Fuentes judiciales indicaron este mediodía que los policías Armando Niz y Luis Miño, a quienes la magistrada imputa inicialmente el presunto delito de "incumplimiento de los deberes" que tenían asignados, hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar "sin que ello implique presunción en su contra".
Los mismos informantes indicaron que la magistrada también rechazó declararse "incompetente" y remitir el expediente a la justicia federal tal como lo había requerido la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien interviene en la causa como querellante en nombre de las dos hijas menores de edad que tuvo con Nisman.
A los policías se les imputa el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber intervenido con mayor premura pese a que Nisman no respondía a sus llamados y por abandonar la custodia para ir a buscar a Sara Garfunkel, la madre del fiscal, el día del hallazgo del cuerpo sin vida.
La magistrada habría basado su decisión, entre otros elementos, en la declaración testimonial de Soledad Castro, una secretaria letrada de Nisman, quien narró cómo el día en que el ex titular de la UFI AMIA apareció muerto pidió insistentemente y sin éxito a los policías que derribaran la puerta del departamento, apuntaron las fuentes.
Según constancias del expediente está acreditado que los custodios abandonaron el puesto en Le Parc para ir a buscar a la madre de Nisman, quien tenía llaves para acceder al departamento, y volvieron a hacerlo para ir en procura de una agenda con una clave para acceder a la entrada principal del departamento.
Para la jueza existía "estado de sospecha suficiente" para interrogarlos como imputados por el presunto delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicaron las fuentes que recordaron que ambos policías ya declararon en la causa como testigos ante la fiscal Viviana Fein.
De acuerdo a las normas procesales Palmaghini tiene ahora diez días para resolver la situación de los policías y decidir si considera que tiene elementos suficientes para procesarlos, si los sobresee o dicta la intermedia "falta de mérito" para uno u otro criterio.
Fuentes judiciales indicaron este mediodía que los policías Armando Niz y Luis Miño, a quienes la magistrada imputa inicialmente el presunto delito de "incumplimiento de los deberes" que tenían asignados, hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar "sin que ello implique presunción en su contra".
Los mismos informantes indicaron que la magistrada también rechazó declararse "incompetente" y remitir el expediente a la justicia federal tal como lo había requerido la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien interviene en la causa como querellante en nombre de las dos hijas menores de edad que tuvo con Nisman.
A los policías se les imputa el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber intervenido con mayor premura pese a que Nisman no respondía a sus llamados y por abandonar la custodia para ir a buscar a Sara Garfunkel, la madre del fiscal, el día del hallazgo del cuerpo sin vida.
La magistrada habría basado su decisión, entre otros elementos, en la declaración testimonial de Soledad Castro, una secretaria letrada de Nisman, quien narró cómo el día en que el ex titular de la UFI AMIA apareció muerto pidió insistentemente y sin éxito a los policías que derribaran la puerta del departamento, apuntaron las fuentes.
Según constancias del expediente está acreditado que los custodios abandonaron el puesto en Le Parc para ir a buscar a la madre de Nisman, quien tenía llaves para acceder al departamento, y volvieron a hacerlo para ir en procura de una agenda con una clave para acceder a la entrada principal del departamento.
Para la jueza existía "estado de sospecha suficiente" para interrogarlos como imputados por el presunto delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicaron las fuentes que recordaron que ambos policías ya declararon en la causa como testigos ante la fiscal Viviana Fein.
De acuerdo a las normas procesales Palmaghini tiene ahora diez días para resolver la situación de los policías y decidir si considera que tiene elementos suficientes para procesarlos, si los sobresee o dicta la intermedia "falta de mérito" para uno u otro criterio.