Delitos informáticos: conflictos entre juzgados demora y amenaza la resolución de las causas
El abogado Guillermo Zamora opinó sobre el fallo de la Corte Suprema que obliga a un juez a investigar un presunto caso de “violencia de género” a través de las redes sociales. Asegura que en la zona hay casos similares.
Hace pocos días se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a un juez correccional que investigue un presunto caso de “violencia de género” donde una mujer acusa a su expareja de publicar en las redes sociales fotos en las que ella aparece en situaciones íntimas junto con números telefónicos y una supuesta oferta de servicios sexuales.
El caso no es nuevo y se trata de uno de tantos episodios denominados habitualmente “revenge porn” o “porno vengativo”, que de momento en Argentina cuentan con varios obstáculos, entre ellos el hecho de que los juzgados donde recae la denuncia suelen declararse incompetentes para resolver el tema y finalmente la víctima elige desistir, principalmente por la falta de recursos y tiempo para aguardar una resolución.
Caso en Buenos Aires
En el caso que se hizo público hace pocos días, la CSJ le ordenó a un juez correccional investigar por presunta “violencia de género” a un novio despechado que, tras romper con su pareja, publicó en la red social Facebook fotos de ella en la intimidad.
En este, como en tantos otros casos, la cuestión de fondo no se ha abordado y los magistrados del máximo tribunal resolvieron en función de un conflicto existente en torno a la competencia de la causa.
El abogado Guillermo Zamora, especialista en derecho informático, explicó a Jornada que “dentro del proceso hay diferentes instancias, donde el juez entiende si es competente o no para continuar con ese proceso. En el caso que sucedió en Buenos Aires, la presentación se hizo en la Fiscalía en delitos informáticos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ésta se declaró incompetente diciendo que debía intervenir la Justicia Federal. En este caso se llegó a Corte Suprema y lo que se determinó es que la competencia debía volver al fuero de CABA”.
Zamora indicó que pese a la gravedad de la acusación y el daño sobre la víctima “aún no se discute la cuestión de fondo, ni siquiera llamaron a la persona que aparece denunciada para saber si fue él quien posteó las fotos y es muy probable que cuando eso pase, el agresor se presente y diga ‘yo no fui’ y ahí ya van a entrar a discutir si fue o no fue”.
Falta legislación
El letrado indicó que si bien se está avanzando mucho “en materia de digitalización de juicios, para que los procesos sean más ágiles a partir de la utilización de herramientas informáticas, desde el proceso de notificación en adelante”, las idas y vueltas de una causa por delitos relacionados con las nuevas tecnologías tienen como fundamento más contundente “la falta de una legislación concreta en materia de proceso judicial”. En ese sentido indicó que uno de los puntos de conflicto se centra en el lugar donde debe presentarse la denuncia, “si es donde el agresor usó la computadora, si es donde el receptor está, porque pueden incluso ser personas de distintas provincias”, y al mismo tiempo saber si a la hora de plantear un reclamo “debo hacerlo a la Justicia Federal o en los tribunales provinciales; la Justicia Federal te dice que actúan por excepción, cuando son personas de distintas provincias, pero igual bajo algunas excepciones”.
El abogado confirma que la falta de definición en cuanto a la competencia no sólo atenta contra la resolución definitiva de algunas causas sobre delitos informáticos, sino que incluso en los casos donde se han posteado fotos o videos de personas en situaciones íntimas, se dificulta la posibilidad de resolver de manera rápida los pedidos ante las empresas que operan los servidores para que procedan al bloqueo o baja de ese material.
Hace pocos días se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a un juez correccional que investigue un presunto caso de “violencia de género” donde una mujer acusa a su expareja de publicar en las redes sociales fotos en las que ella aparece en situaciones íntimas junto con números telefónicos y una supuesta oferta de servicios sexuales.
El caso no es nuevo y se trata de uno de tantos episodios denominados habitualmente “revenge porn” o “porno vengativo”, que de momento en Argentina cuentan con varios obstáculos, entre ellos el hecho de que los juzgados donde recae la denuncia suelen declararse incompetentes para resolver el tema y finalmente la víctima elige desistir, principalmente por la falta de recursos y tiempo para aguardar una resolución.
Caso en Buenos Aires
En el caso que se hizo público hace pocos días, la CSJ le ordenó a un juez correccional investigar por presunta “violencia de género” a un novio despechado que, tras romper con su pareja, publicó en la red social Facebook fotos de ella en la intimidad.
En este, como en tantos otros casos, la cuestión de fondo no se ha abordado y los magistrados del máximo tribunal resolvieron en función de un conflicto existente en torno a la competencia de la causa.
El abogado Guillermo Zamora, especialista en derecho informático, explicó a Jornada que “dentro del proceso hay diferentes instancias, donde el juez entiende si es competente o no para continuar con ese proceso. En el caso que sucedió en Buenos Aires, la presentación se hizo en la Fiscalía en delitos informáticos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ésta se declaró incompetente diciendo que debía intervenir la Justicia Federal. En este caso se llegó a Corte Suprema y lo que se determinó es que la competencia debía volver al fuero de CABA”.
Zamora indicó que pese a la gravedad de la acusación y el daño sobre la víctima “aún no se discute la cuestión de fondo, ni siquiera llamaron a la persona que aparece denunciada para saber si fue él quien posteó las fotos y es muy probable que cuando eso pase, el agresor se presente y diga ‘yo no fui’ y ahí ya van a entrar a discutir si fue o no fue”.
Falta legislación
El letrado indicó que si bien se está avanzando mucho “en materia de digitalización de juicios, para que los procesos sean más ágiles a partir de la utilización de herramientas informáticas, desde el proceso de notificación en adelante”, las idas y vueltas de una causa por delitos relacionados con las nuevas tecnologías tienen como fundamento más contundente “la falta de una legislación concreta en materia de proceso judicial”. En ese sentido indicó que uno de los puntos de conflicto se centra en el lugar donde debe presentarse la denuncia, “si es donde el agresor usó la computadora, si es donde el receptor está, porque pueden incluso ser personas de distintas provincias”, y al mismo tiempo saber si a la hora de plantear un reclamo “debo hacerlo a la Justicia Federal o en los tribunales provinciales; la Justicia Federal te dice que actúan por excepción, cuando son personas de distintas provincias, pero igual bajo algunas excepciones”.
El abogado confirma que la falta de definición en cuanto a la competencia no sólo atenta contra la resolución definitiva de algunas causas sobre delitos informáticos, sino que incluso en los casos donde se han posteado fotos o videos de personas en situaciones íntimas, se dificulta la posibilidad de resolver de manera rápida los pedidos ante las empresas que operan los servidores para que procedan al bloqueo o baja de ese material.