España: continúa el juicio por corrupción a la hermana del Rey
La hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, regresó hoy al banquillo de los acusados al reanudarse el juicio por corrupción del "caso Nóos", en el que está acusada de cooperar con dos delitos de evasión fiscal cometidos presuntamente por su esposo, Iñaki Urdangarin.
Como ocurrió el 11 de enero, cuando se convirtió en la primera integrante de la Corona española en afrontar un procedimiento judicial de este tipo en la historia, la infanta y su esposo acapararon una gran atención mediática y no hicieron declaraciones a su llegada al edificio de Palma de Mallorca, habilitado especialmente para el juicio, que se encuentra en la periferia de la ciudad.
En el arranque del juicio oral, la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron que la hermana del rey sea sobreseída esgrimiendo la conocida como "doctrina Botín", que libró al ya fallecido banquero Emilio Botín de un caso de delito fiscales bajo el argumento de que la acusación popular no puede impulsar sola el procedimiento.
Sin embargo, el tribunal desestimó el pedido, por lo que la hermana del monarca continúa procesada.
La acusación popular, ejercida por el seudo sindicato Manos Limpias, pide para ella ocho años de prisión y una multa de 2 millones de euros.
La infanta será la última en declarar y lo hará el 26 de febrero, de acuerdo con el calendario establecido por el tribunal.
En el macrojuicio por el "caso Nóos" estaban inculpadas un total de 18 personas, pero en el marco de su estrategia procesal Manos Limpias reiteró esta misma mañana la acusación contra Miguel Tejeiro, el secretario del Instituto Nóos, quien quedo absuelto por el tribunal de forma inmediata.
Los demás acusados están involucrados en mayor o menor medida en el saqueo de 6,2 millones de euros públicos a través de una trama urdida por Urgangarin y su ex socio Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con los gobierno de las Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP).
Urdangarin, considerado como cerebro de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de cárcel.
El ex jugador de handball era la cara del Instituto Nóos, entidad ligada al deporte y supuestamente sin fines de lucro, quien logró adjudicaciones millonarias sin que mediara contrato alguno.
El ex director general de Deportes del gobierno balear, José Luis 'Pepote' Ballester, quien hoy abrió los interrogatorios, dijo que "el objetivo era contratar a Urdangarin y todo lo que viniera de él sin discutir el precio".
"Todos sabíamos cuáles eran las directrices, podíamos preguntar pero lo que venía marcado era muy claro, las directrices las daba el presidente balear", explicó el ex funcionario del gobierno de Jaume Matas, otro de los principales acusados.
'Popote', el primer "arrepentido" del caso Nóos, contó detalles como, por ejemplo, se forjó el primer acuerdo entre Urdangarin y el gobierno balear de Matas (2003-2007) durante un partido de padle en el palacio real de Marivent, en el que se ofreció al entonces presidente regional patrocinar un equipo ciclista de elite.
El acusado también explicó que las actas de la fundación por medio de la cual se contrató al Instituto Nóos eran falsas.
Del gobierno balear, Urdangarin y Torres consiguieron más de 2,5 millones de euros.
Después de los funcionarios públicos del gobierno balear, entre ellos Matas, declararán los implicados en la rama valenciana y madrileña.
El Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, llegó a acuerdos con prácticamente todos los acusados del gobierno balear que participaron en las adjudicaciones al Instituto Nóos, quienes reconocerán los hechos a cambio de una rebaja en la condena, según informa la radio Cadena Ser.
El juez que llevo la investigación durante casi cinco años encontró numerosos indicios de que la infanta Cristina participó de los negocios ilegales de su esposo, que fue cómplice de sus delitos, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado siempre defendieron su inocencia, lo que llevó a que la acusación en su contra quedara reducida al delito fiscal.
Si bien los procuradores no la acusan, consideran que la hermana del rey sí se beneficio del dinero obtenido indebidamente por su marido y que éste ocultó al fisco.
Esto es así porque al menos un millón de euros que se apropió la Fundación Nóos fueron a parar a la empresa Aizzon, una sociedad "pantalla" ideada por la trama y que Cristina de Borbón y su marido comparten al 50%.
El escándalo de corrupción Nóos estalló en plena crisis económica, en un momento convulsivo a nivel político y social, lo que provocó gran indignación en España, al punto que contribuyó a la abdicación del rey Juan Carlos a favor de su hijo, Felipe VI, quien actualmente intenta que la Corona se recupere del desgaste sufrido.
