La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido del exgobernador Martín Buzzi para que la causa por el crédito de 10 millones a Omar Segundo pase al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
“Corresponde entonces a la justicia provincial investigar la conducta denunciada en estas actuaciones” sostiene la resolución firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Según un parte de prensa de Fiscalía, la presentación había sido del exgobernador Buzzi ante el Juzgado Federal número 6 de Buenos Aires, a cargo de Canicoba Corral, indicando que el 20 por ciento del crédito de los 10 millones otorgado a Omar Segundo, cuando este era presidente de Alpesca, provenían de fondos nacionales y, por ello, la causa que investiga una presunta “administración fraudulenta” sería de competencia federal. Sus planteos fueron rechazados por el máximo órgano judicial del país.
“El conflicto de competencia se origina por la presentación efectuada por el gobernador de la Provincia del Chubut -imputado en la causa- a través de la cual planteó -por vía de inhibitoria- la incompetencia de la justicia provincial y la declaración de competencia de la justicia federal para investigar los delitos denunciados”, afirmaron los ministros de la Corte Suprema.
Para el fiscal del caso, Daniel Báez, la presentación del exgobernador era “una maniobra para sustraer la causa de la Justicia Provincial. No es casual y no solo que es dilatoria sino que pretende sustraer de la acción de la Justicia Provincial”.
La investigación es por el crédito de 10 millones de pesos otorgado por Provincia a través de la Corporación de Fomento del Chubut, al empresario Omar “Cura” Segundo cuando era presidente de Alpesca. Hasta el momento sólo devolvió aproximadamente un millón y medio de pesos.
En la causa están acusados exfuncionarios provinciales que tenían bajo su órbita de responsabilidad el manejo y la administración de fondos de la provincia de Chubut.
Los imputados son el exgobernador Martín Buzzi; la exministro y actual diputada provincial Gabriela Dufour; el exministro coordinador y exintegrante del directorio del Banco Chubut, Carlos Eliceche; el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; Claudia Mundet, quien se desempeñaba como gerente general de Corfo; y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Romero Belastin.
También están acusados Segundo, quien por entonces era el presidente de la empresa Alpesca, y su hijo Juan Paulo, junto a Carlos Molina, exgerente de la firma. Se los acusa de “fraude en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipes necesarios”.
Los fiscales indicaron en su momento que “Segundo tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO, que es el organismo que en definitiva utilizan los imputados para darle la suma de 10 millones de pesos a Segundo, y que este no devuelve”.
Además, añadieron que “resulta necesaria la participación como codeudores de acuerdo al documento de mutuo de los señores Carlos Luis Molina y Juan Paulo Segundo, quienes suscriben el mutuo, permitiendo así, con su participación, la concreción de la maniobra defraudatoria”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido del exgobernador Martín Buzzi para que la causa por el crédito de 10 millones a Omar Segundo pase al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
“Corresponde entonces a la justicia provincial investigar la conducta denunciada en estas actuaciones” sostiene la resolución firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Según un parte de prensa de Fiscalía, la presentación había sido del exgobernador Buzzi ante el Juzgado Federal número 6 de Buenos Aires, a cargo de Canicoba Corral, indicando que el 20 por ciento del crédito de los 10 millones otorgado a Omar Segundo, cuando este era presidente de Alpesca, provenían de fondos nacionales y, por ello, la causa que investiga una presunta “administración fraudulenta” sería de competencia federal. Sus planteos fueron rechazados por el máximo órgano judicial del país.
“El conflicto de competencia se origina por la presentación efectuada por el gobernador de la Provincia del Chubut -imputado en la causa- a través de la cual planteó -por vía de inhibitoria- la incompetencia de la justicia provincial y la declaración de competencia de la justicia federal para investigar los delitos denunciados”, afirmaron los ministros de la Corte Suprema.
Para el fiscal del caso, Daniel Báez, la presentación del exgobernador era “una maniobra para sustraer la causa de la Justicia Provincial. No es casual y no solo que es dilatoria sino que pretende sustraer de la acción de la Justicia Provincial”.
La investigación es por el crédito de 10 millones de pesos otorgado por Provincia a través de la Corporación de Fomento del Chubut, al empresario Omar “Cura” Segundo cuando era presidente de Alpesca. Hasta el momento sólo devolvió aproximadamente un millón y medio de pesos.
En la causa están acusados exfuncionarios provinciales que tenían bajo su órbita de responsabilidad el manejo y la administración de fondos de la provincia de Chubut.
Los imputados son el exgobernador Martín Buzzi; la exministro y actual diputada provincial Gabriela Dufour; el exministro coordinador y exintegrante del directorio del Banco Chubut, Carlos Eliceche; el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; Claudia Mundet, quien se desempeñaba como gerente general de Corfo; y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Romero Belastin.
También están acusados Segundo, quien por entonces era el presidente de la empresa Alpesca, y su hijo Juan Paulo, junto a Carlos Molina, exgerente de la firma. Se los acusa de “fraude en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipes necesarios”.
Los fiscales indicaron en su momento que “Segundo tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO, que es el organismo que en definitiva utilizan los imputados para darle la suma de 10 millones de pesos a Segundo, y que este no devuelve”.
Además, añadieron que “resulta necesaria la participación como codeudores de acuerdo al documento de mutuo de los señores Carlos Luis Molina y Juan Paulo Segundo, quienes suscriben el mutuo, permitiendo así, con su participación, la concreción de la maniobra defraudatoria”.