Amnistía acusa a Turquía por los ataques masivos con los kurdos
La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que las operaciones militares que el gobierno turco realiza desde hace más de un mes contra miembros y simpatizantes de la guerrilla separatista kurda en ciudades del sureste del país constituyen un "castigo colectivo que amenaza la vida de 200.000 civiles".
Según AI, 162 personas, entre ellas 29 mujeres, 32 niños y 24 mayores de 60 años, murieron durante los sucesivos toques de queda decretados en ciudades de mayoría kurda desde agosto pasado, a los que la organización de derechos humanos consideró un "castigo colectivo" contra la población civil kurda.
Las operaciones militares y los toques de queda comenzaron luego de que un mes antes, en julio pasado, la guerrilla separatista kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) diera por terminado un alto al fuego unilateral que había declarado dos años antes en busca de una solución al prolongado conflicto armado.
En algunos casos -sostiene un informe difundido por AI y reproducido por la agencia de noticias EFE- las víctimas murieron por fuego de francotiradores a gran distancia, en momentos en que era "muy inverosímil" que estuvieran involucradas en enfrentamientos armados.
El gobierno turco sólo admite la muerte de 18 civiles en cuatro municipios bajo toque de queda desde diciembre, período en el que -subraya- fallecieron 24 miembros de las fuerzas del orden.
El documento de la ONG humanitaria registra los casos de unos 90.000 civiles que abandonaron los cuatro municipios actualmente bajo toque de queda, mientras cerca de 200.000 siguen gravemente afectados por las operaciones, estima Amnistía.
La intervención policial y militar se dirige contra grupos del YDG-H (el ala juvenil del PKK), que tomó el control en varios barrios de esas ciudades, desde donde se defienden de las embestidas de las fuerzas de seguridad con lanzagranadas, armas ligeras y explosivos caseros.
La respuesta de las fuerzas de seguridad -enfatiza AI- parece dedicada a matar a los miembros del YDG-H, en lugar de arrestarlos, algo contrario a las normas internacionales, al igual que el uso de armamento pesado en áreas habitadas donde puede causar bajas civiles, señala el informe.
La organización pide al gobierno turco "garantizar que todo uso de armas de fuego cumpla con los derechos humanos", al tiempo que critica las campañas judiciales contra medios de comunicación y figuras académicas que critican estas operaciones militares.
El informe se conoce un día después que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descartara de plano cualquier posibilidad de nuevas negociaciones con el ilegalizado partido.
"A partir de ahora, ni la organización terrorista separatista, ni el partido bajo su control ni otras estructuras, serán aceptadas como interlocutor. Este asunto se terminó", advirtió el jefe del Estado ayer durante una reunión con dirigentes municipales en la capital, Ankara.
Erdogan aseguró que los miembros o simpatizantes del PKK responderán ante la justicia y que las fuerzas de seguridad "liquidarán a los terroristas".
El político conservador dijo que una vez se haya acabado con la guerrilla, las autoridades "se sentarán con los ciudadanos" para decidir que medidas se toman para encontrar una "solución definitiva a este asunto", en relación a las demandas de más derechos por parte de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía.
Hoy, un soldado turco murió y otros seis resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en la explosión de una bomba-trampa durante una operación contra el PKK en el sureste de Turquía, informó el Estado Mayor turco.
Según un comunicado castrense, los rebeldes activaron a distancia un explosivo casero oculto en una calle en el barrio Sur de Diyarbakir, bajo toque de queda desde inicios de diciembre y escenario de enfrentamientos diarios entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes del PKK.
En julio de 2015, el PKK dio por terminado el alto el fuego que había mantenido durante dos años mientras negociaba con el Estado una solución pacífica a un conflicto armado que ha causado 45.000 muertos desde 1984.
El grupo separatista busca crear un Estado independiente en el sureste de Turquía, la zona del país de mayoría kurda.
Según AI, 162 personas, entre ellas 29 mujeres, 32 niños y 24 mayores de 60 años, murieron durante los sucesivos toques de queda decretados en ciudades de mayoría kurda desde agosto pasado, a los que la organización de derechos humanos consideró un "castigo colectivo" contra la población civil kurda.
Las operaciones militares y los toques de queda comenzaron luego de que un mes antes, en julio pasado, la guerrilla separatista kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) diera por terminado un alto al fuego unilateral que había declarado dos años antes en busca de una solución al prolongado conflicto armado.
En algunos casos -sostiene un informe difundido por AI y reproducido por la agencia de noticias EFE- las víctimas murieron por fuego de francotiradores a gran distancia, en momentos en que era "muy inverosímil" que estuvieran involucradas en enfrentamientos armados.
El gobierno turco sólo admite la muerte de 18 civiles en cuatro municipios bajo toque de queda desde diciembre, período en el que -subraya- fallecieron 24 miembros de las fuerzas del orden.
El documento de la ONG humanitaria registra los casos de unos 90.000 civiles que abandonaron los cuatro municipios actualmente bajo toque de queda, mientras cerca de 200.000 siguen gravemente afectados por las operaciones, estima Amnistía.
La intervención policial y militar se dirige contra grupos del YDG-H (el ala juvenil del PKK), que tomó el control en varios barrios de esas ciudades, desde donde se defienden de las embestidas de las fuerzas de seguridad con lanzagranadas, armas ligeras y explosivos caseros.
La respuesta de las fuerzas de seguridad -enfatiza AI- parece dedicada a matar a los miembros del YDG-H, en lugar de arrestarlos, algo contrario a las normas internacionales, al igual que el uso de armamento pesado en áreas habitadas donde puede causar bajas civiles, señala el informe.
La organización pide al gobierno turco "garantizar que todo uso de armas de fuego cumpla con los derechos humanos", al tiempo que critica las campañas judiciales contra medios de comunicación y figuras académicas que critican estas operaciones militares.
El informe se conoce un día después que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descartara de plano cualquier posibilidad de nuevas negociaciones con el ilegalizado partido.
"A partir de ahora, ni la organización terrorista separatista, ni el partido bajo su control ni otras estructuras, serán aceptadas como interlocutor. Este asunto se terminó", advirtió el jefe del Estado ayer durante una reunión con dirigentes municipales en la capital, Ankara.
Erdogan aseguró que los miembros o simpatizantes del PKK responderán ante la justicia y que las fuerzas de seguridad "liquidarán a los terroristas".
El político conservador dijo que una vez se haya acabado con la guerrilla, las autoridades "se sentarán con los ciudadanos" para decidir que medidas se toman para encontrar una "solución definitiva a este asunto", en relación a las demandas de más derechos por parte de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía.
Hoy, un soldado turco murió y otros seis resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en la explosión de una bomba-trampa durante una operación contra el PKK en el sureste de Turquía, informó el Estado Mayor turco.
Según un comunicado castrense, los rebeldes activaron a distancia un explosivo casero oculto en una calle en el barrio Sur de Diyarbakir, bajo toque de queda desde inicios de diciembre y escenario de enfrentamientos diarios entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes del PKK.
En julio de 2015, el PKK dio por terminado el alto el fuego que había mantenido durante dos años mientras negociaba con el Estado una solución pacífica a un conflicto armado que ha causado 45.000 muertos desde 1984.
El grupo separatista busca crear un Estado independiente en el sureste de Turquía, la zona del país de mayoría kurda.