Violencia de género: un juez dijo que en Rawson hay impunidad y zona liberada
Se quejó con el procurador Jorge Miquelarena, quien ordenó a los fiscales pedir prisión para quienes violen la prohibición de acercamiento.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
El procurador general Jorge Miquelarena ordenó que todos los fiscales de la provincia pidan la prisión para los responsables de violencia familiar o de género que sean sorprendidos in fraganti violando medidas de protección dispuestas por un juez. Por ejemplo, una prohibición de acercamiento a la víctima.
Estos sujetos deberán seguirán presos hasta la audiencia de control judicial y no podrán ser liberados por teléfono. Los fiscales deberán pedir la apertura de la investigación por el delito de desobediencia.
La decisión se tomó luego de una nota que el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, envió al procurador, fechada el 28 de junio. El magistrado advirtió estar “sumamente alarmado ante la respuesta institucional que brinda el Ministerio Público Fiscal en Rawson ante el incumplimiento de medidas cautelares, la que contribuye involuntariamente a promover un verdadero escenario de impunidad y zona liberada en la ciudad”.
El de Alesi fue un reclamo que reflejó “la evidente necesidad de reforzar los criterios de política criminal, en miras a mejorar la eficacia de la persecución penal en los casos de violencia doméstica y de género”.
Ante esta descripción, el jefe de los fiscales también instruyó para que en todos los casos en los que haya una denuncia por violencia familiar o de género se inicie la averiguación preliminar, de acuerdo al “Protocolo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica”.
El Superior Tribunal de Justicia debe informar de esta orden a los jueces de Familia, al jefe de Policía, Juan Luis Ale, y a todos los integrantes de la fuerza. Todo miembro del Ministerio Público Fiscal que no cumpla esta instrucción tendrá una sanción disciplinaria por falta grave.
Según la visión de Alesi, la ciudadanía “percibe que el MPF no envía una señal clara y contundente de que el quebrantamiento de una medida de protección no es una conducta tolerada por la Administración de Justicia”.
“La desobediencia a las medidas de protección se inscribe en una estrategia de hostigamiento del agresor, con efectos devastadores para la víctima, que muchas veces se convierte en la antesala de graves daños a su integridad personal y hasta del femicidio”.
En la capital, Alesi mantiene contacto habitual con el personal policial, servicios asistenciales, funcionarios del fuero de Familia, ONGs y principalmente con las víctimas y agresores. “En los últimos años la comunidad palpa un clima de ´no pasa nada´ en el fuero penal con la desobediencia a las medidas cautelares, con grave deterioro a la confianza de la ciudadanía y la eficacia de la administración de justicia para proteger a las personas más vulnerables”, sostuvo.
Tolerancia estatal
De acuerdo a la nota de reclamo, este “patrón de tolerancia estatal implica una impunidad que exacerba al agresor desobediente, profundizando y perpetuando la violencia, porque tanto él como sus víctimas perciben que el fuero penal no quiere, no sabe o no puede poner límite a sus conductas delictivas”.
“El mensaje que se envía al victimario, a la víctima y a una sociedad que todavía no logra erradicar definitivamente la concepción patriarcal, es preocupante”. Miquelarena, en su respuesta a la crítica de Alesi, aclaró que hace tiempo que la Procuración General se ocupa de la cuestión.
En este sentido, explicó que el escenario actual “requiere unidad de actuación para lograr una intervención eficaz, a través de la definición, implementación y evaluación de resultados de una política de persecución uniforme”.
El procurador recordó que el Estado Argentino firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Obliga a nuestro país a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Si es necesario, modificando prácticas jurídicas que hoy respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. #
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
El procurador general Jorge Miquelarena ordenó que todos los fiscales de la provincia pidan la prisión para los responsables de violencia familiar o de género que sean sorprendidos in fraganti violando medidas de protección dispuestas por un juez. Por ejemplo, una prohibición de acercamiento a la víctima.
Estos sujetos deberán seguirán presos hasta la audiencia de control judicial y no podrán ser liberados por teléfono. Los fiscales deberán pedir la apertura de la investigación por el delito de desobediencia.
La decisión se tomó luego de una nota que el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, envió al procurador, fechada el 28 de junio. El magistrado advirtió estar “sumamente alarmado ante la respuesta institucional que brinda el Ministerio Público Fiscal en Rawson ante el incumplimiento de medidas cautelares, la que contribuye involuntariamente a promover un verdadero escenario de impunidad y zona liberada en la ciudad”.
El de Alesi fue un reclamo que reflejó “la evidente necesidad de reforzar los criterios de política criminal, en miras a mejorar la eficacia de la persecución penal en los casos de violencia doméstica y de género”.
Ante esta descripción, el jefe de los fiscales también instruyó para que en todos los casos en los que haya una denuncia por violencia familiar o de género se inicie la averiguación preliminar, de acuerdo al “Protocolo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica”.
El Superior Tribunal de Justicia debe informar de esta orden a los jueces de Familia, al jefe de Policía, Juan Luis Ale, y a todos los integrantes de la fuerza. Todo miembro del Ministerio Público Fiscal que no cumpla esta instrucción tendrá una sanción disciplinaria por falta grave.
Según la visión de Alesi, la ciudadanía “percibe que el MPF no envía una señal clara y contundente de que el quebrantamiento de una medida de protección no es una conducta tolerada por la Administración de Justicia”.
“La desobediencia a las medidas de protección se inscribe en una estrategia de hostigamiento del agresor, con efectos devastadores para la víctima, que muchas veces se convierte en la antesala de graves daños a su integridad personal y hasta del femicidio”.
En la capital, Alesi mantiene contacto habitual con el personal policial, servicios asistenciales, funcionarios del fuero de Familia, ONGs y principalmente con las víctimas y agresores. “En los últimos años la comunidad palpa un clima de ´no pasa nada´ en el fuero penal con la desobediencia a las medidas cautelares, con grave deterioro a la confianza de la ciudadanía y la eficacia de la administración de justicia para proteger a las personas más vulnerables”, sostuvo.
Tolerancia estatal
De acuerdo a la nota de reclamo, este “patrón de tolerancia estatal implica una impunidad que exacerba al agresor desobediente, profundizando y perpetuando la violencia, porque tanto él como sus víctimas perciben que el fuero penal no quiere, no sabe o no puede poner límite a sus conductas delictivas”.
“El mensaje que se envía al victimario, a la víctima y a una sociedad que todavía no logra erradicar definitivamente la concepción patriarcal, es preocupante”. Miquelarena, en su respuesta a la crítica de Alesi, aclaró que hace tiempo que la Procuración General se ocupa de la cuestión.
En este sentido, explicó que el escenario actual “requiere unidad de actuación para lograr una intervención eficaz, a través de la definición, implementación y evaluación de resultados de una política de persecución uniforme”.
El procurador recordó que el Estado Argentino firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Obliga a nuestro país a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Si es necesario, modificando prácticas jurídicas que hoy respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. #