En medio de las huelgas, Syriza activa otro ajuste para halagar a acreedores
La coalición gobernante de Syriza y sus aliados nacionalistas de derecha, Griegos Independientes, aprobó hoy en el Parlamento la llamada ley escoba, un paquete de medidas de ajuste que buscan colmar las expectativas de los acreedores internacionales y continuar recibiendo su ayuda financiera.
El debate parlamentario se realizó en medio del segundo día de huelga de los trabajadores del subte de Atenas y de una única jornada de protestas y paro de los gremios que controlan los servicios de colectivos y trenes interurbanos.
Además, una multitud de unas 11.000 personas volvió a llenar hoy la plaza ateniense de Syntagma, frente al Parlamento, para protestar contra el nuevo ajuste, según la agencia de noticias EFE.
La ley escoba supondrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, con los que el Ejecutivo espera recaudar 1.800 millones de euros al año, que se suman a los 3.600 millones al año que ya se garantizó con recortes y subidas de impuestos, aprobadas hace sólo dos semanas.
El paquete también liberaliza la venta de créditos morosos a fondos de inversión, configura el mecanismo de recorte automático del presupuesto en caso de que el gobierno no cumpla los objetivos de superávit acordados con los acreedores y establece un nuevo fondo de privatizaciones.
Finalmente, la ley incluye también un congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos en "régimen especial", es decir jueces, personal militar o policías, durante dos años.
Con esta última medida, el gobierno griego espera ahorrar hasta 118 millones de euros por año.
"Hoy se cierra un periodo difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un periodo que también tendrá sus dificultades", concluyó el primer ministro Alexis Tsipras tras ganar la votación en el Parlamento.
"Los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia respeta sus compromisos, ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos", agregó.
El gobierno de Tsipras confía en que el aumento de la recaudación previsto en la ley, sumado a los 3.600 millones al año ya aprobados, sirvan para el próximo martes convencer al Eurogrupo -el foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro- de aprobar la primera revisión del tercer rescate y transferir la primera partida de ayuda.
Además, Atenas espera que en la reunión del martes el Eurogrupo acepte su pedido de iniciar un plan de alivio sustancial para la enorme deuda que pesa sobre el país del sur europeo.
Grecia recibió desde 2010 más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales de la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), y a cambio de ello aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.
A comienzos de 2015, Syriza con Tsipras a la cabeza fue electo para poner fin a ese ajuste feroz.
Sin embargo, después de unos ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el actual premier cedió a los reclamos de los acreedores internacionales y continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.
El debate parlamentario se realizó en medio del segundo día de huelga de los trabajadores del subte de Atenas y de una única jornada de protestas y paro de los gremios que controlan los servicios de colectivos y trenes interurbanos.
Además, una multitud de unas 11.000 personas volvió a llenar hoy la plaza ateniense de Syntagma, frente al Parlamento, para protestar contra el nuevo ajuste, según la agencia de noticias EFE.
La ley escoba supondrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, con los que el Ejecutivo espera recaudar 1.800 millones de euros al año, que se suman a los 3.600 millones al año que ya se garantizó con recortes y subidas de impuestos, aprobadas hace sólo dos semanas.
El paquete también liberaliza la venta de créditos morosos a fondos de inversión, configura el mecanismo de recorte automático del presupuesto en caso de que el gobierno no cumpla los objetivos de superávit acordados con los acreedores y establece un nuevo fondo de privatizaciones.
Finalmente, la ley incluye también un congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos en "régimen especial", es decir jueces, personal militar o policías, durante dos años.
Con esta última medida, el gobierno griego espera ahorrar hasta 118 millones de euros por año.
"Hoy se cierra un periodo difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un periodo que también tendrá sus dificultades", concluyó el primer ministro Alexis Tsipras tras ganar la votación en el Parlamento.
"Los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia respeta sus compromisos, ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos", agregó.
El gobierno de Tsipras confía en que el aumento de la recaudación previsto en la ley, sumado a los 3.600 millones al año ya aprobados, sirvan para el próximo martes convencer al Eurogrupo -el foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro- de aprobar la primera revisión del tercer rescate y transferir la primera partida de ayuda.
Además, Atenas espera que en la reunión del martes el Eurogrupo acepte su pedido de iniciar un plan de alivio sustancial para la enorme deuda que pesa sobre el país del sur europeo.
Grecia recibió desde 2010 más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales de la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), y a cambio de ello aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.
A comienzos de 2015, Syriza con Tsipras a la cabeza fue electo para poner fin a ese ajuste feroz.
Sin embargo, después de unos ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el actual premier cedió a los reclamos de los acreedores internacionales y continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.