Los hermanos Báez presentaron escritos y no declararon
Los hermanos Martín, Leandro y Melina Báez rechazaron hoy los cargos en su contra y los dos últimos negaron tener cuentas bancarias en el exterior, en escritos entregados al juez federal Sebastián Casanello, durante sus respectivas declaraciones indagatorias, en las que ninguno de ellos respondió preguntas.
Además, en los tres casos, criticaron con dureza al juez, lo acusaron de actuar mediáticamente, y aseguraron que no hay pruebas en su contra al cuestionar la validez legal de un informe entregado por la Unidad de Información Financiera (UIF), según los textos a los que accedió Télam.
En el caso de Melina y Leandro Báez, ambos negaron poseer cuentas bancarias en el exterior.
"No poseo cuentas en el exterior", afirmó Melina en el escrito entregado al juez que le imputó ser supuesta beneficiaria de cuentas en Suiza por un total de 25 millones de dólares, en base a un informe recibido desde la UIF.
Y agregó, al igual que Leandro, que "en ningún momento" usó "cuentas ni en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero, como el juez quiere hacer creer fundadamente a la prensa".
Además, Melina se quejó del direccionamiento del caso hacia su familia: "No existe una sola prueba de que yo hubiera efectuado maniobras de lavado de dinero ni hubiera cometido algún delito", agregó.
En este marco, se quejó por haber sido citada a prestar declaración indagatoria por su apellido y afirmó que no trabaja ni trabajó en Austral Construcciones -la empresa insignia del grupo liderado por su padre, el detenido Lázaro Báez-, y que tampoco es accionista o directora "de ninguna de las empresas".
"La única razón de ser indagada es por mi apellido Báez", agregó Melina Báez en el escrito.
Tanto ella como Leandro pidieron al juez que les permita volver a Río Gallegos y revoque la decisión de obligarlos a permanecer en la Ciudad de Buenos Aires.
Patrocinados por los mismos abogados, Leandro presentó un escrito similar aunque, en su caso, puso énfasis en la recusación que presentó para apartar a Casanello de la causa, aún no resuelta en la Cámara Federal porteña, y en la falta de validez como prueba del informe de la UIF.
De hecho, remarcó que el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, no había pedido las indagatorias al recibir el informe, sino que proveyó medidas de prueba y que el juez actuó a instancias de la UIF, que sí las había reclamado.
Leandro aludió a una "revancha" del juez en su contra y, al igual que su hermana, sostuvo que "en ningún momento" utilizó "cuentas en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero".
Ambos reclamaron al juez que les permita volver a Río Gallegos por cuestiones familiares y afirmaron que no hay peligro de fuga.
Por su parte, con sus propios abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Martín Báez, dejó un escrito en el que apuntó directo a la validez de la prueba para indagarlo a raíz del informe de la UIF.
"La información en que se sustenta la imputación alude a un informe que no conozco ni en su contenido ni en su fuente", agregó Martín, quien ya está procesado por el episodio del conteo de miles de dólares en la financiera SGI de Puerto Madero.
"Desconozco los pormenores de las gestiones financieras e inmobiliarias que desarrollaba mi padre", agregó y, si bien reconoció que posee participación en empresas y bienes, lo justificó en "decisiones que son expresión de la voluntad de mi padre frente a las eventualidades que le pudieran ocurrir a éste, tal como sucede en todo seno familiar".
El trámite duró una hora, entre las 10 y las 11, y, al retirarse dos de los hermanos Báez, Leandro y Melina, hubo incidentes cuando un grupo de personas se arrojó a golpear sus vehículos e insultarlos en su marcha desde una puerta lateral hacia la avenida Comodoro Py.
Mañana, en el marco de este mismo expediente, será el turno de las indagatorias de Lázaro Báez, y de los también presos Daniel Pérez Gadín, su contador, y Jorge Chueco, su abogado.
Las medidas de seguridad se extremaron en los tribunales ante las indagatorias y serán reforzadas mañana ya que se prevé las indagatorias de los tres detenidos y para las 13, en el juzgado de Claudio Bonadio, la presencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debe concurrir personalmente para notificarse del procesamiento y el embargo trabado en su contra en el marco de la causa en la que se investigan las operatorias de dólar a futuro del final de su mandato.
