El Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó que esos cargos deben de ser revisados debido a que el fiscal nacional que los retiró, Mokotedi Mpshe, tomó una decisión "irracional", según expresó el juez del caso, Aubrey Ledwaba, citado por la agencia de noticias EFE.
El Tribunal respondió así a un pedido para que se reactiven las investigaciones presentado por el principal partido de oposición, la Alianza Democrática (AD), cuya estrategia política comenzó una carrera sin fin para derrocar al presidente Zuma de su cargo.
"La decisión de detener este procesamiento debió haberla tomado un tribunal de Justicia", explicó el juez Ledwaba durante la lectura del veredicto, que establece que "Zuma debe responder por los cargos".
El dictamen del alto Tribunal obliga ahora al Ministerio Público -que ha sido acusado de sumisión al presidente- a volver a presentar los cargos contra Zuma, relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999.
El procesamiento se produjo en diciembre de 2007, días después de que fuera elegido presidente del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) al derrotar al entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki.
Una condena superior a un año de cárcel hubiera impedido a Zuma ser diputado y, por tanto, ser nombrado presidente de Sudáfrica tras las elecciones de abril de 2009, pero la Fiscalía retiró todos los cargos que había contra él.
No está claro si los abogados de Zuma presentarán algún recurso, pero esta resolución constituye un nuevo golpe para el mandatario acechado por los escándalos de corrupción y los abusos de poder.
Una sentencia dictada en marzo por el Tribunal Constitucional establece que Zuma violó la Constitución al negarse, como le pedía la Defensora del Pueblo, a devolver parte de los 246 millones de rands (más de 15 millones de euros) de dinero público que se gastó en la reforma de su residencia privada.
El desgaste de Zuma podría afectar a los resultados del CNA en las elecciones municipales del próximo 3 de agosto, en las que la oposición aspira a arrebatar al partido oficialista grandes ciudades como Port Elizabeth, Pretoria o Johannesburgo.
"Hoy se ha producido una gran victoria para el Estado de derecho", declaró eufórico el líder de AD, Mmusi Maimane, para quien Zuma "no es apto para ser presidente y debe enfrentarse a un juicio que confirmará lo que siempre hemos mantenido".
El año 2016 se inició con mal pie para el heredero de Nelson Mandela y su imagen está cada vez más debilitada.
Su vinculación con la familia más poderosa de Sudáfrica, los Gupta, cuestionó la neutralidad de sus decisiones como presidente, así como la designación de cargos dentro del aparato de gobierno.
Paralelamente, el país comenzó a sufrir las consecuencias de una crisis económica que amenaza con derivar en desastre nacional.
Varios miembros de su partido piden a Zuma que abandone su cargo por el bien del país y la popularidad del presidente, que renovó su cargo en 2014, viene en caída libre.
El Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó que esos cargos deben de ser revisados debido a que el fiscal nacional que los retiró, Mokotedi Mpshe, tomó una decisión "irracional", según expresó el juez del caso, Aubrey Ledwaba, citado por la agencia de noticias EFE.
El Tribunal respondió así a un pedido para que se reactiven las investigaciones presentado por el principal partido de oposición, la Alianza Democrática (AD), cuya estrategia política comenzó una carrera sin fin para derrocar al presidente Zuma de su cargo.
"La decisión de detener este procesamiento debió haberla tomado un tribunal de Justicia", explicó el juez Ledwaba durante la lectura del veredicto, que establece que "Zuma debe responder por los cargos".
El dictamen del alto Tribunal obliga ahora al Ministerio Público -que ha sido acusado de sumisión al presidente- a volver a presentar los cargos contra Zuma, relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999.
El procesamiento se produjo en diciembre de 2007, días después de que fuera elegido presidente del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) al derrotar al entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki.
Una condena superior a un año de cárcel hubiera impedido a Zuma ser diputado y, por tanto, ser nombrado presidente de Sudáfrica tras las elecciones de abril de 2009, pero la Fiscalía retiró todos los cargos que había contra él.
No está claro si los abogados de Zuma presentarán algún recurso, pero esta resolución constituye un nuevo golpe para el mandatario acechado por los escándalos de corrupción y los abusos de poder.
Una sentencia dictada en marzo por el Tribunal Constitucional establece que Zuma violó la Constitución al negarse, como le pedía la Defensora del Pueblo, a devolver parte de los 246 millones de rands (más de 15 millones de euros) de dinero público que se gastó en la reforma de su residencia privada.
El desgaste de Zuma podría afectar a los resultados del CNA en las elecciones municipales del próximo 3 de agosto, en las que la oposición aspira a arrebatar al partido oficialista grandes ciudades como Port Elizabeth, Pretoria o Johannesburgo.
"Hoy se ha producido una gran victoria para el Estado de derecho", declaró eufórico el líder de AD, Mmusi Maimane, para quien Zuma "no es apto para ser presidente y debe enfrentarse a un juicio que confirmará lo que siempre hemos mantenido".
El año 2016 se inició con mal pie para el heredero de Nelson Mandela y su imagen está cada vez más debilitada.
Su vinculación con la familia más poderosa de Sudáfrica, los Gupta, cuestionó la neutralidad de sus decisiones como presidente, así como la designación de cargos dentro del aparato de gobierno.
Paralelamente, el país comenzó a sufrir las consecuencias de una crisis económica que amenaza con derivar en desastre nacional.
Varios miembros de su partido piden a Zuma que abandone su cargo por el bien del país y la popularidad del presidente, que renovó su cargo en 2014, viene en caída libre.