Caso Castaño: “Mi hijo también pidió salir y no le abrieron”
Ayer los defensores pidieron que liberen a los tres policías imputados. El juez no dio lugar a la solicitud. El juicio será el 30 de noviembre. Piñeda pidió explicaciones a la Oficina Judicial y desde esa área, se justificó hasta el receso escolar de los hijos de dos jueces que intervienen.
En una audiencia con múltiples inconvenientes técnicos por parte de la Oficina Judicial que incluyeron, al inicio del debate con el mismo magistrado presente, hasta la ausencia del empleado cuya tarea es el registro de audio y gráfico, el juez Sergio Piñeda dispuso que los tres de los seis imputados por el caso de Mauro Castaño, el joven que murió luego de quemarse en un calabozo de la Seccional Primera, continúen en prisión.
Piñeda, ante el público presente, pidió disculpas por el retraso generado por los empleados judiciales y se mostró molesto. La defensa de los uniformados pidió la inmediata libertad. “Mi hijo también pidió salir y no le abrieron”, dijo mirando a los ojos del juez, Darío Castaño, el papá de la víctima. Pidió justicia. Los defensores, pidieron la revisión de la sentencia.
Se trata de la causa donde se intenta dilucidar lo ocurrido el 7 de febrero de 2015, cuando se produjo un incendio en la celda de contraventores de la Seccional Primera de Trelew, causando graves quemaduras a Mauro Castaño, afectando el 70 por ciento de su organismo, lo que luego -tras una una larga agonía- le provocó la muerte en el Hospital Zonal.
La audiencia duró 4 horas. Inició poco después de las 10 de la mañana como estaba previsto ayer y culminó a las 14. Fue solicitada por los abogados defensores de tres de los seis policías que están imputados y que cumplen prisión preventiva. Se trata de Darío Guzmán, Javier Frías y Javier Acosta.
El motivo que argumentaron los letrados es el elevado tiempo que deben permanecer sus defendidos en prisión teniendo en cuenta que la fecha de juicio para este caso, se dispuso para el 30 de noviembre del corriente año.
Dos de ellos estarían cumpliendo ya un año y cuatro meses de cárcel y Guzmán, un año y ocho meses. “Se trata como condenados a personas inocentes”, deslizó el defensor Javier Allende.
Acompañaron a Allende, los doctores Gustavo Latorre y Marta Sánchez. La fiscalía estuvo representada ayer por la fiscal jefe Silvia Pereira y el funcionario Lucas Koltsch. También, estuvieron presentes Darío Castaño y Cristina Saavedra, padres del joven fallecido.
Luego de escuchar a las partes sus exposiciones, el juez Sergio Piñeda preguntó si conocían el motivo por el cual la Oficina Judicial entendió que recién en noviembre podría realizarse el juicio. Por qué no antes.
Vacaciones de los chicos
Al no tener certeza ni los defensores ni la Fiscalía respecto al motivo, ordenó el magistrado que se haga presente en la sala de audiencias la directora del área, Sandra Binder. Confirmó que los jueces que tendrán a cargo la causa son Ivana González, Marcelo Nieto Di Biasse y Ana Laura Servent. Explicó mes por mes las audiencias fijadas e hizo una salvedad para el mes de julio: en fecha de vacaciones de invierno no programó audiencias porque tanto González como Nieto tienen hijos en edad escolar y en ese caso, se respetan las vacaciones de invierno. Fue ese el argumento. Reiteró que teniendo en cuenta que deben asistir también a audiencias en Rawson porque se comparten jueces, la única fecha libre que queda para este juicio, es el 30 de noviembre.
Cambios de fecha
Los defensores Gustavo Latorre y Javier Allende utilizaron una hora entre los dos para argumentar el pedido de libertad de sus defendidos.
Latorre solicitó al juez la inmediata libertad de Frías y Acosta. Hizo especial hincapié en los constantes cambios de la fecha de debate (abril, primero y después mayo) hasta encontrarse –dijo- con una notificación de la Oficina Judicial que explicó que no se puede hacer hasta el 30 de noviembre.
“Esto, se traduce que en el caso de Frías al momento que sea trasladado llevará cumplido un año y cuatro meses. Por lo cual, deja de ser medida de coerción para convertirse en un anticipo de pena”, explicó.
Remarcó Latorre además que “la libertad no pasa por analizar peligro de fuga o entorpecimiento, es la razonabilidad de una medida de coerción impuesta a un ciudadano que tiene un proceso penal y la constitución le está garantizando su estado de inocencia. Ese es el marco de la defensa. Eso es lo que hay que analizar para decretar la inmediata libertad”, remitió.
