Independentistas catalanes afirman su voluntad de romper con España
El Parlamento catalán, de mayoría independentista, aprobó hoy una moción que desafía al Tribunal Constitucional español, al ratificar la anulada resolución del 9 de noviembre de 2015 mediante la que se pretendía iniciar el proceso de ruptura con España.
La votación estuvo rodeada de polémica, no sólo por la negativa de los partidos no secesionistas a debatir sino por las discrepancias que suscitó en el propio bloque independentista, debido a la intención de los anticapitalistas de la CUP de reclamar a los Mossos d' Esquadra (policía catalana) que no ejecuten órdenes de la Justicia española orientadas a frenar el proceso de secesión.
El texto aprobado se apoya en el "mandato democrático" surgido de las urnas el 27 de septiembre pasado -cuando se impuso una mayoría independentistas en las elecciones regionales- para ratificar la "firme voluntad de seguir llevando a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por el Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia" de Cataluña.
Los partidos opositores rechazaron el debate por considerar que la moción vulnera la disposición del TC, clara y explicita en cuanto a que no se pueden desarrollar los contenidos de la resolución del 9N porque es inconstitucional al plantear la secesión así como el desacato a las órdenes del propio alto tribunal.
En los últimos años, el Ejecutivo español recurrió al TC para frenar todo tipo de declaraciones y leyes del parlamento de la norteña región de Cataluña, que intenta celebrar un referéndum de secesión.
El tribunal anuló las iniciativas por considerar que vulneran la Carta Magna, que atribuye la soberanía nacional al conjunto de pueblo español.
Sin embargo, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a cumplir con el acuerdo sellado entre la lista independentista Junts pel Sí (JxS) y los anticapitalistas -también partidarios de la secesión- que permitió su elección con el único objetivo e avanzar hacia la "desconexión" del Estado español impulsando un marco legal propio.
Ese acuerdo implica también desobedecer las leyes y los tribunales españoles, aunque los independentistas intentan hacerlo sin caer en la ilegalidad, con medidas y acciones más bien simbólicas.
Tanto el Ejecutivo español en funciones del conservador Partido Popular (PP) como el líder socialista Pedro Sánchez, quien tiene plazo hasta el 2 de mayor para formar gobierno, siguen cerrados a la posibilidad de negociar un referéndum para Cataluña.
Ante esa negativa, el plan de los independentista es ir avanzando en el desarrollo del marco jurídico del nuevo Estado que pretenden aprobar cuando se venza el plazo de 18 meses que ellos mismo plantean para hacer efectiva la independencia.
La votación estuvo rodeada de polémica, no sólo por la negativa de los partidos no secesionistas a debatir sino por las discrepancias que suscitó en el propio bloque independentista, debido a la intención de los anticapitalistas de la CUP de reclamar a los Mossos d' Esquadra (policía catalana) que no ejecuten órdenes de la Justicia española orientadas a frenar el proceso de secesión.
El texto aprobado se apoya en el "mandato democrático" surgido de las urnas el 27 de septiembre pasado -cuando se impuso una mayoría independentistas en las elecciones regionales- para ratificar la "firme voluntad de seguir llevando a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por el Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia" de Cataluña.
Los partidos opositores rechazaron el debate por considerar que la moción vulnera la disposición del TC, clara y explicita en cuanto a que no se pueden desarrollar los contenidos de la resolución del 9N porque es inconstitucional al plantear la secesión así como el desacato a las órdenes del propio alto tribunal.
En los últimos años, el Ejecutivo español recurrió al TC para frenar todo tipo de declaraciones y leyes del parlamento de la norteña región de Cataluña, que intenta celebrar un referéndum de secesión.
El tribunal anuló las iniciativas por considerar que vulneran la Carta Magna, que atribuye la soberanía nacional al conjunto de pueblo español.
Sin embargo, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a cumplir con el acuerdo sellado entre la lista independentista Junts pel Sí (JxS) y los anticapitalistas -también partidarios de la secesión- que permitió su elección con el único objetivo e avanzar hacia la "desconexión" del Estado español impulsando un marco legal propio.
Ese acuerdo implica también desobedecer las leyes y los tribunales españoles, aunque los independentistas intentan hacerlo sin caer en la ilegalidad, con medidas y acciones más bien simbólicas.
Tanto el Ejecutivo español en funciones del conservador Partido Popular (PP) como el líder socialista Pedro Sánchez, quien tiene plazo hasta el 2 de mayor para formar gobierno, siguen cerrados a la posibilidad de negociar un referéndum para Cataluña.
Ante esa negativa, el plan de los independentista es ir avanzando en el desarrollo del marco jurídico del nuevo Estado que pretenden aprobar cuando se venza el plazo de 18 meses que ellos mismo plantean para hacer efectiva la independencia.