Acortar el mandato de Maduro sería "fraude", asegura Corte Suprema venezolana
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela estableció hoy que una eventual enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial sería aplicable a períodos futuros pero no al actual, porque si así fuera se estaría "desconociendo la voluntad del pueblo" y significaría "un fraude a la Constitución".
La Sala Constitucional del TSJ, controlada por el chavismo, falló de ese modo luego de que la Asamblea Nacional (parlamento), con mayoría opositora, aprobara el miércoles pasado en primera discusión un proyecto de enmienda constitucional destinado a acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
"Tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el de presidente de la república, constituye a todas luces un fraude a la Constitución", dice la resolución.
El fallo subraya que la Carta Magna "prevé un mecanismo político efectivo para tales fines, tal como lo es el ejercicio del referendo revocatorio contemplado en el artículo 72".
También recuerda que la figura de la enmienda "tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos" de la Constitución "sin alterar su estructura fundamental", así como que la Carta Magna establece que "la ley no tiene efecto retroactivo".
La Sala Constitucional emitió esa resolución en respuesta a la demanda de interpretación del artículo 340 de la Constitución -el que define en 22 palabras el objeto de la enmienda- hecha por el Poder Ejecutivo.
La Asamblea aprobó el proyecto de enmienda el miércoles pasado en primera discusión, lo que implica que debía volver a ser tratado en comisión y votado luego en segunda instancia por el plenario del cuerpo.
La iniciativa postula reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial y restringir a una sola la posibilidad de reelección -que hoy es ilimitada- de presidente, gobernadores y alcaldes.
De acuerdo con ese proyecto, el mandato de Maduro terminaría el 10 de enero de 2017 (en vez de igual fecha de 2019).
Dado que la Carta Magna establece que las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por la ciudadanía en referendo, el proyecto aprobado la semana pasada incluye una cláusula transitoria según la cual debería llamarse a elecciones para designar al sucesor de Maduro dentro de los 30 días siguientes a la consulta y "a más tardar" el segundo domingo de diciembre de este año.
El proyecto contiene también otra cláusula transitoria que advierte que la Sala Constitucional del TSJ "no podrá efectuar interpretación alguna sobre el texto de esta enmienda que impida u obstaculice su aplicación".
De este modo, los legisladores buscaron "blindar" la eventual enmienda de la estrategia ya desplegada por el chavismo de neutralizar decisiones parlamentarias a través de la declaración de inconstitucionalidad por parte del máximo tribunal.
Desde que en enero de este año la oposición tomó el control de la Asamblea, el TSJ declaró inconstitucionales las leyes de amnistía y de reforma del Banco Central de Venezuela (BCV), entre otras.
Asimismo, el máximo tribunal declaró vigente el decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese que la Asamblea lo había vetado en uso de sus facultades constitucionales.
La enmienda constitucional es uno de los tres mecanismos legales a los que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora anunció que recurriría para forzar el fin anticipado del mandato de Maduro. Los otros dos son el referendo revocatorio y marchas callejeras con el objeto de provocar la renuncia del mandatario.
Con respecto al referendo, la MUD viene denunciando desde hace semanas que el CNE -también controlado por el chavismo- le impuso requisitos no establecidos por la ley con el objeto de demorar el trámite.
La MUD aspira a que Maduro deje su cargo antes del 10 de enero de 2017, porque en ese caso debe llamarse a elecciones para elegir a su sucesor. En cambio, si la vacante se produce después, el vicepresidente deberá completar el período hasta igual fecha de 2019.
El gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles anunció que participará el miércoles de la marcha hasta la sede del CNE para exigir las planillas de recolección de firmas para activar la convocatoria el referendo, convocatoria que se replicará también en otras ciudades.
Hasta que el CNE "no se digne a entregar las planillas que tenemos dos meses exigiendo" se mantendrán las movilizaciones, advirtió Capriles en conferencia de prensa.