Por su parte, Allende también pidió la libertad de Darío Guzmán en los mismos términos. “Que sea juzgado en libertad” y citó además, los términos de la Corte interamericana de los Derechos Humanos. Insistió como Latorre, en las fechas.
“La audiencia preliminar fue el 15 de diciembre y el 18 de ese mes se dispuso la prisión preventiva. Se fijó fecha del juicio para abril, después para mayo y finalmente, se la suspendió por problemas para la integración del tribunal. Este debate se fijó para el 30 de noviembre de 2016. Se podría haber realizado en enero respondiendo a los 30 días corridos. Guzmán tuvo paciencia a pesar de la obstaculización. Hubo exceso. Está mal. Es una violación”, refirió.
“Seis jueces”
La fiscal Silvia Pereira salió al cruce de los defensores y consignó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contempla que la prisión preventiva puede sostenerse por un tiempo que iguale hasta los dos tercios del mínimo la condena. Para ratificar sus dichos citó otros fallos.
Explicó que se puede mantener la medida cuando se habla (artículo 220 CPP) de probabilidad de autoría. “Acá está más que probado. El peligro de fuga y entorpecimiento que se ve acreditado en la causa. Seis jueces ordenaron que los imputados debían cumplir prisión preventiva hasta la fecha de debate”, indicó.
Se refirió a la proporcionalidad de la pena. “El Ministerio Público para Guzmán solicitó 15 años de prisión más la declaración de reincidencia porque viene cumpliendo condena por otro delito. Para Frías, pedimos la pena de 8 años de prisión y para el subcomisario Acosta, 10 años. Entendemos que el tiempo que vienen cumpliendo no afecta ninguna garantía constitucional”, expresó.
Luego de un cuarto intermedio el juez Piñeda indicó que se presentaban dos cuestiones: una procesal y otra administrativa. La primera tiene que ver con la libertad que piden los defensores, mientras que la administrativa corresponde a la Oficina Judicial, que fija las audiencias.
Dijo el magistrado que debía abocarse a la procesal, aunque se mezclan las dos cuestiones.
En este sentido refirió que se mantienen los peligros procesales por los cuales se dictó en su momento la prisión preventiva, teniendo los delitos endilgados una pena que sería de cumplimiento efectivo, por lo que con estos parámetros y el tiempo de detención no se puede hablar de un anticipo de pena, siendo el tiempo de permanencia razonable.
Ante ello, el doctor Allende pidió la revisación de esta determinación por dos nuevos jueces, lo que se llevaría adelante en las próximas horas.
En una audiencia con múltiples inconvenientes técnicos por parte de la Oficina Judicial que incluyeron, al inicio del debate con el mismo magistrado presente, hasta la ausencia del empleado cuya tarea es el registro de audio y gráfico, el juez Sergio Piñeda dispuso que los tres de los seis imputados por el caso de Mauro Castaño, el joven que murió luego de quemarse en un calabozo de la Seccional Primera, continúen en prisión.
Piñeda, ante el público presente, pidió disculpas por el retraso generado por los empleados judiciales y se mostró molesto. La defensa de los uniformados pidió la inmediata libertad. “Mi hijo también pidió salir y no le abrieron”, dijo mirando a los ojos del juez, Darío Castaño, el papá de la víctima. Pidió justicia. Los defensores, pidieron la revisión de la sentencia.
Se trata de la causa donde se intenta dilucidar lo ocurrido el 7 de febrero de 2015, cuando se produjo un incendio en la celda de contraventores de la Seccional Primera de Trelew, causando graves quemaduras a Mauro Castaño, afectando el 70 por ciento de su organismo, lo que luego -tras una una larga agonía- le provocó la muerte en el Hospital Zonal.
La audiencia duró 4 horas. Inició poco después de las 10 de la mañana como estaba previsto ayer y culminó a las 14. Fue solicitada por los abogados defensores de tres de los seis policías que están imputados y que cumplen prisión preventiva. Se trata de Darío Guzmán, Javier Frías y Javier Acosta.
El motivo que argumentaron los letrados es el elevado tiempo que deben permanecer sus defendidos en prisión teniendo en cuenta que la fecha de juicio para este caso, se dispuso para el 30 de noviembre del corriente año.
Dos de ellos estarían cumpliendo ya un año y cuatro meses de cárcel y Guzmán, un año y ocho meses. “Se trata como condenados a personas inocentes”, deslizó el defensor Javier Allende.
Acompañaron a Allende, los doctores Gustavo Latorre y Marta Sánchez. La fiscalía estuvo representada ayer por la fiscal jefe Silvia Pereira y el funcionario Lucas Koltsch. También, estuvieron presentes Darío Castaño y Cristina Saavedra, padres del joven fallecido.