Además, en los tres casos, criticaron con dureza al juez, lo acusaron de actuar mediáticamente, y aseguraron que no hay pruebas en su contra al cuestionar la validez legal de un informe entregado por la Unidad de Información Financiera (UIF), según los textos a los que accedió Télam.
En el caso de Melina y Leandro Báez, ambos negaron poseer cuentas bancarias en el exterior.
"No poseo cuentas en el exterior", afirmó Melina en el escrito entregado al juez que le imputó ser supuesta beneficiaria de cuentas en Suiza por un total de 25 millones de dólares, en base a un informe recibido desde la UIF.
Y agregó, al igual que Leandro, que "en ningún momento" usó "cuentas ni en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero, como el juez quiere hacer creer fundadamente a la prensa".
Además, Melina se quejó del direccionamiento del caso hacia su familia: "No existe una sola prueba de que yo hubiera efectuado maniobras de lavado de dinero ni hubiera cometido algún delito", agregó.
En este marco, se quejó por haber sido citada a prestar declaración indagatoria por su apellido y afirmó que no trabaja ni trabajó en Austral Construcciones -la empresa insignia del grupo liderado por su padre, el detenido Lázaro Báez-, y que tampoco es accionista o directora "de ninguna de las empresas".
"La única razón de ser indagada es por mi apellido Báez", agregó Melina Báez en el escrito.
Tanto ella como Leandro pidieron al juez que les permita volver a Río Gallegos y revoque la decisión de obligarlos a permanecer en la Ciudad de Buenos Aires.
Patrocinados por los mismos abogados, Leandro presentó un escrito similar aunque, en su caso, puso énfasis en la recusación que presentó para apartar a Casanello de la causa, aún no resuelta en la Cámara Federal porteña, y en la falta de validez como prueba del informe de la UIF.
De hecho, remarcó que el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, no había pedido las indagatorias al recibir el informe, sino que proveyó medidas de prueba y que el juez actuó a instancias de la UIF, que sí las había reclamado.
Leandro aludió a una "revancha" del juez en su contra y, al igual que su hermana, sostuvo que "en ningún momento" utilizó "cuentas en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero".
Ambos reclamaron al juez que les permita volver a Río Gallegos por cuestiones familiares y afirmaron que no hay peligro de fuga.
Por su parte, con sus propios abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Martín Báez, dejó un escrito en el que apuntó directo a la validez de la prueba para indagarlo a raíz del informe de la UIF.
"La información en que se sustenta la imputación alude a un informe que no conozco ni en su contenido ni en su fuente", agregó Martín, quien ya está procesado por el episodio del conteo de miles de dólares en la financiera SGI de Puerto Madero.
"Desconozco los pormenores de las gestiones financieras e inmobiliarias que desarrollaba mi padre", agregó y, si bien reconoció que posee participación en empresas y bienes, lo justificó en "decisiones que son expresión de la voluntad de mi padre frente a las eventualidades que le pudieran ocurrir a éste, tal como sucede en todo seno familiar".
El trámite duró una hora, entre las 10 y las 11, y, al retirarse dos de los hermanos Báez, Leandro y Melina, hubo incidentes cuando un grupo de personas se arrojó a golpear sus vehículos e insultarlos en su marcha desde una puerta lateral hacia la avenida Comodoro Py.
Mañana, en el marco de este mismo expediente, será el turno de las indagatorias de Lázaro Báez, y de los también presos Daniel Pérez Gadín, su contador, y Jorge Chueco, su abogado.
Las medidas de seguridad se extremaron en los tribunales ante las indagatorias y serán reforzadas mañana ya que se prevé las indagatorias de los tres detenidos y para las 13, en el juzgado de Claudio Bonadio, la presencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debe concurrir personalmente para notificarse del procesamiento y el embargo trabado en su contra en el marco de la causa en la que se investigan las operatorias de dólar a futuro del final de su mandato.