas del conflicto de poderes que diversos políticos y analistas vaticinaron tras el resultado de los comicios parlamentarios de principios de este mes, que dejó a la MUD con 112 diputados y todas las mayorías constitucionales, contra 55 del PSUV.