¿Qué está en juego al discutir nombres para el STJ y la Defensoría General?
Columna de opinión.
Por Federico J. Ruffa / Especial para Jornada
Bajo ningún concepto es intención cuestionar o poner bajo sospecha a los nombres propuestos para ocupar las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia o en la Defensoría General. Es más, muchas de las cualidades morales y técnicas de esos colegas son las que quien escribe buscaría para ocupar cargos con tan delicadas funciones.
La idea aquí es plantear ¿qué buscamos en esta danza de nombres? ¿Qué idea tenemos como sociedad de nuestro poder judicial y qué es lo que tienen en mente nuestros representantes cuando tienen que postular o votar a candidatos para los más altos cargos de la magistratura provincial?
La cuestión no salió de un poco de pirotecnia mediática más vinculada a sectores políticos o a Colegios profesionales que buscan capacidad de influencia o reclaman participación, algunos con intenciones muy legítimas. Eso no es malo, cualquier mecanismo que amplíe el espectro de participación y democratice aunque sea de manera indirecta al Poder Judicial debe ser bienvenido y alentado. No debemos perder de mira que se sigue tratando de un poder con una legitimación válida pero no exenta de críticas, con delicadas funciones, como decidir, como última palabra, sobre la vida y la libertad de las personas, y controlar a los poderes públicos.
No se han visto mucho más que algunos titulares, principalmente destinados a poner en duda o avalar la nominación de Marcelo Guinle debido a su clara pertenencia política y partidaria. Sobradas muestras hay en la historia de nuestra Corte nacional y en la de los Estados Unidos de Norteamérica para desestimar eso como un problema, sino más bien lo contrario, al menos cuando esa experiencia es usada de modo correcto.
Pero ningún representante parece haberse preocupado por desentrañar o indagar, por ejemplo, sobre qué opinión tienen los postulados acerca de temas sensibles como la libertad de expresión o el aborto. ¿Qué piensan de la eutanasia? ¿Cómo entienden a la propiedad y los alcances de su protección constitucional? ¿Qué opinión tienen con relación a las libertades individuales y sus límites, por ejemplo, con relación a la tenencia de estupefacientes para consumo personal recreativo o medicinal? ¿Cuál es su visión sobre la protección del ambiente y su judicialización? ¿Cómo piensan a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su ejecutoriedad? Por ejemplo, ¿qué entienden por derecho a la vivienda digna? ¿Y sobre los Derechos Humanos? ¿Qué planes tendrían para un Poder Judicial de una provincia de gran territorio y con población diseminada de manera muy dispar? Por último, y quizás más importante, ¿qué concepción tienen del Poder Judicial, los límites de su accionar y la división de poderes, columna vertebral de nuestro sistema republicano?
Prácticamente nada de eso se puso en discusión. Los antecedentes académicos o profesionales, se desdibujan en importancia frente a las cuestiones más profundas que guían la conciencia de una persona a la hora de decidir sobre la vida, la libertad o la propiedad de un par.
Existen en Chubut proyectos de ley y también existieron proyectos de decretos que emulaban el 222/2003 de Néstor Kirchner mediante el cual se estableció un mecanismo de audiencias públicas y participación previo a la designación de los jueces de la Corte Suprema de la Nación.
Todo mecanismo de democratización debe ser alentado, pero de poco sirve si nos limitamos a las formas. Si no se sabe qué se quiere se corre un riesgo de que ese proceso se transforme en otra arena en donde se disputen intereses que nada tengan que ver con lograr un buen Poder Judicial, y que no extrañaría que termine en el linchamiento público de algún candidato. Para poder reclamar respuesta a los postulantes, primero nuestros representantes deberían establecer y explicar qué Poder Judicial tienen en mente, cómo creen que debería funcionar nuestra ingeniería instruccional, cómo piensan hacer para dejar un Poder Judicial que sea reflejo de lo que la sociedad demanda.
Por Federico J. Ruffa / Especial para Jornada
Bajo ningún concepto es intención cuestionar o poner bajo sospecha a los nombres propuestos para ocupar las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia o en la Defensoría General. Es más, muchas de las cualidades morales y técnicas de esos colegas son las que quien escribe buscaría para ocupar cargos con tan delicadas funciones.
La idea aquí es plantear ¿qué buscamos en esta danza de nombres? ¿Qué idea tenemos como sociedad de nuestro poder judicial y qué es lo que tienen en mente nuestros representantes cuando tienen que postular o votar a candidatos para los más altos cargos de la magistratura provincial?
La cuestión no salió de un poco de pirotecnia mediática más vinculada a sectores políticos o a Colegios profesionales que buscan capacidad de influencia o reclaman participación, algunos con intenciones muy legítimas. Eso no es malo, cualquier mecanismo que amplíe el espectro de participación y democratice aunque sea de manera indirecta al Poder Judicial debe ser bienvenido y alentado. No debemos perder de mira que se sigue tratando de un poder con una legitimación válida pero no exenta de críticas, con delicadas funciones, como decidir, como última palabra, sobre la vida y la libertad de las personas, y controlar a los poderes públicos.
No se han visto mucho más que algunos titulares, principalmente destinados a poner en duda o avalar la nominación de Marcelo Guinle debido a su clara pertenencia política y partidaria. Sobradas muestras hay en la historia de nuestra Corte nacional y en la de los Estados Unidos de Norteamérica para desestimar eso como un problema, sino más bien lo contrario, al menos cuando esa experiencia es usada de modo correcto.
Pero ningún representante parece haberse preocupado por desentrañar o indagar, por ejemplo, sobre qué opinión tienen los postulados acerca de temas sensibles como la libertad de expresión o el aborto. ¿Qué piensan de la eutanasia? ¿Cómo entienden a la propiedad y los alcances de su protección constitucional? ¿Qué opinión tienen con relación a las libertades individuales y sus límites, por ejemplo, con relación a la tenencia de estupefacientes para consumo personal recreativo o medicinal? ¿Cuál es su visión sobre la protección del ambiente y su judicialización? ¿Cómo piensan a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su ejecutoriedad? Por ejemplo, ¿qué entienden por derecho a la vivienda digna? ¿Y sobre los Derechos Humanos? ¿Qué planes tendrían para un Poder Judicial de una provincia de gran territorio y con población diseminada de manera muy dispar? Por último, y quizás más importante, ¿qué concepción tienen del Poder Judicial, los límites de su accionar y la división de poderes, columna vertebral de nuestro sistema republicano?
Prácticamente nada de eso se puso en discusión. Los antecedentes académicos o profesionales, se desdibujan en importancia frente a las cuestiones más profundas que guían la conciencia de una persona a la hora de decidir sobre la vida, la libertad o la propiedad de un par.
Existen en Chubut proyectos de ley y también existieron proyectos de decretos que emulaban el 222/2003 de Néstor Kirchner mediante el cual se estableció un mecanismo de audiencias públicas y participación previo a la designación de los jueces de la Corte Suprema de la Nación.
Todo mecanismo de democratización debe ser alentado, pero de poco sirve si nos limitamos a las formas. Si no se sabe qué se quiere se corre un riesgo de que ese proceso se transforme en otra arena en donde se disputen intereses que nada tengan que ver con lograr un buen Poder Judicial, y que no extrañaría que termine en el linchamiento público de algún candidato. Para poder reclamar respuesta a los postulantes, primero nuestros representantes deberían establecer y explicar qué Poder Judicial tienen en mente, cómo creen que debería funcionar nuestra ingeniería instruccional, cómo piensan hacer para dejar un Poder Judicial que sea reflejo de lo que la sociedad demanda.