Bellini: indemnización de $ 5 millones
En la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn se realizó la audiencia de la Unión Tranviarios Automotor y Ricardo Gavilondo, apoderado legal de Benítez Bellini, para intentar destrabar el conflicto por los 18 telegramas de despido que la empresa anunció enviará ante la finalización del contrato de la línea 5.
La audiencia pasó a cuarto intermedio debido a que la solución depende de la firma de un convenio entre Benítez Bellini y el municipio para prorrogar por 90 días la concesión. Transcurrido ese lapso se le quitarán todas las líneas previo pago de una indemnización de 5 millones de pesos, que allanaría el camino para que una nueva empresa asuma la responsabilidad del transporte público en la ciudad portuaria.
El borrador del acuerdo se elaboró en una reunión la tarde noche del martes aunque resta definir la letra chica. Además de fijar la fecha de rescisión del vínculo contractual se debe dejar constancia del envío de fondos para que la empresa pueda pagar los sueldos a todo su personal.
Gavilondo aclaró que “todo está supeditado al acuerdo que se pueda celebrar con el municipio por la prórroga de la línea 5”, tema que causó “que se cursaran los preavisos a los trabajadores involucrados del cese en su labor”. El letrado fue cauto y no dio detalles aunque reconoció que “hemos avanzado bastante como para concluir en algo”.
El apoderado legal de Bellini no descartó que la prórroga de la línea 5 sea por 90 días, además de discutir cómo será la rescisión con el municipio portuario. La indemnización por 5 millones de pesos “es una posibilidad”, dijo el abogado patronal.
“La empresa tiene concesiones vigentes y por varios años más. Parte de las discusiones con el municipio es saber qué pasa con las expectativas de la empresa de continuar”.
Con relación a los haberes, reconoció que la empresa “pagó parcialmente pero no pudo cancelar todos los sueldos”, aunque dejó abierta la puerta para que el dinero que resta aparezca resultado del acuerdo con la comuna.
“Hay una parte que Provincia debe afrontarla y otra parte tendría que aportarla el municipio para destrabar la situación”.
Gavilondo reconoció que la crisis económica de la empresa resulta de “un retraso en las tarifas y en el pago de los subsidios. Todo generó una situación financiera compleja para afrontar obligaciones corrientes como el pago de haberes”. Resta saber cómo concluirá este conflicto que tanto afecta a los vecinos.
La audiencia pasó a cuarto intermedio debido a que la solución depende de la firma de un convenio entre Benítez Bellini y el municipio para prorrogar por 90 días la concesión. Transcurrido ese lapso se le quitarán todas las líneas previo pago de una indemnización de 5 millones de pesos, que allanaría el camino para que una nueva empresa asuma la responsabilidad del transporte público en la ciudad portuaria.
El borrador del acuerdo se elaboró en una reunión la tarde noche del martes aunque resta definir la letra chica. Además de fijar la fecha de rescisión del vínculo contractual se debe dejar constancia del envío de fondos para que la empresa pueda pagar los sueldos a todo su personal.
Gavilondo aclaró que “todo está supeditado al acuerdo que se pueda celebrar con el municipio por la prórroga de la línea 5”, tema que causó “que se cursaran los preavisos a los trabajadores involucrados del cese en su labor”. El letrado fue cauto y no dio detalles aunque reconoció que “hemos avanzado bastante como para concluir en algo”.
El apoderado legal de Bellini no descartó que la prórroga de la línea 5 sea por 90 días, además de discutir cómo será la rescisión con el municipio portuario. La indemnización por 5 millones de pesos “es una posibilidad”, dijo el abogado patronal.
“La empresa tiene concesiones vigentes y por varios años más. Parte de las discusiones con el municipio es saber qué pasa con las expectativas de la empresa de continuar”.
Con relación a los haberes, reconoció que la empresa “pagó parcialmente pero no pudo cancelar todos los sueldos”, aunque dejó abierta la puerta para que el dinero que resta aparezca resultado del acuerdo con la comuna.
“Hay una parte que Provincia debe afrontarla y otra parte tendría que aportarla el municipio para destrabar la situación”.
Gavilondo reconoció que la crisis económica de la empresa resulta de “un retraso en las tarifas y en el pago de los subsidios. Todo generó una situación financiera compleja para afrontar obligaciones corrientes como el pago de haberes”. Resta saber cómo concluirá este conflicto que tanto afecta a los vecinos.