Luego de escuchar a las partes sus exposiciones, el juez Sergio Piñeda preguntó si conocían el motivo por el cual la Oficina Judicial entendió que recién en noviembre podría realizarse el juicio. Por qué no antes.
Vacaciones de los chicos
Al no tener certeza ni los defensores ni la Fiscalía respecto al motivo, ordenó el magistrado que se haga presente en la sala de audiencias la directora del área, Sandra Binder. Confirmó que los jueces que tendrán a cargo la causa son Ivana González, Marcelo Nieto Di Biasse y Ana Laura Servent. Explicó mes por mes las audiencias fijadas e hizo una salvedad para el mes de julio: en fecha de vacaciones de invierno no programó audiencias porque tanto González como Nieto tienen hijos en edad escolar y en ese caso, se respetan las vacaciones de invierno. Fue ese el argumento. Reiteró que teniendo en cuenta que deben asistir también a audiencias en Rawson porque se comparten jueces, la única fecha libre que queda para este juicio, es el 30 de noviembre.
Cambios de fecha
Los defensores Gustavo Latorre y Javier Allende utilizaron una hora entre los dos para argumentar el pedido de libertad de sus defendidos.
Latorre solicitó al juez la inmediata libertad de Frías y Acosta. Hizo especial hincapié en los constantes cambios de la fecha de debate (abril, primero y después mayo) hasta encontrarse –dijo- con una notificación de la Oficina Judicial que explicó que no se puede hacer hasta el 30 de noviembre.
“Esto, se traduce que en el caso de Frías al momento que sea trasladado llevará cumplido un año y cuatro meses. Por lo cual, deja de ser medida de coerción para convertirse en un anticipo de pena”, explicó.
Remarcó Latorre además que “la libertad no pasa por analizar peligro de fuga o entorpecimiento, es la razonabilidad de una medida de coerción impuesta a un ciudadano que tiene un proceso penal y la constitución le está garantizando su estado de inocencia. Ese es el marco de la defensa. Eso es lo que hay que analizar para decretar la inmediata libertad”, remitió.
Por su parte, Allende también pidió la libertad de Darío Guzmán en los mismos términos. “Que sea juzgado en libertad” y citó además, los términos de la Corte interamericana de los Derechos Humanos. Insistió como Latorre, en las fechas.
“La audiencia preliminar fue el 15 de diciembre y el 18 de ese mes se dispuso la prisión preventiva. Se fijó fecha del juicio para abril, después para mayo y finalmente, se la suspendió por problemas para la integración del tribunal. Este debate se fijó para el 30 de noviembre de 2016. Se podría haber realizado en enero respondiendo a los 30 días corridos. Guzmán tuvo paciencia a pesar de la obstaculización. Hubo exceso. Está mal. Es una violación”, refirió.
“Seis jueces”
La fiscal Silvia Pereira salió al cruce de los defensores y consignó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contempla que la prisión preventiva puede sostenerse por un tiempo que iguale hasta los dos tercios del mínimo la condena. Para ratificar sus dichos citó otros fallos.
Explicó que se puede mantener la medida cuando se habla (artículo 220 CPP) de probabilidad de autoría. “Acá está más que probado. El peligro de fuga y entorpecimiento que se ve acreditado en la causa. Seis jueces ordenaron que los imputados debían cumplir prisión preventiva hasta la fecha de debate”, indicó.
Se refirió a la proporcionalidad de la pena. “El Ministerio Público para Guzmán solicitó 15 años de prisión más la declaración de reincidencia porque viene cumpliendo condena por otro delito. Para Frías, pedimos la pena de 8 años de prisión y para el subcomisario Acosta, 10 años. Entendemos que el tiempo que vienen cumpliendo no afecta ninguna garantía constitucional”, expresó.
Luego de un cuarto intermedio el juez Piñeda indicó que se presentaban dos cuestiones: una procesal y otra administrativa. La primera tiene que ver con la libertad que piden los defensores, mientras que la administrativa corresponde a la Oficina Judicial, que fija las audiencias.
Dijo el magistrado que debía abocarse a la procesal, aunque se mezclan las dos cuestiones.
En este sentido refirió que se mantienen los peligros procesales por los cuales se dictó en su momento la prisión preventiva, teniendo los delitos endilgados una pena que sería de cumplimiento efectivo, por lo que con estos parámetros y el tiempo de detención no se puede hablar de un anticipo de pena, siendo el tiempo de permanencia razonable.
Ante ello, el doctor Allende pidió la revisación de esta determinación por dos nuevos jueces, lo que se llevaría adelante en las próximas horas.