La reforma a la Ley de Extranjería, que entró en vigor a medianoche, faculta a la policía y el ejército a "acompañar" a quienes entren ilegalmente en el país, y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio.
Los refugiados, como los 600 de hoy, son expulsados al otro lado de las vallas fronterizas, donde no reciben asistencia pero, además, en una estrecha franja de terreno todavía en húngaro tienen que solicitar asilo y esperar su respuesta por semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos.
"Durante la jornada de hoy, los agentes acompañaron hasta la frontera a unas 600 personas, que colaboraron con las autoridades, y no hubo incidentes", informó hoy el capitán general de la Policía húngara, Károly Papp, en declaraciones tomadas por la agencia de noticias EFE.
La medida fue criticada por varios sectores humanitarios y considerada como una forma de "devolución en caliente" que puede violar los derechos humanos y dificultar el pedido de asilo.
"Nos preocupa que la redacción de la ley deja demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarles sin ningún proceso legal", denunció hoy el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un comunicado.
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el gobierno conservador húngaro está mandando a los refugiados "el mensaje de que no hay posibilidad de entrar en el país, al menos de una forma irregular".
Desde el gobierno húngaro explicaron que se trata de un sistema más eficaz para "disminuir el número de inmigrantes que permanecen en el país ilegalmente", aseguró hoy György Bakondi, consejero de asuntos de seguridad, reprodujo la agencia de noticias EFE.
En el otoño de 2015, Hungría cerró sus fronteras con Serbia y Croacia y comenzó a regir que la entrada de forma ilegal al país sea considerada un delito penado con hasta cinco años de prisión. Durante 2016, entraron a Hungría más de 17.000 refugiados o inmigrantes.
Hoy, en la misma línea, el presidente húngaro, János Áder, convocó para el 2 de octubre próximo un referéndum sobre el sistema de cuotas la Unión Europea (UE) para reubicar a los refugiados.
La pregunta de esa consulta será: "¿Quiere que la Unión Europea (UE) disponga, sin el consentimiento del Parlamento (de Hungría) sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?".
El partido en el poder Fidesz considera que los húngaros deben decidir con quién conviven y hará campaña para que gane el "no" en la consulta popular.
"Los húngaros serán los primeros en la UE que podrán expresar su opinión sobre las políticas de Bruselas en el tema de inmigración", dijo el presidente del gabinete del Jefe de Gobierno, Antal Rogán, tras anunciar la convocatoria.
La reforma a la Ley de Extranjería, que entró en vigor a medianoche, faculta a la policía y el ejército a "acompañar" a quienes entren ilegalmente en el país, y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio.
Los refugiados, como los 600 de hoy, son expulsados al otro lado de las vallas fronterizas, donde no reciben asistencia pero, además, en una estrecha franja de terreno todavía en húngaro tienen que solicitar asilo y esperar su respuesta por semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos.
"Durante la jornada de hoy, los agentes acompañaron hasta la frontera a unas 600 personas, que colaboraron con las autoridades, y no hubo incidentes", informó hoy el capitán general de la Policía húngara, Károly Papp, en declaraciones tomadas por la agencia de noticias EFE.
La medida fue criticada por varios sectores humanitarios y considerada como una forma de "devolución en caliente" que puede violar los derechos humanos y dificultar el pedido de asilo.
"Nos preocupa que la redacción de la ley deja demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarles sin ningún proceso legal", denunció hoy el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un comunicado.
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el gobierno conservador húngaro está mandando a los refugiados "el mensaje de que no hay posibilidad de entrar en el país, al menos de una forma irregular".
Desde el gobierno húngaro explicaron que se trata de un sistema más eficaz para "disminuir el número de inmigrantes que permanecen en el país ilegalmente", aseguró hoy György Bakondi, consejero de asuntos de seguridad, reprodujo la agencia de noticias EFE.
En el otoño de 2015, Hungría cerró sus fronteras con Serbia y Croacia y comenzó a regir que la entrada de forma ilegal al país sea considerada un delito penado con hasta cinco años de prisión. Durante 2016, entraron a Hungría más de 17.000 refugiados o inmigrantes.
Hoy, en la misma línea, el presidente húngaro, János Áder, convocó para el 2 de octubre próximo un referéndum sobre el sistema de cuotas la Unión Europea (UE) para reubicar a los refugiados.
La pregunta de esa consulta será: "¿Quiere que la Unión Europea (UE) disponga, sin el consentimiento del Parlamento (de Hungría) sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?".
El partido en el poder Fidesz considera que los húngaros deben decidir con quién conviven y hará campaña para que gane el "no" en la consulta popular.
"Los húngaros serán los primeros en la UE que podrán expresar su opinión sobre las políticas de Bruselas en el tema de inmigración", dijo el presidente del gabinete del Jefe de Gobierno, Antal Rogán, tras anunciar la convocatoria.