"Si el referendo revocatorio no es este año, no tiene sentido; no nos interesa un mismo gobierno; o es este año o no hay revocatorio", agregó.
La Sala Constitucional del TSJ, controlada por el chavismo, falló de ese modo luego de que la Asamblea Nacional (parlamento), con mayoría opositora, aprobara el miércoles pasado en primera discusión un proyecto de enmienda constitucional destinado a acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
"Tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el de presidente de la república, constituye a todas luces un fraude a la Constitución", dice la resolución.
El fallo subraya que la Carta Magna "prevé un mecanismo político efectivo para tales fines, tal como lo es el ejercicio del referendo revocatorio contemplado en el artículo 72".
También recuerda que la figura de la enmienda "tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos" de la Constitución "sin alterar su estructura fundamental", así como que la Carta Magna establece que "la ley no tiene efecto retroactivo".
La Sala Constitucional emitió esa resolución en respuesta a la demanda de interpretación del artículo 340 de la Constitución -el que define en 22 palabras el objeto de la enmienda- hecha por el Poder Ejecutivo.
La Asamblea aprobó el proyecto de enmienda el miércoles pasado en primera discusión, lo que implica que debía volver a ser tratado en comisión y votado luego en segunda instancia por el plenario del cuerpo.
La iniciativa postula reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial y restringir a una sola la posibilidad de reelección -que hoy es ilimitada- de presidente, gobernadores y alcaldes.
De acuerdo con ese proyecto, el mandato de Maduro terminaría el 10 de enero de 2017 (en vez de igual fecha de 2019).
Dado que la Carta Magna establece que las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por la ciudadanía en referendo, el proyecto aprobado la semana pasada incluye una cláusula transitoria según la cual debería llamarse a elecciones para designar al sucesor de Maduro dentro de los 30 días siguientes a la consulta y "a más tardar" el segundo domingo de diciembre de este año.
El proyecto contiene también otra cláusula transitoria que advierte que la Sala Constitucional del TSJ "no podrá efectuar interpretación alguna sobre el texto de esta enmienda que impida u obstaculice su aplicación".
De este modo, los legisladores buscaron "blindar" la eventual enmienda de la estrategia ya desplegada por el chavismo de neutralizar decisiones parlamentarias a través de la declaración de inconstitucionalidad por parte del máximo tribunal.
Desde que en enero de este año la oposición tomó el control de la Asamblea, el TSJ declaró inconstitucionales las leyes de amnistía y de reforma del Banco Central de Venezuela (BCV), entre otras.
Asimismo, el máximo tribunal declaró vigente el decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese que la Asamblea lo había vetado en uso de sus facultades constitucionales.
La enmienda constitucional es uno de los tres mecanismos legales a los que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora anunció que recurriría para forzar el fin anticipado del mandato de Maduro. Los otros dos son el referendo revocatorio y marchas callejeras con el objeto de provocar la renuncia del mandatario.
Con respecto al referendo, la MUD viene denunciando desde hace semanas que el CNE -también controlado por el chavismo- le impuso requisitos no establecidos por la ley con el objeto de demorar el trámite.
La MUD aspira a que Maduro deje su cargo antes del 10 de enero de 2017, porque en ese caso debe llamarse a elecciones para elegir a su sucesor. En cambio, si la vacante se produce después, el vicepresidente deberá completar el período hasta igual fecha de 2019.
El gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles anunció que participará el miércoles de la marcha hasta la sede del CNE para exigir las planillas de recolección de firmas para activar la convocatoria el referendo, convocatoria que se replicará también en otras ciudades.
Hasta que el CNE "no se digne a entregar las planillas que tenemos dos meses exigiendo" se mantendrán las movilizaciones, advirtió Capriles en conferencia de prensa.
"Si el referendo revocatorio no es este año, no tiene sentido; no nos interesa un mismo gobierno; o es este año o no hay revocatorio", agregó.