Como ocurrió el 11 de enero, cuando se convirtió en la primera integrante de la Corona española en afrontar un procedimiento judicial de este tipo en la historia, la infanta y su esposo acapararon una gran atención mediática y no hicieron declaraciones a su llegada al edificio de Palma de Mallorca, habilitado especialmente para el juicio, que se encuentra en la periferia de la ciudad.
En el arranque del juicio oral, la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron que la hermana del rey sea sobreseída esgrimiendo la conocida como "doctrina Botín", que libró al ya fallecido banquero Emilio Botín de un caso de delito fiscales bajo el argumento de que la acusación popular no puede impulsar sola el procedimiento.
Sin embargo, el tribunal desestimó el pedido, por lo que la hermana del monarca continúa procesada.
La acusación popular, ejercida por el seudo sindicato Manos Limpias, pide para ella ocho años de prisión y una multa de 2 millones de euros.
La infanta será la última en declarar y lo hará el 26 de febrero, de acuerdo con el calendario establecido por el tribunal.
En el macrojuicio por el "caso Nóos" estaban inculpadas un total de 18 personas, pero en el marco de su estrategia procesal Manos Limpias reiteró esta misma mañana la acusación contra Miguel Tejeiro, el secretario del Instituto Nóos, quien quedo absuelto por el tribunal de forma inmediata.
Los demás acusados están involucrados en mayor o menor medida en el saqueo de 6,2 millones de euros públicos a través de una trama urdida por Urgangarin y su ex socio Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con los gobierno de las Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP).
Urdangarin, considerado como cerebro de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de cárcel.
El ex jugador de handball era la cara del Instituto Nóos, entidad ligada al deporte y supuestamente sin fines de lucro, quien logró adjudicaciones millonarias sin que mediara contrato alguno.
El ex director general de Deportes del gobierno balear, José Luis 'Pepote' Ballester, quien hoy abrió los interrogatorios, dijo que "el objetivo era contratar a Urdangarin y todo lo que viniera de él sin discutir el precio".
"Todos sabíamos cuáles eran las directrices, podíamos preguntar pero lo que venía marcado era muy claro, las directrices las daba el presidente balear", explicó el ex funcionario del gobierno de Jaume Matas, otro de los principales acusados.
'Popote', el primer "arrepentido" del caso Nóos, contó detalles como, por ejemplo, se forjó el primer acuerdo entre Urdangarin y el gobierno balear de Matas (2003-2007) durante un partido de padle en el palacio real de Marivent, en el que se ofreció al entonces presidente regional patrocinar un equipo ciclista de elite.
El acusado también explicó que las actas de la fundación por medio de la cual se contrató al Instituto Nóos eran falsas.
Del gobierno balear, Urdangarin y Torres consiguieron más de 2,5 millones de euros.
Después de los funcionarios públicos del gobierno balear, entre ellos Matas, declararán los implicados en la rama valenciana y madrileña.
El Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, llegó a acuerdos con prácticamente todos los acusados del gobierno balear que participaron en las adjudicaciones al Instituto Nóos, quienes reconocerán los hechos a cambio de una rebaja en la condena, según informa la radio Cadena Ser.
El juez que llevo la investigación durante casi cinco años encontró numerosos indicios de que la infanta Cristina participó de los negocios ilegales de su esposo, que fue cómplice de sus delitos, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado siempre defendieron su inocencia, lo que llevó a que la acusación en su contra quedara reducida al delito fiscal.
Si bien los procuradores no la acusan, consideran que la hermana del rey sí se beneficio del dinero obtenido indebidamente por su marido y que éste ocultó al fisco.
Esto es así porque al menos un millón de euros que se apropió la Fundación Nóos fueron a parar a la empresa Aizzon, una sociedad "pantalla" ideada por la trama y que Cristina de Borbón y su marido comparten al 50%.
El escándalo de corrupción Nóos estalló en plena crisis económica, en un momento convulsivo a nivel político y social, lo que provocó gran indignación en España, al punto que contribuyó a la abdicación del rey Juan Carlos a favor de su hijo, Felipe VI, quien actualmente intenta que la Corona se recupere del desgaste sufrido.