Recrudece el conflicto con estatales en Tierra del Fuego
El gobierno de Tierra del Fuego canceló la reunión que iba a mantener con representantes de los gremios estatales y los sindicatos contestaron ratificando para hoy la jornada número 59 de paro por tiempo indeterminado en reclamo de la derogación de un paquete de leyes previsionales.
Las negociaciones que venían manteniendo autoridades y dirigentes gremiales volvieron a frustrarse luego de que el ministro de Gobierno provincial, Gastón Díaz, se molestó con declaraciones públicas realizadas por la vocera de la agrupación sindical, Elisa Dietrich, quien exigió la discusión “completa de las leyes” y sostuvo que “lo que no se logre con el diálogo terminará siendo una batalla campal”.
“Espero no se cumpla la premonición de batalla campal y devolvamos la institucionalidad a nuestra provincia”, señaló Díaz en declaraciones oficiales, y le pidió a los dirigentes “sostener batallas, pero argumentativas”.
El funcionario consideró los dichos de la dirigente gremial como “una advertencia que representa un ilícito tipificado por el Código Penal”, y recordó que el gobierno “siempre se manejó con respeto”, lo que le permitió llegar a acuerdos individuales con otros gremios estatales.
El ministro le comunicó a Dietrich la decisión de cancelar la reunión conciliatoria a través de un mensaje de texto, según revelaron después fuentes sindicales.
Por su parte, la unión de gremios reaccionó a la cancelación del encuentro con la ratificación del paro provincial y con acusaciones a los funcionarios, a quienes responsabilizaron de “no querer dialogar”.
"El Poder Ejecutivo ha impedido una vez más la apertura de una mesa de diálogo en los términos en los que se había comprometido. El ministro Díaz buscó una excusa para faltar a su palabra, realizando un planteo completamente mediocre, absurdo, provocativo y ridículo", replicó la agrupación sindical en un comunicado.
También afirmaron que “tras 59 días de lucha, queremos de vuelta los derechos que nos arrebataron el 8 y 9 de enero. Ni un derecho menos en Tierra del Fuego", expresaron.
A su vez, un grupo de funcionarios provinciales logró ayer ingresar a la Casa de Gobierno de la provincia, que permanece bloqueada por un acampe de estatales desde el inicio del conflicto.
Las autoridades montaron un dispositivo policial que no fue resistido por los sindicatos y pudieran entrar al edificio, entre otros, el ministro Díaz, el secretario de Gobierno, Alejandro Ledesma y el secretario General, Javier Eposto.
“Hay que abordar la situación con madurez y separar lo político de lo gremial”, sostuvo Ledesma, y reiteró que “necesitamos ingresar a trabajar para que la administración vuelva a funcionar”.
El gobierno había anunciado que a partir de hoy reingresarían también los empleados del edificio gubernamental, pero después dio marcha atrás y sostuvo que solamente entrarán los funcionarios, hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.
Las medidas de fuerza de los estatales siguen afectando el desarrollo de las actividades normales en decenas de oficinas públicas, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, incluyendo el dictado de clases en las escuelas que se lleva a cabo de manera parcial.
Los gremios exigen la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero, que reformó el sistema jubilatorio y, entre otros puntos, endureció las condiciones de acceso a la jubilación ordinaria en el distrito.
Las negociaciones que venían manteniendo autoridades y dirigentes gremiales volvieron a frustrarse luego de que el ministro de Gobierno provincial, Gastón Díaz, se molestó con declaraciones públicas realizadas por la vocera de la agrupación sindical, Elisa Dietrich, quien exigió la discusión “completa de las leyes” y sostuvo que “lo que no se logre con el diálogo terminará siendo una batalla campal”.
“Espero no se cumpla la premonición de batalla campal y devolvamos la institucionalidad a nuestra provincia”, señaló Díaz en declaraciones oficiales, y le pidió a los dirigentes “sostener batallas, pero argumentativas”.
El funcionario consideró los dichos de la dirigente gremial como “una advertencia que representa un ilícito tipificado por el Código Penal”, y recordó que el gobierno “siempre se manejó con respeto”, lo que le permitió llegar a acuerdos individuales con otros gremios estatales.
El ministro le comunicó a Dietrich la decisión de cancelar la reunión conciliatoria a través de un mensaje de texto, según revelaron después fuentes sindicales.
Por su parte, la unión de gremios reaccionó a la cancelación del encuentro con la ratificación del paro provincial y con acusaciones a los funcionarios, a quienes responsabilizaron de “no querer dialogar”.
"El Poder Ejecutivo ha impedido una vez más la apertura de una mesa de diálogo en los términos en los que se había comprometido. El ministro Díaz buscó una excusa para faltar a su palabra, realizando un planteo completamente mediocre, absurdo, provocativo y ridículo", replicó la agrupación sindical en un comunicado.
También afirmaron que “tras 59 días de lucha, queremos de vuelta los derechos que nos arrebataron el 8 y 9 de enero. Ni un derecho menos en Tierra del Fuego", expresaron.
A su vez, un grupo de funcionarios provinciales logró ayer ingresar a la Casa de Gobierno de la provincia, que permanece bloqueada por un acampe de estatales desde el inicio del conflicto.
Las autoridades montaron un dispositivo policial que no fue resistido por los sindicatos y pudieran entrar al edificio, entre otros, el ministro Díaz, el secretario de Gobierno, Alejandro Ledesma y el secretario General, Javier Eposto.
“Hay que abordar la situación con madurez y separar lo político de lo gremial”, sostuvo Ledesma, y reiteró que “necesitamos ingresar a trabajar para que la administración vuelva a funcionar”.
El gobierno había anunciado que a partir de hoy reingresarían también los empleados del edificio gubernamental, pero después dio marcha atrás y sostuvo que solamente entrarán los funcionarios, hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.
Las medidas de fuerza de los estatales siguen afectando el desarrollo de las actividades normales en decenas de oficinas públicas, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, incluyendo el dictado de clases en las escuelas que se lleva a cabo de manera parcial.
Los gremios exigen la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero, que reformó el sistema jubilatorio y, entre otros puntos, endureció las condiciones de acceso a la jubilación ordinaria en el distrito.